El PP de Huelva pregunta al Gobierno por una manifestación que trató de boicotear un acto del partido en San Bartolomé de la Torre
La formación registra un escrito en la Subdelegación para saber si se autorizó una protesta en la que participaron concejales del Ayuntamiento que dirige la líder socialista, María Eugenia Limón
El Partido Popular de Huelva ha registrado este jueves en la Subdelegación del Gobierno una solicitud de información para conocer si los promotores de una concentración-manifestación celebrada el pasado martes en San Bartolomé de la Torre habían comunicado la organización de la misma a la autoridad competente, en este caso la Subdelegación del Gobierno. Se da la circunstancia que dicha protesta coincidió con una rueda de prensa que había convocado el PP en esa localidad onubense.
Según detallan fuentes populares a Huelva24, entre los manifestantes que portaban pancartas y silbatos se encontraban concejales del PSOE de la localidad y trabajadoras del Ayuntamiento que dirige la secretaria general de los socialistas de Huelva, María Eugenia Limón. En los carteles se leían mensajes en contra del Gobierno de la Junta y referencias a la sanidad y la educación pública. El grupo no era numeroso, apenas unas quince personas que pedían a gritos la dimisión de Juanma Moreno.
La protesta se situó en el mismo punto en el que el PP había convocado a los medios de comunicación para informar sobre distintas inversiones en la comarca. Entre los proyectos mencionados, se habló de la planta de tratamiento de residuos del Andévalo, con una partida total de 4,3 millones de euros.
Las mismas fuentes señalan que a pesar de moverse para distanciarse de la protesta y alejarse de los gritos, los manifestantes también se desplazaron en un claro intento por boicotear la comparecencia. En la imagen que acompaña a esta información se observa cómo el presidente del PP de Huelva, Manuel Andrés González, atiende a los medios y a sus espaldas, a escasa distancia se encontraban los manifestantes.
La ley que regula el derecho de reunión establece que los promotores de una concentración-manifestación tienen que comunicar a la autoridad la celebración de la misma con un plazo mínimo de antelación. La autoridad puede proceder a no autorizarla si existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones de orden público, con peligro para personas o bienes.
