CARTA AL DIRECTOR

El gerente del Consorcio de Bomberos niega 'acoso' a Evaristo Pérez y aclara el incidente en la mutua

Ante la proliferación de informaciones difundidas por parte del Sindicato Andaluz de Bomberos sobre el supuesto acoso a un trabajador que tiene abierto un expediente disciplinario, creo necesario dejar determinadas cuestiones claras, especialmente desde la última publicación firmada por el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), en las que se acusa al Consorcio y un funcionario, oficial del servicio, de impedir que se atienda al señor Evaristo J. Pérez en la mutua Asepeyo.

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Dicho así, a modo de titular sensacionalista, la polémica está servida y se echa más leña al fuego de la 'cruzada' emprendida por este señor contra cualquiera de los funcionarios que tenemos un puesto de responsabilidad en este servicio y que al igual que él conseguimos una plaza en la Administración Pública con mucho esfuerzo y estudio.

Una lucha, término bélico con el que él mismo denomina a sus acciones, para la que no le duelen prendas tergiversar los hechos, contar “verdades” a medias y ocultar la parte que no le interesa para no desbaratar su propósito. Por ello, creo que es de justicia contar el desarrollo de los hechos tal y como ocurrieron.

El viernes 22 de julio, el señor Evaristo Pérez junto con su compañero Carlos Rodríguez Alonso se personas sobre las 14.30 en la mutua de accidentes de trabajo Asepeyo, para que lo atiendan por persecución y para solicitar la baja psicológica. Los trabajadores de la mutua, al no llevar el señor Evaristo Pérez un documento de derivación de accidente de trabajo, llaman al Consorcio para solicitar confirmación de la existencia del supuesto accidente a fin de atenderlo. 

El funcionario del Consorcio, D. Simón Díaz, al no tener constancia de la existencia de ningún accidente laboral sufrido por el señor Evaristo Pérez, les traslada esta información a los trabajadores de Asepeyo y comenta que si lo que solicita es una baja por ansiedad o depresión, por el supuesto acoso laboral, debe ir a un centro de salud para que lo valore su médico de cabecera, ya que esa patología que refiere se encuadra más en una contingencia común, ya que no se trata de un accidente de trabajo.

A partir de ahí, estos dos señores comenzaron a elevar la voz increpando a los trabajadores de Asepeyo, incluso profiriendo amenazas, hasta el punto que los mismos trabajadores les conminaron a abandonar las dependencias y al negarse, los trabajadores de la mutua se vieron obligados a llamar a la Policía, y no al revés, como han querido hacer ver en su carta. Cuando la Policía se persona y es informada por parte de los trabajadores de la mutua, los agentes les indican a los dos bomberos que los empleados de la mutua cumplen con su trabajo y que si no estaban de acuerdo podían pedir la hoja de reclamaciones, cosa que hacen y se marchan sobre las 16.45 horas. 

Como se puede comprobar, los hechos difieren mucho de la versión tergiversada que simplemente con fines difamatorios y muy mala intención han querido hacer llegar a la opinión pública a través de una carta al director en este medio por parte del Sindicato Andaluz de Bomberos, que curiosamente nadie firma personalmente.

Esta fue la realidad de los hechos, pero este señor sigue afirmando que se siente perseguido, y la realidad es que el expediente abierto por las grabaciones y declaraciones por él realizadas no es una persecución contra nadie, se valoran y juzgan unos hechos dentro del marco disciplinario que los trabajadores públicos estamos obligados por normativa, no se juzga a las personas. El sistema de aplicación del régimen disciplinario a los trabajadores públicos es muy garantista, es un proceso complejo que requiere de hechos muy probados para poder aplicar una sanción y sobre la cual, si no se está de acuerdo, se puede acudir a la vía judicial para garantizar más los derechos.  Si esto fuera un montaje para perseguir a esta persona estaríamos implicados todo un elenco de funcionarios públicos que participan en la gestión de un expediente, y si esto fuera así no sé a qué espera el señor Evaristo Pérez, todos los que lo apoyan y su sindicato para poner una denuncia en los juzgados.  

Sin embargo, es más sencillo, barato y gratuito poner en tela de juicio a los funcionarios públicos que tenemos responsabilidad en la gestión o dirección de servicios públicos a los que continuamente se cuestiona su profesionalidad, e incluso su persona, con informaciones tergiversadas y manipuladas. ¿Quién persigue a quién?

José Antonio Ramírez García

Director Gerente y Funcionario del Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamentos de Huelva

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