CGT solicita a Fiscalía que abra diligencias por presunta prevaricación y alteración de precios en Giahsa

La Federación Provincial de CGT Huelva ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva que abra investigaciones por el posible delito de prevaricación, así como por presunta alteración en el precio de las cosas. De demostrarse los hechos, la presidenta de MAS, Laura Pichardo Romero, el director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez Limón, y Juan Ignacio Tomico Santos, gerente de Giahsa, serían los presuntos máximos responsables. También se incluye en la denuncia como corresponsables por las presuntas decisiones tomadas colegiadamente al resto del Consejo de Administración de Giahsa.

De demostrarse los delitos denunciados por el sindicato las penas podrían ir de 6 meses a 6 años en el caso de la manipulación en los precios, y de inhabilitación especial de 9 a 15 años por el de prevaricación según aseguran desde CGT, que espera que la Fiscalía, ante la gravedad de los hechos denunciados, decida llevar a cabo las investigaciones pertinentes y aclare los hechos.

La Federación Provincial de CGT Huelva ha solicitado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva que abra investigaciones por el posible delito de prevaricación, así como por presunta alteración en el precio de las cosas. De demostrarse los hechos, la presidenta de MAS, Laura Pichardo Romero, el director ejecutivo de Giahsa, Manuel Domínguez Limón, y Juan Ignacio Tomico Santos, gerente de Giahsa, serían los presuntos máximos responsables. También se incluye en la denuncia como corresponsables por las presuntas decisiones tomadas colegiadamente al resto del Consejo de Administración de Giahsa. De demostrarse los delitos denunciados por el sindicato las penas podrían ir de 6 meses a 6 años en el caso de la manipulación en los precios, y de inhabilitación especial de 9 a 15 años por el de prevaricación según aseguran desde CGT, que espera que la Fiscalía, ante la gravedad de los hechos denunciados, decida llevar a cabo las investigaciones pertinentes y aclare los hechos. CGT denuncia que presuntamente “desde los responsables de MAS y de la empresa pública Giahsa se ha cometido una presunta prevaricación al no someter los precios establecidos por Giahsa al preceptivo control de la Junta de Andalucía, lo cual -y según se concluye de las investigaciones realizadas por CGT- podría haber llevado a la empresa pública a elevar los precios sin control de forma que habría impuesto a los usuarios precios mucho más elevados de los que legalmente corresponderían, con el perjuicio que eso conlleva de cara a mantener los contratos con los diferentes ayuntamientos y consiguientemente la viabilidad de la empresa”. La otra cuestión que presuntamente se ha producido ha sido “la elevación ilegal de los precios, hasta más del 50% del precio que los usuarios deberían pagar en algunos de los conceptos establecidos en la cuota fija de la factura. Algo que actualmente está provocando reclamaciones públicas por parte de muchos usuarios afectados en municipios asociados a MAS y para los que Giahsa como empresa instrumental presta servicio”. Para CGT, “la política de precios resultante de estas dos presuntas prácticas dan como resultado que cada vez más pueblos decidan pedir la salida de la MAS, algo que sumado a una gestión nefasta de la empresa pública que se resume en una deuda de 136 millones de Euros y una de las tarifas más caras del agua, hacen peligrar la supervivencia de la empresa”. Por estos motivos se solicita la intervención judicial de la empresa, a fin de que los trabajadores y trabajadoras “no sufran las consecuencias de estas presuntas prácticas delictivas que podrían estar llevándose a cabo desde hace años. No se entiende que se estén destinando cientos de miles de euros de los presupuestos públicos de MAS en pagar a los grupos políticos pertenecientes a MAS por llevar a cabo una labor de gestión y que después se puedan justificar estos hechos en base al simple desconocimiento. En concreto hablamos de que en los presupuestos de 2019 se prevé una cifra anual por aportación a Grupos Políticos de 600.000 euros, que en años anteriores son similares”. 

La otra cuestión que presuntamente se ha producido ha sido “la elevación ilegal de los precios, hasta más del 50% del precio que los usuarios deberían pagar en algunos de los conceptos establecidos en la cuota fija de la factura. Algo que actualmente está provocando reclamaciones públicas por parte de muchos usuarios afectados en municipios asociados a MAS y para los que Giahsa como empresa instrumental presta servicio”.

Para CGT, “la política de precios resultante de estas dos presuntas prácticas dan como resultado que cada vez más pueblos decidan pedir la salida de la MAS, algo que sumado a una gestión nefasta de la empresa pública que se resume en una deuda de 136 millones de Euros y una de las tarifas más caras del agua, hacen peligrar la supervivencia de la empresa”.

Por estos motivos se solicita la intervención judicial de la empresa, a fin de que los trabajadores y trabajadoras “no sufran las consecuencias de estas presuntas prácticas delictivas que podrían estar llevándose a cabo desde hace años. No se entiende que se estén destinando cientos de miles de euros de los presupuestos públicos de MAS en pagar a los grupos políticos pertenecientes a MAS por llevar a cabo una labor de gestión y que después se puedan justificar estos hechos en base al simple desconocimiento. En concreto hablamos de que en los presupuestos de 2019 se prevé una cifra anual por aportación a Grupos Políticos de 600.000 euros, que en años anteriores son similares”.