Las ayudas del plan Doñana enfrentan a los municipios: desacuerdo en los criterios para acceder a las mismas
Las 14 localidades incluidas en el pacto no logran consensuar los criterios de reparto de 70 millones
Hay distintos criterios en torno a la cuantía fija a asignar por localidad o a la preferencia de los municipios con término municipal en Parque Nacional
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Los 14 municipios del entorno de Doñana que, en el marco de las actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural, recibirán del Ministerio la cantidad de 70 millones de euros para llevar a cabo iniciativas que propicien este desarrollo, no se ponen de acuerdo en los criterios en base a los cuales se habría de llevar a cabo este reparto.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico les han instado a que sean ellos -se trata de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, Rociana del Condado, Palos de la Frontera, Bollullos par del Condado, Pilas, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Hinojos, Aznalcázar, Isla Mayor y Sanlúcar de Barrameda- quienes acuerden las reglas para acceder a estas ayudas, apelando al consenso y la solidaridad entre los municipios, y a la fijación de unos criterios que beneficien a las distintas poblaciones del área de influencia.
Sin embargo, después de dos reuniones en Almonte -la última de ellas, el pasado viernes 29 de diciembre-, este periódico ha podido saber que las posturas se encuentran bastante alejadas y que, por el momento, no se perfila un posible acuerdo entre los municipios.
«El viernes nos levantamos de la mesa sin apenas puntos en común, así que hemos decidido darnos un tiempo, madurar las posturas y ya volveremos a sentarnos», han señalado a huelva24.com algunos de los alcaldes participantes en estos encuentros.
Más allá de la diferencia de opiniones acerca del peso que deberían tener aspectos como la población, la renta per cápita, o la superficie destinada a cultivos agrícolas en cada uno de los municipios, el principal escollo estaría en la cantidad fija que se queda de inicio cada ayuntamiento, y el modo en el que se reparte la cantidad restante.
Mientras que los municipios en cuyo territorio se encuentra el del Parque Nacional de Doñana -a saber, cuatro: Almonte, Hinojos, Aznalcázar y La Puebla del Río- defienden que esta circunstancia debe ser determinante en el reparto, habiendo incluso planteado que el 50% de los 70 millones debería repartirse entre ellos cuatro, y el otro 50% entre los 14 en base a distintos criterios como la población, los otros diez municipios afectados no estarían de acuerdo con este planteamiento.
Especial oposición han mostrado en este sentido los municipios de la Corona Norte de Doñana que sin contar en su territorio con ni una sola hectárea de Parque Nacional consideran que son los más afectados por la reconversión planteada del entorno del parque, además de reivindicar -en buena medida- como un logro propio el acuerdo alcanzado sobre el espacio natural.
Así, más allá de Almonte, el resto de municipios de la Corona Norte -Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Bonares y Moguer- defiende que las actuaciones impulsadas en el área de influencia por Gobierno y Junta responden a la presión que han venido ejerciendo en los últimos años reclamando agua para sus tierras, y se reivindican como legítimos destinatarios, en igualdad de condiciones, de las ayudas promovidas, que vienen a suplir la ausencia de agua superficial en sus territorios.
De este modo, los diez pueblos que no engloban en su términos municipales las tierras del Parque Nacional consideran que los otros cuatro, en cuyo territorio sí está el Parque Nacional, ya reciben subvenciones -diferentes y cuantiosas- por esta circunstancia, y defienden un fijo de base más elevado para posibilitar que todos los municipios tengan la capacidad de emprender proyectos propios y sacar un verdadero beneficio de este acuerdo histórico para Doñana.
El Marco de actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del espacio natural de Doñana establece, en su punto número 10, ayudas para promover proyectos a nivel local, actuaciones que fomenten la innovación y la diversificación económica en los municipios de dicho área de influencia, e inversiones específicas para el desarrollo de nuevas actividades económicas ligadas a la transición ecológica que favorezcan el desarrollo endógeno y sostenible.
Así, determina además que «las administraciones locales del área de influencia del Espacio Natural de Doñana tienen un papel fundamental a la hora de garantizar unas infraestructuras y unos servicios públicos adecuados que permitan fijar la población al territorio», y señala que desde la Administración General se debe «apoyar a los municipios de la zona para garantizar que tengan capacidad suficiente para prestar los servicios demandados por la población».
En este contexto fija estas ayudas, cuantificadas en 70 millones de euros, que los municipios de la Corona Norte por ejemplo ven especialmente necesarias para promover actividades y proyectos nuevos que permitan una reconversión de todos esos trabajadores agrícolas que dejarán de cultivar sus tierras, más allá de la renaturalización que deberá hacerse del territorio.
De no alcanzar ningún acuerdo finalmente será el Ministerio el que decida los criterios para llevar a cabo el reparto de estos 20 millones de euros, para lo que habría dado a los municipios lo que resta de mes de enero para tratar de alcanzar un consenso.
Aunque hoy por hoy las posturas están bastante alejadas, los alcaldes y alcaldesas consultados por este periódico han confiado en conseguir un acercamiento en próximos encuentros, apelando al entendimiento y a la necesidad de ceder de todas las partes para tratar de conseguir un reparto equitativo.
Eso sí, algunos regidores también tienen claro que «no nos vamos a conformar con un mal acuerdo, porque en nuestros pueblos no entenderían que renunciáramos a unas ayudas que por derecho nos pertenecen mientras otros municipios se benefician. Antes de aceptar un mal acuerdo que nos ponga en evidencia ante nuestros vecinos, preferimos que sea al Ministerio el que establezca los criterios y, llegado el momento, responda ante ellos y explique por qué beneficia más a otros«, han valorado.
