El vecino portugués se entrega a la ultraderecha: el nuevo panorama político al otro lado del Guadiana

Chega se convierte en la primera fuerza del Algarve y logra apoyos cercanos al 40% en municipios como Vila Real de Santo António y Castro Marim

La influencia de este partido euroescéptico podría complicar la conexión ferroviaria Sevilla-Huelva-Faro, hoy considerada prioritaria por el Gobierno luso

El Gobierno de Portugal declara estratégica la línea ferroviaria Faro-Huelva-Sevilla

El líder nacional de Chega, André Ventura, hace campaña en Vila Real de Santo Antonio facebook
H. Corpa

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El Algarve portugués, destino predilecto para muchos onubenses cada fin de semana, ha experimentado un brusco giro político hacia la derecha. Las elecciones legislativas celebradas el pasado 18 de mayo, las terceras en apenas tres años, han consolidado al partido Chega como fuerza dominante en una zona que históricamente se había mantenido en posiciones de centro-izquierda.

Aunque a nivel nacional Portugal mantiene un panorama bastante fragmentado donde la coalición Alianza Democrática (AD) conserva el gobierno, pero con un significativo avance de las fuerzas situadas a su derecha, el partido Chega, liderado por André Ventura, ha incrementado su representación parlamentaria y se ha convertido en la tercera fuerza política del país.

Sin embargo, es en el Algarve donde este partido ha mostrado su mayor fortaleza, obteniendo un 33,9% de los votos en el distrito de Faro. Este resultado le ha permitido conseguir cuatro diputados, frente a los tres de AD y dos del Partido Socialista (PS), alterando radicalmente el tradicional equilibrio político de la región.

La situación resulta aún más llamativa, precisamente, en los municipios fronterizos con Huelva. En Vila Real de Santo António, localidad a la que muchos ayamontinos, como tantos otros onubenses, cruzan para disfrutar de sus restaurantes y comercios, Chega alcanzó un contundente 38,57%, dejando muy atrás al PS (22,74%) y la AD (20,52%). Castro Marim tampoco se quedó atrás, al registrar un 36,10% para la formación ultraderechista.

Cartel electoral de Chega en una autopista portuguesa facebook

Entre las causas que explicarían este fenómeno, los analistas políticos lusos destacan la percepción de «abandono» que en esta región se tiene por parte del gobierno central. También han influido, añaden, las tensiones relacionadas con el aumento de población extranjera, particularmente en zonas costeras, donde en algunos municipios alcanza el 28%.

El contraste con la provincia de Huelva resulta llamativo: cruzando el puente internacional la ultraderecha arrasa, mientras en el lado español las opciones moderadas mantienen su hegemonía. De hecho, aunque Vox logró en la costa occidental onubense sus mejores resultados, esta tendencia no es comparable a pesar de compartir contextos muy parecidos en relación a la inmigración, el turismo o la presión inmobiliaria.

Muchos vecinos de Ayamonte, Lepe o la capital, habituales visitantes de playas como Monte Gordo, Tavira o restaurantes de Vila Real, deberán asimilar el cambio político ocurrido a tan solo unos kilómetros y que el Guadiana, que siempre ha sido una división administrativa, pero nunca cultural, ahora también parece haberse convertido en una frontera ideológica que separa dos sensibilidades que desde hace unos días están un poco más distantes.

Además, un peso creciente de este partido en el Gobierno podría torcer la voluntad recientemente declarada por el Ejecutivo luso de llevar a cabo el tramo portugués de la línea ferroviaria de alta velocidad Sevilla-Huelva Faro. Teniendo en cuenta además su popularidad en el Algarve, con cuatro diputados por esta región y convertido en la primera fuerza política del sur luso, Chega mantiene posiciones euroescépticas y nacionalistas que históricamente se han mostrado reticentes a grandes proyectos de integración transfronteriza. El partido, integrado en el grupo parlamentario europeo Identidad y Democracia junto a formaciones como la AfD alemana o el Reagrupamiento Nacional de Le Pen, podría por lo tanto ejercer presión para revisar aquellos compromisos internacionales que considere contrarios a sus principios de soberanía nacional.

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