La regulación de las viviendas turísticas provoca la anulación de 403 licencias en Huelva

En la capital se localizan 52 de ellas y es la segunda provincia andaluza con menos licencias anuladas, solo por detrás de Jaén, estando Málaga y Granada a la cabeza

La Junta cancela en Huelva 280 viviendas de uso turístico

Huelva se mantiene como la ciudad de Andalucía que tiene menos pisos turísticos

Cajetín con la llave lista para recibir a huéspedes en una vivienda turística ABC
H. Corpa

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La provincia de Huelva ha registrado la cancelación de 403 licencias de viviendas de uso turístico (VUT) desde principios de 2024 hasta agosto de 2025, lo que evidencia una aceleración en las bajas durante los últimos meses. El pasado 21 de marzo, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, informó de que las cancelaciones en la provincia ascendían a 280. Del total actual, 52 se localizan en la capital.

Esta medida forma parte de una acción a nivel autonómico impulsada por la Consejería de Turismo, que ha supuesto la anulación de 10.266 licencias en toda Andalucía, frente a las 6.771 que se contabilizaban en marzo. Según los datos de la Dirección General de Ordenación Turística, las cancelaciones se han producido de parte o de oficio a instancias de los consistorios y de la propia Consejería.

Según los datos de la Dirección General de Ordenación Turística, las cancelaciones se han producido de parte o de oficio a instancias de los consistorios y de la propia Consejería. Por provincias, Málaga es la que registra el mayor número de cancelaciones con 3.812 –1.280 en la capital–, seguida de Granada con 1.807 –988 en la capital–; Cádiz con 1.352 –471 en la capital–; Sevilla con 1.198 –1.067 en la capital–; Almería con 686 –121 en la capital–; Córdoba con 679 –569 en la capital–; Huelva con las citadas 403 –52 en la capital–, y Jaén con 329 –80 en la capital–. En total, las cancelaciones en las capitales de provincia representan el 45% del total.

Una chica arrastra una maleta por el casco histórico de una ciudad andaluza abc

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha señalado que estas cifras demuestran que la gestión turística «no está pensada sólo para el visitante», ya que se busca un modelo donde el residente sea «un actor decisivo a la hora de planificar nuestras políticas». Bernal ha añadido que, ante la proliferación de esta modalidad de alojamientos, «vimos la necesidad de trabajar mano a mano con los ayuntamientos, que son los competentes a la hora de planificar su modelo de ciudad».

Fruto de esta colaboración, la Junta de Andalucía ya ha firmado seis convenios para controlar las VUT con los ayuntamientos de Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, Jerez de la Frontera y Almería. Además, se encuentran en vías de formalización acuerdos con otros municipios como Córdoba, El Puerto de Santa María o Alhaurín El Grande.

La capital, una excepción

A diferencia de capitales como Sevilla o Córdoba, donde la proporción de alojamientos turísticos en la capital es significativa, en Huelva solo el 4,5% de las VUT se encuentran en la capital, ya que la mayoría están ubicadas en municipios costeros como Ayamonte, con 1.249 viviendas, Isla Cristina con 520 y Punta Umbría con 216. En total, la provincia de Huelva registra 3.181 viviendas de uso turístico.

Es comprensible, por lo tanto, que la ciudad de Huelva, concretamente, se mantenga sin restricciones específicas para este tipo de inmuebles mientras otras capitales andaluzas están tomando medidas para limitar su proliferación

Críticas al Gobierno y nuevas herramientas

Arturo Bernal ha recordado que la Junta lleva tres años solicitando una Conferencia Sectorial al Ministerio de Turismo para afrontar la proliferación de las VUT en todo el país. «Continuamos sin respuestas. Sorprende el poco peso que el turismo tiene en el Gobierno central, pese a ser una de las principales industrias de España», ha lamentado.

La estrategia de la Consejería se apoya en el Decreto 31/2024, que permite a los ayuntamientos establecer limitaciones al número máximo de VUT por edificio o zona por razones de interés general. Esta norma se complementa con el Decreto-ley 1/2025, que ofrece mayor seguridad jurídica a los consistorios para adecuar esta actividad económica a su modelo de ciudad.

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