El reparto de los fondos del PFEA en Huelva sale adelante pero con la abstención de la Junta y la Diputación
La subdelegada del Gobierno, María José Rico, se disculpa ante los miembros de la comisión por la convocatoria en la que daba por hecho su voto
José Manuel Correa: «Es algo que no puede volver a pasar porque genera controversia y malestar»
La Junta le pide explicaciones a la subdelegada del Gobierno en Huelva por la metedura de pata con el reparto de fondos del PFEA
Una convocatoria de la subdelegada del Gobierno de Huelva enfurece a la Junta y Diputación: «Es una evidente falta de lealtad institucional»
El delegado de la Junta en Huelva, José Manuel Correa, junto a los delegados de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo y de Justicia, Administración Local y Función Pública, Juan Carlos Duarte y Carmen Céspedes, respectivamente, han valorado en rueda de prensa la primera reunión de la comisión de seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), que se ha celebrado esta misma mañana y que ha salido adelante pese a la abstención de la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva, que han solicitado más información sobre la base de cálculo que han realizado los técnicos para repartir el dinero entre los diferentes ayuntamientos de la provincia onubense.
Una reunión que ha venido marcada por la tensión de los últimos días después de que Huelva24.com adelantara la semana pasada el enfado de la Junta y la Diputación con la subdelegada del Gobierno de Huelva, María José Rico, a la que acusaron de «deslealtad institucional» por convocar «de manera unilateral» a los ayuntamientos para informarles del reparto de los fondos para el fomento del empleo agrario, anunciando, además, la aprobación unánime de unas cuantías sin que todavía se hubiese reunido la comisión que debía autorizarlas.
Rico daba por hecho el voto favorable de los integrantes de la comisión provincial de seguimiento del programa de fomento del empleo agrario (PFEA) que ella preside; una mesa en la que se sientan la Junta, sindicatos, la FAMP, la FOE o Diputación, entre otros. El pasado 25 de abril, Rico firmaba una convocatoria dirigida a todos los ayuntamientos de la provincia para convocarles a una reunión que se había fijado para el próximo 9 de mayo en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Empresariales. Huelva24 tuvo acceso a esa convocatoria en la que se relataba que la comisión provincial del PFEA se había reunido el 6 de mayo y había votado de manera unánime «la asignación de fondos máximos disponibles a cada corporación local». La comisión provincial, como es evidente ya que aún no era 6 de mayo, no se había reunido todavía para decidir qué dinero iba a ir para cada localidad, por lo que tampoco sus miembros habían podido votar. A pesar de todo, la subdelegada daba ya por hecho cuál iba ser su postura.
Tanto la Junta como la Diputación y la FAMP se quejaron por escrito a la Subdelegación del Gobierno y le exigieron a María José Rico aclaraciones por haber dado por hecho el voto de los miembros de la comisión. Esta mañana José Manuel Correa, el delegado de la Junta en Huelva, mostraba «nuestra disconformidad y malestar» con la subdelegada, ya que «en la citación daba ya por supuesto el sentido de las votaciones en los puntos a tratar por la comisión».
«Nos sorprendió ya que daba por hechos una serie de acuerdos que, de hecho, en la reunión de hoy no se han cumplido», añadía Correa, que reconocía que Rico «nos ha pedido disculpas», aunque también matizaba dolido que «es algo que no puede volver a pasar porque genera controversia y malestar entre los miembros de la comisión». Además, también significaba que "cuatro días sólo de margen desde que nos llegó la convocatoria son muy pocos, y más teniendo en cuenta que sólo dos de ellos eran hábiles. Sabiendo que esto se convoca sí o sí de año en año, creemos que al menos se debería enviar con unos diez días de margen para que los técnicos puedan estudiar bien todos los aspectos. No ha habido tiempo y por eso hemos renunciado a votar a favor varios de los temas que se han tratado esta mañana".
