El runrún: Sombras de enchufismo en Cartaya

Pocos fraudes están peor vistos socialmente como aquellos que tienen que ver con los amaños en el empleo público, cuando esa máxima constitucional que consagra los principios de igualdad, mérito y capacidad se ve conculcada por el viejo compadreo que, a veces, encuentra su refugio perfecto en algunas administraciones. Porque, ¿hay algo más indigno que impedir acceder a su plaza soñada a quien se ha sacrificado estudiando porque otra persona, sin merecerlo, la consigue a base de contactos?

Generalmente se considera que cuanto más pequeño es el ámbito administrativo que convoca unas oposiciones, más posibilidades hay de que alguien desde dentro se haya encargado de manipularlas a su conveniencia para favorecer a familiares o amigos, generalmente, siendo tradicionalmente ayuntamientos y diputaciones terreno abonado para los tramposos. Que se lo digan si no al mismísimo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo hermano cobraba de la Diputación de Badajoz por un trabajo del que ni él mismo ha sido capaz de dar muchos detalles a la jueza que lleva el caso. Y si de esta práctica –en este caso, aún presuntamente– no se libra ni las máximas autoridades del estado, ya podrán imaginar lo que ocurre en el ámbito municipal, donde las relaciones personales entre gobernantes y gobernados son especialmente estrechas.

En esta ocasión, las miradas se han centrado en el Ayuntamiento de Cartaya, donde el PSOE local ha pedido la suspensión del proceso selectivo para 11 puestos de auxiliar administrativo por presuntas irregularidades. Lo que, de primeras, puede sonar a denuncia rutinaria, empieza a tomar un color más bien turbio cuando se detallan las circunstancias que han hecho saltar las alarmas entre los participantes: dos horas de retraso para empezar la prueba, sin previo aviso; presentación de los exámenes sin precinto alguno; ni rastro de copia de respuestas para los aspirantes… y, por si fuera poco, la prueba tampoco respetó el tiempo estipulado en las bases.

Además, el mismo día del examen, apareció en la sede del PSOE de Cartaya un anónimo muy oportuno que venía a poner la guinda en este pastel de irregularidades. Según dicho texto, habría personas que ya tenían el examen antes de la fecha oficial, con lo que algunas «elegidas» contarían con la plaza prácticamente adjudicada. O eso denuncian los socialistas

La portavoz de este partido en el Consistorio, Pepa González Bayo, insiste en que se deben repetir las pruebas selectivas, amparándose en la legislación y en la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece la posibilidad de anularlas y volver a convocarlas cuando hay tantas sombras sobre su transparencia. 

Piden también que una entidad independiente revise el procedimiento y certifique si se trató de simples errores de planificación o hubo enchufismo descarado. Por cierto, ¿podrá poner la socialista la mano en el fuego y asegurar que durante los mandatos de su partido nadie entró a trabajar de forma irregular en el Ayuntamiento?

En cualquier caso, lo lamentable es que estas situaciones lo que provocan es el descrédito total de estas pruebas selectivas, desmotivando a quienes están realmente preparados para presentarse y ganar en buena lid su plaza, dejando paso a los menos capacitados, que serán los que, por desgracia, se encargarán de gestionar los servicios públicos de nuestros pueblos y ciudades.