tras un recurso de alzada rechazado
CCOO estudia llevar a los tribunales las oposiciones impugnadas en la Diputación de Huelva con sospechas de filtración de exámenes
La nueva presidencia de la administración provincial rechaza el recurso de alzada interpuesto por el sindicato ante los indicios de favorecer a familiares directos de trabajadores en dos procesos
Diputación alude a la falta de legitimación del sindicato para interponer el recurso y no entienden como relevante la inconsistencia estadística
CCOO dice que el 90% de los trabajadores de Diputación conoce «las especiales relaciones sindicales y políticas de los opositores que obtienen las más altas notas en ambos procesos»
Sospechas de filtración de exámenes en dos procesos selectivos de la Diputación de Huelva
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Nuevo capítulo en la impugnación por sospechas de filtración de exámenes de dos procesos selectivos de la Diputación de Huelva, la oposición a funcionario técnico auxiliar de Deportes y auxiliar de Administración General. El sindicato CCOO reclamó la impugnación de ambos procesos ante la administración provincial ante los «indicios de que aprobados contaban con el examen previamente» y las pruebas de que hijos de trabajadores de la institución lograron notas con una puntuación más de nueve, calificaciones «estadísticamente imposibles». Asimismo, denunciaron el incumplimiento del principio de imparcialidad, de especialidad y de acuerdos de pluralidad, así como inconsistencia estadística.
Todo esto se produjo bajo la presidencia de la socialista María Eugenia Limón y desembocó en la interposición de un recurso de alzada que le ha tocado resolver a la nueva presidencia, la del 'popular' David Toscano. Esta no admite el recurso de alzada sobre las pruebas tipo test y declara su «no suspensión y continuidad de los procesos».
Informes negativos
Esta decisión está fundamentada en los los informes negativos emitidos por los Servicios Jurídicos y Recursos Humanos de la Diputación, ambos presentes tanto en los tribunales como en los exámenes impugnados, y, por tanto, parte implicada.
Los argumentos para no admitir esta acción solicitada, según señala CCOO en su blog, es la « falta de legitimación» de sus miembros en la Mesa General de Negociación para interponer el recurso de alzada, así como «no entender como relevante» la inconsistencia estadística de los resultados obtenidos en las pruebas impugnadas.
Como respuesta a esta denegación, el sindicato ha comunicado que ya estudian con su asesoría jurídica «la apertura de un proceso judicial que garantice la Igualdad de los Opositores y la Imparcialidad de los Tribunales en la Diputación».
Entre la documentación con la que se cuenta para apoyar este nuevo paso se encuentran las reclamaciones previas realizadas por CCOO a los procesos, la composición de los tribunales con identificación, en cada caso, y características de sus miembros, así como los resultados íntegros de los exámenes en ambos proceso y el estudio estadístico de probabilidad de los resultados obtenidos.
Una «conocida y especial relación»
También se aporta los titulares de las notas más altas en ambos procesos y la «identificación de su conocida y especial relación con el entonces partido gobernante -el PSOE- y el sindicato mayoritario -UGT-, específicamente con el presidente de la Junta de Personal».
El sindicato igualmente aporta la solicitud de borrador del acta de la Mesa General de Negociación en la que, a propuesta de UGT, se aprueba la modificación del texto del convenio y reglamento, «todo ello con un Gobierno en Funciones y para dar Prioridad a las Bolsas de Turno Libre. Precisamente las impugnadas por CCOO», indica el sindicato.
«Parece claro, tras la lectura de la respuesta a la alzada, que ni el actual Presidente de la Diputación Provincial de Huelva ni los Diputados Afectados han sido debidamente informados de los lamentables hechos ocurridos en los tribunales impugnados. Ni de la deriva que previsiblemente tomaría el caso que nos afecta», expone CCOO, que añade que «ni de los hechos, ni de los curiosos e improbables resultados, ni de las especiales relaciones sindicales y políticas de los opositores que obtienen las más altas notas en ambos procesos. Cuestiones todas ellas perfectamente conocidas por el 90% de los trabajadores y trabajadoras de Diputación».
Recuerdan que lo que se impugna es «la limpieza e imparcialidad en la actuación de algún o algunos miembros del tribunal», que, a su criterio, «probablemente los exámenes y posiblemente las respuestas hayan sido filtradas con antelación a determinados opositores».
Como consecuencia de ellos los resultados «van más allá del interés de los opositores» y «afectan también al conjunto de la plantilla, a la que legítimamente representamos». «Subsidiariamente, comprometen la actuación de una administración pública ante los ciudadanos, a los que está obligada a servir lealmente y a no discriminar», subrayan.
Apuntan que no cuestionan las bases de convocatoria ni los criterios de corrección, sino que todos los opositores hayan concurrido en condiciones de igualdad y hayan sido evaluados por un tribunal imparcial, según los criterios preestablecidos para los procesos de selección en las administraciones públicas.
En lo referente a la respuesta a su recurso de alzada, CCOO sostiene que han olvidado en su respuesta los motivos principales y de fondo. «Han deformado por tanto el sentido de nuestro recurso de alzada. Y, por otro lado, los departamentos o servicios que informan negativamente sobre el Recurso eran miembros directos o por delegación de los tribunales y Pruebas impugnadas«.
Un «artificial retraso» en Diputación
La sección sindical de Diputación de CCOO vuelve a señalar lo que ya dijo en su día, pues estableció una relación entre estos procesos y la celeridad con la que fueron convocados tras la celebración de las elecciones y los recursos interpuestos por el PSOE ante la Junta Electoral de Zona al objeto de retrasar interesadamente la constitución de la nueva corporación de la Diputación Provincial. «¿Nadie aprecia la descarada y evidente relación? No sería la única causa, claro, pero sí una de las principales causas», opina sobre lo que consideran un «artificial retraso» mediante «recursos variopintos».
Sentencian que «aquí se deben muchos favores. Todas los sabemos» y comprenden «perfectamente el temor de los opositores a impugnar las pruebas, aunque sepan sobradamente que han sido amañadas», así como «su miedo a señalarse». Es por ello que resaltan el valor de la función del sindicato en su lucha por buscar la igualdad en los procesos. «¿O es que deben asumir que están condenadas a presentarse a pruebas trucadas y teniendo siempre una buena lista de enchufados por delante? ¿Tienen que asumir que les roben cualquier esperanza?, ¿O que están obligados a hacerle permanentemente la pelota a un Alto Dirigente Político y/o Sindical por si alguna vez se acuerda finalmente de ellos? No se puede denigrar tanto y durante tanto tiempo a tantas personas», acaba diciendo.
