El efecto llamada que impide acabar con los asentamientos chabolistas en Huelva: «Sale uno con papeles y entran tres sin ellos»
UPA Huelva advierte que la regularización es necesaria pero no es la panacea: aunque se logre dar papeles a una parte de los residentes, otros ocuparán su lugar
La grave advertencia del sector agrícola en Huelva: «La falta de agua y mano de obra podría abocarnos a la ruina en marzo»
La falta de mano de obra en el sector de los frutos rojos de Huelva está intrínsecamente ligada a la dura realidad de los asentamientos chabolistas: el campo clama por más trabajadores para recoger las cosechas mientras miles de personas viven en condiciones infrahumanas en los márgenes de los municipios freseros. La solución, sin embargo, no es tan simple como «regularizar a todos«, como advierten desde el propio sector agrario. La ecuación es mucho más complicada y exige una respuesta coordinada que hasta ahora no ha terminado de llegar.
Manuel Piedra, secretario general de UPA Huelva, se ha mostrado claro al respecto: «Nosotros creemos que no debería existir ningún asentamiento». La organización agraria defiende que la «mejor manera de erradicarlos es con documentación». Según argumenta, un trabajador con permiso de trabajo obtiene un contrato digno y, con él, la obligación del empresario de proporcionarle alojamiento. «Aquel empresario que contrata a un trabajador con documentación, tiene la obligación, y lo hace, de darle alojamiento». El sector, recuerda, ya aloja gratuitamente a más de 49.000 personas durante la campaña.
Sin embargo, el problema persiste por un efecto de «vasos comunicantes». Como explica el propio Piedra, aunque se logre sacar a una persona con papeles de un asentamiento para darle trabajo y un techo, su hueco es inmediatamente ocupado por «dos o tres más» sin documentación. «Aunque sacáramos a todos los que tuvieran documentos, se los llevaran y le diéramos trabajo» –explica a huelva24–, «el asentamiento va a seguir activo». La mayoría de las aproximadamente 1.000 personas que viven en los más de 40 asentamientos de la provincia, sin embargo, carece de permiso de trabajo, lo que les aboca a un limbo legal y social.
Y pone un ejemplo: «A las ONG que trabajan en los asentamientos les digo que cada vez que encuentren a un chaval en estos asentamientos con documentos para poder trabajar, nosotros se lo presentamos a un empresario que le haga un contrato y le dé alojamiento, por lo que tiene que dejar el asentamiento. Pero, ¿qué pasa? Que esa chabola que deja, se la alquila, se la vende o se la da a otros cinco que entran por otro lado«.
La encrucijada de la regularización
El sector agrícola, como ha querido dejar claro UPA Huelva, ha mostrado su disposición a contratar a estas personas si su situación administrativa se resolviera. «Nosotros le hemos dicho al Gobierno que regularice la situación, aquel que está ya en España y tiene documentos de residencia, pero no para trabajar, que se lo facilite por temporada«. Todos los empresarios, asegura Piedra, están dispuestos a darles de alta. De hecho, el campo onubense ha aceptado la oferta del Gobierno para incorporar a 5.000 personas de Malí con protección internacional, que pueden trabajar desde el primer minuto.
Pero la regularización masiva choca con la normativa europea, que no la permite. Por ello, las soluciones se buscan en vías intermedias. Desde noviembre de 2024, CCOO y la patronal agraria (Asaja y Freshuelva) negocian con el Gobierno una regularización específica para el sector que podría beneficiar a entre 1.500 y 2.000 personas. Otra alternativa es el arraigo sociolaboral, una vía que el nuevo Reglamento de Extranjería, en vigor desde mayo de 2025, ha flexibilizado para quienes acrediten dos años de estancia y un contrato de trabajo.
Avances y frenos
Mientras se debate la regularización, las administraciones locales y autonómicas avanzan en la erradicación de las chabolas. El Plan Estratégico para Erradicar los Asentamientos (EASEN) de la Junta de Andalucía, junto a los municipios de Lepe, Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, ha permitido reducir el número de asentamientos y su población. Lepe, por ejemplo, ha pasadode 14 a 9 asentamientos en cuatro años, y Moguer de 17 a 6 en la última década.
La construcción de albergues y residencias es una de las principales herramientas. La residencia para 152 temporeros inaugurada en Lepe en abril de 2024 es pionera en España, y se suma al albergue para 130 personas finalizado en Moguer a finales de 2023. Además, en junio de 2025 se firmaron dos protocolos millonarios entre el Gobierno central y los ayuntamientos del entorno de Doñana para mejorar la habitabilidad y desarrollar planes de inclusión social.
Pese a estos esfuerzos, la realidad es tozuda. La alta rotación de la población, los problemas para el empadronamiento y la falta de coordinación entre todas las partes implicadas perpetúan una situación que se ha cronificado durante más de 25 años. Por si esto fuera poco, los incendios siguen siendo una amenaza constante, con 22 fuegos registrados en los últimos cuatro años que han dejado un rastro de destrucción e incluso víctimas mortales.
El sector fresero, que necesita cubrir unos 110.000 puestos de trabajo cada campaña, ve en la regularización una doble oportunidad: resolver una crisis humanitaria y paliar su déficit estructural de mano de obra. La solución, compleja y multilateral, sigue esperando una acción decidida –y coordinada– que permita cerrar definitivamente uno de los capítulos más oscuros del campo onubense.
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