Matalascañas se echará a la calle contra la zona azul y la falta de inversión municipal
La Asociación de Propietarios prepara una concentración para el 25 de julio donde rechazarán la implantación del aparcamiento de pago, anunciado para 2026
Reclamarán también inversiones que mejoren los servicios e infraestructuras del núcleo costero, que consideran «abandonado»
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La Asociación de Propietarios de Matalascañas ha convocado a vecinos y empresarios de la localidad costera a una concentración pacífica el próximo 25 de julio a las 11.00 de la mañana en la rotonda principal de entrada, como protesta ante la inminente implantación de la zona azul en el núcleo urbano. El cartel que circula estos días por Matalascañas denuncia lo que consideran un abandono por parte del Ayuntamiento de Almonte y rechaza frontalmente la creación de zonas de estacionamiento regulado de pago, previstas para entrar en vigor en 2026. Además, la organización anima a los empresarios y hosteleros a cerrar sus puertas durante una hora como señal de protesta durante la concentración.
Según la información difundida por la asociación, los propietarios de viviendas advierten que tendrán que pagar hasta 435 euros al mes por estacionar en la vía pública. El pliego de condiciones técnicas establece tres zonas tarifarias en función de la proximidad a la playa. En la zona 1, que abarca hasta 250 metros del litoral, el coste mensual estimado para un propietario que desee estacionar diariamente asciende a 285 euros. En la zona 2, que va de 250 a 500 metros, el coste se eleva a 435 euros mensuales. Finalmente, en la zona 3, que cubre desde 500 metros hasta la carretera norte, el precio es de 405 euros mensuales. Las zonas 2 y 3, mayoritariamente residenciales, exigen además renovar el ticket hasta cuatro veces al día y mover el vehículo para buscar otra plaza. Los vecinos consideran desproporcionados estos importes y denuncian que la medida no responde a las necesidades reales del núcleo, que triplica su población en verano.

La Asociación de Propietarios sostiene que la aprobación del contrato de licitación en el pleno municipal se produjo en condiciones irregulares. Según su comunicado, una concejala del equipo de Gobierno no expresó su voto de manera afirmativa ni levantó la mano, lo que consideran una abstención que habría impedido alcanzar la mayoría absoluta necesaria. Por ello, califican el proceso de «éticamente reprobable y jurídicamente cuestionable» y anuncian nuevos recursos ante las autoridades competentes.
Procedimiento supendido
No es la primera vez que el proyecto de la zona azul se encuentra con obstáculos legales. El Tribunal Contractual de la Junta de Andalucía ya anuló un contrato anterior al detectar deficiencias como la falta de motivación para incluir obras en el servicio. Ahora, el procedimiento vuelve a estar suspendido tras una nueva resolución del Tribunal de Recursos Contractuales, que ha dictado la paralización cautelar del proceso tras el recurso de una empresa interesada en la licitación.
El Ayuntamiento de Almonte defiende la zona azul como una medida para ordenar el estacionamiento y cubrir la demanda en las áreas más saturadas, argumentando que la regulación permitirá un uso más equitativo del espacio y contribuirá a la mejora de infraestructuras como el asfaltado de calles. El contrato, valorado en más de 38,9 millones de euros y con una duración de 30 años sin posibilidad de prórroga, prevé la creación de 6.600 plazas distribuidas en tres categorías según la distancia a la playa.
Por el contrario, la Asociación de Propietarios y buena parte de los vecinos consideran que la medida tiene un fin recaudatorio y que la vinculación del asfaltado de la urbanización al contrato de la zona azul es arbitraria y perjudica tanto a residentes como a empresarios y trabajadores del sector turístico. Denuncian que la implantación de la zona azul no mejorará la movilidad ni la rotación de vehículos y que generará problemas económicos para comercios, chiringuitos y hoteles, además de suponer una carga adicional para quienes ya pagan impuestos municipales.
La protesta convocada para el 25 de julio busca visibilizar el rechazo de la ciudadanía a una medida que, según la asociación, nunca ha contado con el respaldo mayoritario de los vecinos, que reclaman una playa digna, inversiones en infraestructuras y transparencia en la gestión de los fondos municipales. La Asociación de Propietarios insiste en que la unión de la ciudadanía es fundamental para frenar lo que califican de imposición abusiva y llama a la participación de todos los afectados en la concentración, que finalizará a las 12.00 horas.