El Gobierno andaluz exigirá hoy reevaluar los riesgos del proyecto gasístico de Doñana
La Junta pedirá este viernes en el pleno del Consejo de Participación del Espacio Natural revisar la autorización de 2010 otorgada por los ejecutivos de Zapatero y Griñán
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La controversia sobre el almacenamiento de gas natural en el entorno de Doñana ha resurgido con fuerza tras años de aparente calma. El Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana retoma este viernes el debate sobre un proyecto que lleva más de una década generando tensiones entre administraciones, ecologistas y empresas, marcando lo que parece será un cambio significativo de criterio respecto a las autorizaciones concedidas en 2010.
La sesión ordinaria del Pleno del Consejo de Participación se ha convocado para las 09.30 horas y si no hubiera quórum de constitución, a las 10.00 horas en segunda convocatoria, en el Centro Administrativo 'El Acebuche'. En esta reunión, según han indicado fuentes de la Junta de Andalucía, se va a pedir «revisar» la autorización concedida en el año 2010 por el anterior gobierno del PSOE, que «se actualicen los riesgos y posibles afecciones al espacio natural y aguas subterráneas» e «informar a la Comisión europea y la Unesco».
El almacenamiento subterráneo de gas natural 'Marismas' se remonta a una autorización concedida en 2010 durante el gobierno socialista de Jose Luis Rodríguez Zapatero, con la Junta de Andalucía también bajo control del PSOE –José Antonio Griñán acaba de coger el testigo de Manuel Chaves–. El proyecto inicial, desarrollado por Gas Natural Fenosa (ahora Naturgy), se dividió estratégicamente en cuatro subproyectos independientes, según denuncian los ecologistas, para evitar una evaluación de impacto ambiental conjunta: Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar.
De estos cuatro proyectos, solo Marismas Occidental logró ver la luz, obteniendo autorización ambiental en 2010. Los otros tres, ya sin los socialistas en el poder, fueron posteriormente denegados por la Junta de Andalucía argumentando que tenían un impacto mucho mayor que el sondeo ya en marcha. Actualmente, Trinity Energy Storage opera desde 2012 esta concesión. La instalación cuenta con dos yacimientos de gas agotados reconvertidos en almacén, con una capacidad máxima operativa reconocida de 1.615 GWh. Sin embargo, uno de los pozos de inyección, el Marismas-3, está inoperativo desde abril de 2019.
Trinity Energy Storage ha solicitado autorización para perforar un nuevo sondeo denominado 'Marismas-3NE', que sustituiría al pozo averiado y permitiría reactivar la capacidad de almacenamiento. El nuevo sondeo se ubicaría a 20 metros del pozo existente, sin necesidad de declaración de utilidad pública.
La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido públicamente que el Gobierno está obligado legalmente a autorizar la solicitud, al tratarse de una «instalación preexistente» con licencia vigente desde 2010. «Desde el marco legal tienen derecho a solicitarlo», ha argumentado la ministra, añadiendo que «se ha iniciado la tramitación» con «las máximas garantías ambientales».
La novedad más significativa es el giro que ha dado la Junta de Andalucía, ahora bajo el gobierno de Juanma Moreno. Horas antes de la celebración del Consejo de Participación, el Ejecutivo andaluz ha desvelado que no respaldará la solicitud tal como está planteada. La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha llevado al Consejo una propuesta para revisar la autorización concedida en 2010.
El escenario «ha cambiado»
Las condiciones que plantea la Junta son muy claras: revisión de la autorización ambiental concedida hace 15 años, actualización del análisis de riesgos y posibles afecciones al espacio natural, evaluación específica del impacto en las aguas subterráneas, información a la Comisión Europea sobre el proyecto y notificación a la Unesco de la iniciativa. El argumento de la Junta se basa en que «las circunstancias han cambiado» en los últimos 15 años, considerando la influencia del cambio climático en una zona tan sensible y los nuevos compromisos para la conservación del parque.
Las organizaciones ecologistas han reactivado la plataforma Salvemos Doñana para oponerse al proyecto, presentando alegaciones formales dentro del plazo establecido. Más de una decena de entidades, entre las que se encuentran Greenpeace, WWF y Ecologistas en Acción, han alertado sobre múltiples riesgos. Los principales problemas que identifican son los riesgos sísmicos, advirtiendo sobre la posibilidad de terremotos inducidos por la inyección de gas y citando el precedente del proyecto Castor en Castellón. Greenpeace ha publicado informes específicos alertando sobre el «riesgo muy alto» de seísmos inducidos por las condiciones tectónicas de la zona.
También señalan el riesgo de contaminación del acuífero, ya que el sondeo afectaría indirectamente a dos espacios protegidos de la Red Natura 2000, atravesando el acuífero 27 a través de la masa de agua de La Rocina. Las masas de agua subterránea de La Rocina y Almonte ya están declaradas en mal estado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Los ecologistas argumentan además que la documentación técnica de 2010 está completamente obsoleta, considerando los avances en metodología de evaluación y conocimiento científico de los últimos 15 años.
Un informe interno del Instituto Geológico y Minero de España de 2017 ya alertó sobre la «peligrosidad alta« de uno de los almacenes por riesgo de inundaciones. Los técnicos consideraron que Gas Natural había rebajado el nivel de riesgo en cuanto a las inundaciones en la zona afectada, calificando como »cuestionables« las asignaciones de peligrosidades realizadas por la empresa. El Defensor del Pueblo también ha intervenido en esta cuestión, solicitando información al IGME sobre los resultados de la evaluación ambiental en relación con el riesgo sísmico y su impacto sobre el acuífero. Además, un aspecto especialmente problemático es que el almacén de gas lleva más de 12 años operando sin el acta definitiva de puesta en servicio, funcionando bajo un régimen provisional.
La inactividad del pozo Marismas-3 ha reducido en 0,8 TWh la capacidad operativa del almacenamiento, equivalente a casi un día completo de consumo de gas en España. Esta situación ha generado un perjuicio económico estimado en 37,8 millones de euros en diez años. El Gobierno defiende la importancia estratégica del almacenamiento de gas para garantizar la independencia energética, especialmente tras la invasión rusa de Ucrania.
El cambio de criterio, por otra parte, se produce en un momento políticamente sensible, ya que estamos a menos de un año de las elecciones autonómicas andaluzas. La resolución del Consejo de Participación, aunque no vinculante para el Ministerio, tendrá un peso simbólico considerable y una postura en contra complicaría notablemente la posición del Gobierno central ante la opinión pública para autorizar el proyecto.
