279 EN 2020
El número de desahucios en la provincia disminuye desde 2017, con 200 en lo que va de año
11.20 h. Según los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial, los lanzamientos realizados en Huelva reflejan una tendencia decreciente desde 2017, cuando se realizaron 750, hasta 2020, cuando se llevaron a cabo 279, mientras que en el primer semestre de 2021 se han ejecutado un total de 200.
El número de desahucios practicados en la provincia de Huelva experimenta un decrecimiento desde 2017. Mientras que en este año se reflejó un aumento respecto al anterior, pasando de 584 en 2016 a 750 en 2017, a partir de este ejercicio la tendencia cambia. Desde entonces, el número refleja una dismunición bajando hasta 528 en 2018, 426 en 2019 y 279 en 2020. Por su parte, en el presente año, durante el primer semestre de 2021 se han practicado un total de 200 deshaucios.
El número de desahucios practicados en la provincia de Huelva experimenta un decrecimiento desde 2017. Mientras que en este año se reflejó un aumento respecto al anterior, pasando de 584 en 2016 a 750 en 2017, a partir de este ejercicio la tendencia cambia. Desde entonces, el número refleja una dismunición bajando hasta 528 en 2018, 426 en 2019 y 279 en 2020. Por su parte, en el presente año, durante el primer semestre de 2021 se han practicado un total de 200 deshaucios. Los datos provienen de la información de estadística judicial a la que tiene acceso el Ministerio de Justicia, proporcionada por el Punto Neutro Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Esta recoge el número de lanzamientos practicados desde el año 2016 hasta el primer semestre de 2021, última información disponible. Las cifras en Andalucía A nivel andaluz, las cifras también reflejan una tendencia decreciente desde 2017, pues en 2016 se pasa de 9.998 desahucios a 10.437 en 2017. No obstante, a partir de aquí, el número baja hasta 9.795 en 2018, 8.806 en 2019, 4.517 en 2020 y 3.572 en el primer semestre de 2021. Por provincias, donde más lanzamientos se han ejecutado en el primer semestre de 2021 es en Málaga, con 1.076 desahucios y casi duplicando a la inmediatamente anterior, Cádiz con 531. La siguen Sevilla con 510, Almería con 464, Granada con 461, Huelva en sexta posición con 200, Córdoba con 191 y Jaén con 139. Datos nacionales La evolución a nivel nacional es semejante a la de Huelva y el resto de provincias andaluzas, aunque aquí la dismunición comienza un año antes, en 2016. En este ejercicio se ejecutaron un total de 63.037 lanzamientos en el país. A partir de entonces la cifra se reduce hasta los 60.754 en 2017, 59.671 en 2018, 54.006 en 2019, 29.406 en 2020 y 22.536 en el primer semestre de 2021.La provincia que más desahucios ha llevado a cabo en el primer semestre de 2021 es Barcelona con 3.419, mientras que en el lado opuesto, la que menos ha realizado es Teruel con 14. Hay que tener encuenta que esta cuenta con muchos menos habitantes (unos 134.170) y viviendas que la capital catalana (con unos 5.635.000 habitantes). Un paso más hacia la Ley de Vivienda Precisamente este martes el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Una propuesta que permite a las comunidades autónomas limitar el precio del alquier en las zonas consideradas como tensionadas a las empresas propietarias de más de diez viviendas. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que el texto ofrece seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino, que no atenta contra la propiedad privada y que no va a suponer un riesgo para que los fondos de inversión dejen de considerar atractivo nuestro país. En cuanto a los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas situadas en zonas tensionadas, el texto propone la posibilidad del inquilino de pedir prórrogas anuales del contraro hasta un máximo de tres años, manteniendo la renta congelada. Sin embargo, el casero puede subir el precio en los nuevos contratos hasta un 10%, pero solo si en los dos años anteriores ha rehabilitado o reformado en materia energética o de accesibilidad la vivienda. Por su parte, con el objetivo de incentivar a los pequeños propietarios en zonas tensionadas, el texto contempla una reducción en el IRPF del 90 % del rendimiento neto siempre que rebajen un 5% el precio de sus alquileres respecto a la última renta del anterior contrato.
A nivel andaluz, las cifras también reflejan una tendencia decreciente desde 2017, pues en 2016 se pasa de 9.998 desahucios a 10.437 en 2017. No obstante, a partir de aquí, el número baja hasta 9.795 en 2018, 8.806 en 2019, 4.517 en 2020 y 3.572 en el primer semestre de 2021.
Por provincias, donde más lanzamientos se han ejecutado en el primer semestre de 2021 es en Málaga, con 1.076 desahucios y casi duplicando a la inmediatamente anterior, Cádiz con 531. La siguen Sevilla con 510, Almería con 464, Granada con 461, Huelva en sexta posición con 200, Córdoba con 191 y Jaén con 139.
La evolución a nivel nacional es semejante a la de Huelva y el resto de provincias andaluzas, aunque aquí la dismunición comienza un año antes, en 2016. En este ejercicio se ejecutaron un total de 63.037 lanzamientos en el país. A partir de entonces la cifra se reduce hasta los 60.754 en 2017, 59.671 en 2018, 54.006 en 2019, 29.406 en 2020 y 22.536 en el primer semestre de 2021.
La provincia que más desahucios ha llevado a cabo en el primer semestre de 2021 es Barcelona con 3.419, mientras que en el lado opuesto, la que menos ha realizado es Teruel con 14. Hay que tener encuenta que esta cuenta con muchos menos habitantes (unos 134.170) y viviendas que la capital catalana (con unos 5.635.000 habitantes).
Un paso más hacia la Ley de Vivienda
Precisamente este martes el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de la Ley por el Derecho a la Vivienda. Una propuesta que permite a las comunidades autónomas limitar el precio del alquier en las zonas consideradas como tensionadas a las empresas propietarias de más de diez viviendas.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido que el texto ofrece seguridad jurídica tanto al propietario como al inquilino, que no atenta contra la propiedad privada y que no va a suponer un riesgo para que los fondos de inversión dejen de considerar atractivo nuestro país.
En cuanto a los arrendadores particulares y las empresas propietarias de menos de diez viviendas situadas en zonas tensionadas, el texto propone la posibilidad del inquilino de pedir prórrogas anuales del contraro hasta un máximo de tres años, manteniendo la renta congelada. Sin embargo, el casero puede subir el precio en los nuevos contratos hasta un 10%, pero solo si en los dos años anteriores ha rehabilitado o reformado en materia energética o de accesibilidad la vivienda.
Por su parte, con el objetivo de incentivar a los pequeños propietarios en zonas tensionadas, el texto contempla una reducción en el IRPF del 90 % del rendimiento neto siempre que rebajen un 5% el precio de sus alquileres respecto a la última renta del anterior contrato.
