LA INSPECCIÓN CULPA AL ORGANISMO PÚBLICO
Un técnico del INTA acusa a la empresa de trato 'inhumano' tras resultar malherido por un dron
11.00 h. Alberto Castrejón, trabajador del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, ha denunciado el trato “inhumano y miserable” que ha recibido de este organismo público desde el accidente laboral sufrido a finales de 2019 con un dron en el centro de El Arenosillo y que casi le cuesta la vida.
Según relató a huelva24.com el técnico, que se encuentra de baja médica por estrés postraumático grave, el día del siniestro formaba parte de un equipo que probaba una aeronave no tripulada, concretamente lo que se conoce como ‘blanco aéreo’, un avión de alrededor de 2,5 metros y cerca de 100 kilos de peso, usado, entre otras tareas, para probar radares y sistemas de defensa de navíos.
Para hacer despegar aquel modelo en particular, el Scrab 2, del fabricante español SCR, se utilizó una rampa de lanzamiento donde el dron es impulsado por un resorte neumático a gran velocidad para lanzarlo al aire, donde es propulsado por dos turbinas a reacción. Según consta en las diligencias de la Guardia Civil, tras producirse un primer fallo en el lanzamiento, dos técnicos del equipo se encontraban delante y a ambos lados del avión manipulándolo cuando inesperadamente se disparó el mecanismo, embistiendo el dron con gran violencia a los trabajadores. Alberto fue el peor parado de los dos: rotura de esternón, cuatro costillas fracturadas, perforación del pulmón derecho, neumotórax en el izquierdo, rotura de esfenoides y traumatismo craneofacial, entre otras lesiones.
Ese fue el comienzo de su pesadilla, ya que, según explicó, “ese día no vino el ATS y la ambulancia no tenía ni una tirita, con lo cual estuve media hora en la que perdí la consciencia varias veces, porque me estaba muriendo asfixiado”. Finalmente enviaron un helicóptero, que lo trasladó a la UCI del hospital Juan Ramón Jiménez, donde lo conectaron a un respirador. Así pasó la Navidad de aquel 2019.
En total, a consecuencia de las graves lesiones sufridas, Alberto tuvo que permanecer casi un año de baja, tras el cual se reincorporó a su puesto de trabajo. Sin embargo, “cinco o seis meses después le tuvieron que dar de baja por estrés postraumático grave, que es algo que puede aparecer una vez curan las heridas físicas”, como le explicó el psiquiatra forense. Volvió al centro de El Arenosillo a los nueve meses, aunque por menos tiempo aún. En la actualidad, vuelve a estar de baja con el mismo diagnóstico, medicado “hasta las cejas” y prácticamente sin actividad ninguna.
Lo que más indigna a este técnico del INTA no es su situación personal, sino su convencimiento de que podría haberse evitado, ya que antes hubo dos o tres conatos, explica, “hasta que se produjo mi accidente. Por eso yo no me he callado. Primero denunciándolo por vía judicial y ahora públicamente, porque no hay derecho”.
Aparte de él, en aquella fatídica jornada también resultó herido, aunque de menor gravedad, otro técnico, en este caso perteneciente a SCR, la empresa privada que suministra los aviones. “Yo estaba más adelantado y el primer golpe me lo llevé yo”. Sin embargo, esta persona no sólo no se sumó a la denuncia, sino que ni siquiera se presentó a la declaración para realizar el atestado.
Con todas las “averías” que se han hecho en El Arenosillo, “aquí sólo me he mojado yo por miedo a las consecuencias económicas que podrían tener esas denuncias –con cuestiones como la productividad– y como aquí la gente tiene familia e hijos, pues no se han mojado, pero yo he tirado para adelante, quiero aportar mi granito de arena para que esto no vuelva a suceder”.
Además de las prestaciones derivadas de aquel accidente laboral, Alberto Castrejón ha conseguido que la Seguridad Social le reconozca un incremento del 30% de esas prestaciones en base a la inexistencia de una evaluación de riesgos laborales. La Inspección de Trabajo también considera que el INTA, dependiente de la Secretaría de Estado de Defensa, no ha establecido medidas organizativas para este tipo de operaciones ni tampoco se ha previsto el uso de equipos de protección individual (EPI) para los trabajadores.
La inspectora que realizó el informe fue categórica al respecto: “La ausencia de evaluación de riesgos del procedimiento originó que los trabajadores, por indicación del responsable, se situaran en zona de proximidad del contacto de proyección del dron, al desconocer las medidas preventivas y otras adicionales de control necesarias para evitar la colocación del trabajador en zona de acción del equipo”.
Un “cheque sin fondos”
Esta resolución de la Dirección Provincial de la Seguridad Social, pese a darle la razón, le tenía reservada una desagradable sorpresa, ya que, pese a que acepta el recargo de un 30% sobre las prestaciones percibidas durante su periodo de incapacidad temporal, determina que no tendrá efectos económicos, en base al artículo 53.1 de la Ley General de la Seguridad Social. En resumen, todo parece ser una cuestión de plazos: la fecha que se reconoce para la aplicación del recargo se fija a partir del 28 de junio de 2021, tres meses antes del informe de la Inspección de Trabajo, lo que impediría, según esta ley, cobrar a Alberto Castrejón lo que le corresponde.
El trabajador anuncia que no se dará por vencido y reclamará dentro del plazo de 30 días que la administración establece para ello, pues considera que esta resolución, pese a reconocerle su derecho a ese 30% adicional sobre las prestaciones recibidas, no es más que un “cheque sin fondos” que en vez de aliviar la sensación de injusticia, se suma al “trato miserable e inhumano” que dice haber recibido por parte del INTA después de más de 30 años en la empresa.
