El alcalde de Cartaya insiste en su libertad de expresión mientras la oposición le advierte de que si reincide, el delito no será archivado
Tras conocer el archivo, Barroso ha publicado un comunicado en el que insiste en que «confundieron libertad de expresión con delito de odio» y califica la inmigración legal de «necesaria y bienvenida»
La Fiscalía archiva la denuncia por delito de odio contra el alcalde de Cartaya: «No todo mensaje inaceptable es delictivo»
La Fiscalía investiga una denuncia contra el alcalde de Cartaya por relacionar inmigración ilegal y delincuencia
El alcalde de Cartaya, el 'popular' Manuel Barroso, ha defendido su derecho a la libertad de expresión tras el archivo por parte de la Fiscalía de la denuncia presentada en su contra por un posible delito de odio. La denuncia fue interpuesta por la asociación La Carpa, que lo acusó de relacionar la inmigración irregular con la delincuencia en dos vídeos difundidos en redes sociales, en los que Barroso llegó a afirmar que el 80% de los delitos cometidos en el municipio eran responsabilidad de inmigrantes sin papeles.
La Fiscalía de Huelva abrió diligencias informativas tras la denuncia, pero finalmente archivó el caso al considerar que las declaraciones del regidor, aunque «profundamente desafortunadas», no reúnen los requisitos para considerarlas delito. El fiscal delegado en materia de delitos de odio subraya que las afirmaciones de Barroso no han sido reiteradas en el tiempo ni se aprecia que vayan dirigidas a atacar a un colectivo, por lo que no alcanzan el nivel exigido para ser consideradas incitación al odio. En su decreto, el fiscal señala que «no todo mensaje inaceptable o que ocasione el rechazo de la ciudadanía ha de ser tratado como delictivo por no hallar cobertura bajo la libertad de expresión».
Barroso, tras conocer el archivo, ha publicado un comunicado en el que insiste en que «confundieron libertad de expresión con delito de odio» y señala que tanto PSOE como IU le exigieron responsabilidad penal «confundiendo la defensa de la seguridad de los ciudadanos con un comportamiento xenófobo que no se corresponde con la realidad». El alcalde sostiene que la inmigración ilegal es «un problema muy importante en Cartaya» que genera desconfianza y miedo en la población, y reclama al Gobierno de España que actúe para garantizar la seguridad en el municipio y frenar la actuación de las mafias que controlan la inmigración irregular. Barroso diferencia entre inmigración legal, que considera «necesaria y bienvenida», e inmigración ilegal, a la que atribuye conflictos derivados de la falta de trabajo y documentación.
«Que no reincida»
Por su parte, la oposición ha advertido al alcalde sobre las consecuencias de reincidir en este tipo de declaraciones. El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Cartaya, David F. Calderón, ha destacado que el informe del fiscal recoge que «ha sido vital que no haya reincidencia» en las declaraciones de Barroso y advierte de que si en el futuro se repiten, «esta causa no volvería a archivarse». Calderón califica las palabras del alcalde de «profundamente desafortunadas» y considera que han provocado «un clima de confrontación» y una «ruptura de la cohesión social» en el municipio, «con incitación en redes sociales a la manifestación y expulsión de migrantes».
El presidente de La Carpa, Alfonso Romera, también ha criticado la rapidez con la que la Fiscalía ha archivado la denuncia y cuestiona cuántos minutos de declaraciones son necesarios para que se considere delito de odio. La asociación mantiene que las afirmaciones de Barroso suponen un ejercicio de violencia verbal contra la población migrante.
