35 ayuntamientos de Huelva incumplen la ley al no publicar el inventario de caminos pagado por Diputación
A pesar de que se destinaron casi 200.000 euros de dinero público, tres meses después el proyecto está estancado porque los consistorios incumplen su obligación legal de publicar los documentos
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Hormigonan un camino público en plena Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Treinta y cinco ayuntamientos de la provincia de Huelva están incumpliendo la Ley de Transparencia Pública de Andalucía al no haber publicado los inventarios de caminos rurales, documentos financiados por la Diputación Provincial. La denuncia parte de la delegación en Huelva de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), que alerta de que esta inacción paraliza la recuperación de vías públicas y deja sin efecto una inversión de casi 200.000 euros.
El pasado 28 de mayo, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, entregó en un acto institucional a los alcaldes de los 35 municipios los inventarios de bienes y derechos, que incluían un detallado registro de los caminos públicos. Estos documentos son un requisito legal –establecido en el Real Decreto Legislativo 781/1986 y el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales– y una herramienta fundamental para la gestión del patrimonio municipal. Tal y como subrayó Toscano durante el acto, los inventarios «representan una garantía de seguridad jurídica, una herramienta de transparencia y un instrumento clave para proteger lo que es de todos«.
Sin embargo, tres meses después de la entrega oficial, la PICP denuncia que «ninguno de los 35 pueblos que hemos consultado en su página web tiene publicado de forma provisional el Inventario de Caminos». Esta publicación es un trámite obligatorio según la Ley 1/2014 de Transparencia Pública de Andalucía, ya que permite a los ciudadanos y a las personas afectadas presentar alegaciones antes de la aprobación definitiva del documento en el pleno municipal.
Según la plataforma, los ayuntamientos disponían de una copia de los inventarios «muchos meses antes» del acto de mayo, puesto que la empresa adjudicataria, Serprofés S.L., tenía como fecha límite para la entrega el 31 de diciembre de 2024. La falta de exposición pública impide que avance el proceso administrativo para la recuperación de caminos, muchos de ellos cerrados o usurpados, y vulnera, según la PICP, dos derechos constitucionales: la libre circulación y el disfrute del medio ambiente.
Los 35 municipios señalados se distribuyen por varias comarcas. En la sierra se encuentran Aracena, Corteconcepción, Higuera de la Sierra, Puerto Moral, Zufre, La Nava, Cumbres de Enmedio, Cumbres de San Bartolomé, Encinasola, Cortegana y Jabugo. Para la zona de Beturia y Costa, los ayuntamientos son El Almendro, El Granado, San Bartolomé de la Torre, Sanlúcar de Guadiana, Villanueva de los Castillejos y La Redondela. El listado continúa en el Andévalo con Alosno, Calañas, La Zarza–El Perrunal, Puebla de Guzmán y Tharsis. En la Cuenca Minera y la Campiña, los consistorios implicados son Berrocal, Campofrío, La Granada de Riotinto, Minas de Riotinto y Trigueros. Finalmente, en la comarca del Condado se encuentran Bollullos Par del Condado, Chucena, Escacena del Campo, San Juan del Puerto, Manzanilla, Lucena del Puerto, Paterna del Campo y Villalba del Alcor.
Desde la plataforma recuerdan que un inventario es «un paso muy importante para la recuperación de los caminos públicos», aunque no otorga la propiedad, que en caso de litigio debe ser determinada por un juzgado. No obstante, es una obligación de los consistorios «defender lo público» e inventariar estos bienes, que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. El temor de la organización es que los documentos «se queden en un cajón, como tantas cosas, y tiramos a la basura el dinero de los contribuyentes».
La Diputación se desmarca
Ante estas acusaciones, la Diputación Provincial de Huelva ha afirmado haber cumplido «con todas sus obligaciones», que consistían en prestar la asistencia técnica para la redacción de los inventarios. Fuentes de la institución explican que, una vez entregado el trabajo, la responsabilidad es exclusivamente municipal. «A partir de ahí son los propios ayuntamientos quienes tienen que llevar el correspondiente documento a pleno. Y una vez esté aprobado es cuando se somete a información pública», señalan.
Santa Bárbara de Casa ha dado ejemplo al pagarse su propio inventario, que ya está aprobado y publicado en su portal de transparencia desde el año pasado
La Diputación insiste en que «en ninguna circunstancia es responsable de la tramitación posterior, y mucho menos de la agilidad de la misma». No obstante, la institución se pone a disposición de los ayuntamientos para ofrecer la asistencia técnica que necesiten si la solicitan.
El contrato para la elaboración de estos inventarios se adjudicó en 2022 por un importe de 196.817 euros. La PICP señala que un segundo lote, que afectaba a otros 16 municipios, fue retirado a la empresa adjudicataria por incumplimiento, y exigen que se agilice la contratación para completar el mapa de caminos de la provincia.
Como contrapunto, la plataforma pone el ejemplo de Santa Bárbara de Casa, uno de los municipios del lote pendiente. Este ayuntamiento sufragó con fondos propios su inventario y lo tiene publicado en su portal de transparencia desde noviembre de 2024, cumpliendo con la normativa.