Más contundente se mostraba ante los medios Carmen Céspedes, la delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública. «María José Rico ha citado a los ayuntamientos antes que a los miembros de la comisión. Esto es como si en una comunidad de vecinos te citan para hablar de poner una escalera cuando ya han aprobado colocarla. La actual subdelegada del Gobierno ha roto la buena sintonía que teníamos».
Céspedes apuntaba también que "se reparte mucho dinero, más de 16 millones que pone el SEPE pero casi la mitad la Junta y la Diputación. Nosotros estaríamos dispuestos a aumentar esa cantidad, pero como todavía no hay Presupuestos Generales del Estado...".
Más de 16,4 millones en ayudas al empleo agrario
La Comisión Provincial de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha aprobado esta mañana la distribución provincial de los fondos que el Estado destina cada año a financiar este programa al que contribuyen todas las Administraciones públicas, aunque con la abstención de la Junta de Andalucía y la Diputación de Huelva. La contribución estatal se refiere, en concreto, a los fines establecidos en este programa encaminados a la generación de empleo en el medio rural y evitar su despoblación.
Correa explicaba que "no hemos estado de acuerdo con la base de cálculo para distribuir los fondos de garantías. No hay criterios técnicos para que sepamos cómo han hecho el reparto. Nos hemos abstenido en la votación pero por operatividad para que los proyectos puedan salir adelante, ya que nos falta mucha información. Por eso no le hemos dado validez y hemos hecho algunas reclamaciones que nos han dicho que nos aclararán en la próxima reunión de la comisión". La misma tendrá lugar a finales de junio, ya que el día 19 de mayo se abrirá un plazo de un mes para presentar proyectos y después la reunión se celebrará unos diez días después. "Creemos que un mes es poco plazo para que los técnicos analicen las cuestiones a tratar y trataremos de que se amplíe un poco", cometnaba.
Este año la asignación provincial para subvencionar la contratación por parte de las corporaciones municipales o entidades dependientes o vinculadas a la Administración Local de trabajadores agrarios desempleados en proyectos de remodelación y rehabilitación urbanística asciende a 16.404.602,64 euros. La ejecución de los proyectos de las entidades locales beneficiarios de los fondos de este programa se podrá realizar hasta finales de 2026.
La mayor parte del presupuesto estatal para el PFEA destinado a la provincia corresponde al Plan de Garantías de Rentas, cuyo objetivo es asegurar la estabilidad de los ingresos de los trabajadores eventuales del campo mediante su contratación en los períodos que estén desempleados para trabajar en proyectos de interés público y social, conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental, así como proyectos para mejorar las infraestructuras urbanas de los pueblos.
En concreto, el Plan de Garantías de Rentas está dotado en la provincia con 15.169.478,83 euros. Las subvenciones que corresponden a este Plan del PFEA las determina el SEPE mediante un procedimiento de concesión directa, al quedar suficientemente acreditadas las razones de interés público y social que dificultan su convocatoria pública.
Plan Generador de Empleo Estable
El resto del presupuesto del PFEA para Huelva, que asciende a 1.235.123,79 euros, se reserva al Plan Generador de Empleo Estable, que financia los proyectos generadores de nuevos empleos estables en actividades económicas respetuosas con el medio agroforestal y afectadas por la crisis climática. Al igual que el año pasado, para la concesión de las subvenciones a cargo de este Plan, este año se ha establecido el procedimiento de concurrencia competitiva, a través de convocatoria pública.
Dicho procedimiento se rige por una serie de criterios que atienden, en primer lugar, a determinados servicios de interés general y social (desde los enfocados a la mejora de las viviendas a los que buscan promover el turismo o proporcionar servicios cotidianos relacionados con la conciliación familiar y la atención a las personas dependientes), así como atienden la potencialidad del proyecto para la creación permanente de puestos de trabajo, la empleabilidad en competencias, empleos verdes y/o digitales, a la vez que se tiene en cuenta la integración del principio de igualdad entre otros requisitos.
