El juez que ha provocado el cierre del chiringuito Casa Diego Canaleta de Punta Umbría: «Durante años se ha permitido una actividad prohibida, molesta e insalubre»
En un durísimo auto del titular del juzgado de Instrucción 4 de Huelva se reprocha a las autoridades haber hecho la vista gorda con un negocio sin licencia y que acumulaba decenas de denuncias vecinales
Clausuran el conocido chiringuito Casa Diego Canaleta en Punta Umbría tras denuncias vecinales
Detrás del cierre del conocido chiringuito Casa Diego Canaleta hay mucho más que denuncias vecinales por ruidos. Hay toda una investigación penal que lleva varios meses en curso y que pilota el juzgado de Instrucción 4 de Huelva cuyo titular, el juez Javier Pérez, dictaba hace un mes un durísimo auto por el cual cita a declarar como investigados al actual alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, a su antecesora Aurora Águedo, y al dueño del negocio hostelero por delitos de prevaricación omisiva, y en el caso del empresario, contaminación acústica.
La oficina de comunicación del TSJA ha facilitado a los medios este lunes el citado auto que se conoce después de que saltara la noticia de que el Ayuntamiento ordenaba el cierre del chiringuito la semana pasada. Según fuentes municipales consultadas por Huelva24, desde Alcaldía se firmó un decreto para proceder a la clausura de un negocio cuya principal y gran irregularidad es que lleva años operando sin licencia municipal.
Algo que subraya una y otra vez en su auto el juez, que considera «grosera» la «pasividad» mostrada por el Ayuntamiento que en ningún momento, hasta la semana pasada y con una investigación en marcha, actuó contra el negocio hostelero a pesar de que sin licencia un establecimiento no puede abrir al público. El titular del juzgado de Instrucción 4 de Huelva señala a los alcaldes desde 2019, cuando se producen las primeras denuncias de vecinos de varios bloques más próximos al chiringuito, pero también a la Policía Local porque conocían de manera «fehaciente» que el negocio carecía de licencia.
«Negocio ilegal»
«Han permitido durante años que se desarrolle una actividad prohibida, molesta e insalubre en terreno de dominio público, causando ruidos y molestias que perjudican lógicamente a vecinos que, viviendo al lado de ese negocio ilegal, ven perturbado su derecho al descanso«.
El juez había pedido un informe a la Policía Local con todas las denuncias que han llegado contra el chiringuito desde el año 2019. En ese año, en la Alcaldía estaba la socialista Aurora Águedo que firmó una providencia apoyándose en un informe jurídico realizado por los propios servicios municipales que avalarían mantener el negocio en pie a pesar de su situación irregular. Un documento que para el juez es una pura maniobra para buscar un amparo de cierta legalidad.
«Este antecedente es ya una expresión de la inaceptable e inexplicable actuación de esa Administración local, pues la única obligación que tiene un alcalde con la legalidad es cumplirla; y cuando de manera expresa se indica que se quiere conciliar el interés general y público con la legalidad, se evidencia un proceder maniqueo que tiende a obviar la legalidad en aras de un supuesto interés general y público según la caprichosa interpretación de quien dicta la resolución«.
El juez sí alaba el papel de varios funcionarios como el arquitecto municipal que emitió informe sobre la situación ilegal que se vive en la costa
Sobre el papel que ha tenido el actual alcalde, José Carlos Hernández Cansino, que ha sido quien firmó el decreto la semana pasada para cerrar el negocio, el juez entiende que ha mantenido «el trato de privilegio a quien no cumple la legalidad«. Por eso cita a ambos políticos a declarar el próximo mes de octubre.
Por el contrario, el juez sí alaba el papel que han tenido durante estos años varios funcionarios municipales que han venido advirtiendo de la situación de ilegalidad de este negocio y otros similares que operan en el municipio de Punta Umbría. «En la evidencia de esta alarmante actuación de la Administración local, es edificante comprobar que al menos sí existen servicios técnicos que han constatado y reiterado la situación de ilegalidad«.
Uno de esos empleados públicos es el arquitecto municipal que emitió un informe demoledor y que ha sido llamado a declarar como testigo. Un informe que no fue atendido y que le sirve al juez para apuntalar los primeros indicios de un posible delito de prevaricación que habrían cometido los dos últimos alcaldes. «No puede decirse, por tanto, que los dos alcaldes no hayan carecido de un informe técnico consistente, claro y acertado que han decidido obviar».
