en el inicio del juicio en huelva
Casto Pino se acoge a su derecho a no declarar por el desfalco en el Colegio de Ingenieros
14.08 h. Casto Pino, exgerente y secretario del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva y concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Aljaraque entre 2003 y 2007 por el PP, se ha acogido este martes a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva en relación a un desfalco de más de un millón de euros en la citada institución.
En declaraciones a los periodistas en la puerta de los juzgados, el abogado de Casto Pino, Moisés Barroso, ha remarcado que falta mucha documentación e información en la instrucción de la que pueden derivarse responsabilidades civiles que impliquen a otros miembros de la Junta de Gobierno del Colegio.
Durante esta misma semana se van a tomar más testificales relacionados con este asunto, con el que también están relacionados su esposa y al asesor contable de dicho colegio.
Por estos hechos, estas personas fueron detenidas el pasado mes de mayo, y puestas en libertad a continuación, por los presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación documental y blanqueo de capitales, contando con antecedentes penales Casto Pino y el asesor contable por delitos contra la Hacienda Pública. Todo ello tras el inicio de una investigación a raíz de una denuncia interpuesta por el propio colegio.
Las investigaciones se iniciaron nueve meses antes en los que los agentes han analizado la contabilidad de los diez últimos años del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, hallando evidencias de graves irregularidades con importantes disposiciones de dinero sin justificación documental, así como pago de facturas y transferencias a terceros ajenos a la actividad colegial.
Por ello, el pasado mes de mayo la Policía llevó a cabo tres registros. El primero de ellos en una finca en el termino municipal de Alonso, lugar al que se desplazó el juez de instrucción en un helicóptero de la Policía Nacional, en unión del secretario judicial y responsables policiales, con el fin de realizar una inspección ocular tanto de la finca como de la vivienda, según informó en aquellas fechas la Subdelegación del Gobierno.
Posteriormente se realizaron registros en su domicilio de la Dehesa Golf de Aljaraque y en un apartamento de la localidad de Punta Umbría en los que se intervinieron gran cantidad de documentación, material informático, así como bienes que habían sido abonados a cargo del Colegio profesional.