Así funcionará la primera oficina antiokupa de Huelva a partir de enero

María Carmona

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13/11/2025 a las 12:45h.

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El Ayuntamiento de Huelva y el Ilustre Colegio de Abogados (ICA Huelva) han firmado este miércoles el convenio de colaboración para la creación de la Oficina de Asistencia Antiokupa, un nuevo servicio que entrará en funcionamiento de forma efectiva el próximo 1 de enero con el objetivo de «ofrecer información y orientación jurídica« a los ciudadanos afectados por ocupaciones ilegales de viviendas.

El acuerdo ha sido rubricado en el Salón de Plenos del Consistorio por la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y el decano del Colegio de Abogados, Antonio Bernal Martínez, quienes han coincidido en subrayar la importancia de este nuevo instrumento de apoyo ciudadano.

«Hoy presentamos la oficina Antiokupa, una oficina que yo creo que va a dar un buen servicio», ha señalado la alcaldesa, que ha explicado que el Ayuntamiento ha confiado en el Colegio de Abogados «porque ello nos inspira mucha confianza, ya que son muy buenos profesionales».

Miranda ha detallado que la oficina -cuya ubicación aún está por determinar, pues puede ser en dependencias municipales o en la sede del Colegio de Abogados- ofrecerá un servicio gratuito e inmediato y podrá utilizarse de forma presencial, telefónica o virtual. «Con esta oficina pretendemos dar información a la población», ha insistido, recordando que aunque la competencia en materia de ocupaciones corresponde a la Subdelegación del Gobierno y a la Policía Nacional, el Ayuntamiento «como administración más cercana al ciudadano debe también colaborar».

Así, este nuevo servicio contará con «una guía práctica que recogerá los pasos que debe seguir cualquier persona que se enfrente a un caso de ocupación en su vivienda«. Además, el Colegio de Abogados elaborará un informe trimestral sobre la situación de las ocupaciones en la ciudad y organizará »jornadas formativas para seguir profundizando en la materia«.

Por su parte, el decano del Colegio de Abogados, Antonio Bernal, ha destacado que este convenio permitirá «visibilizar aún más la función del abogado» en la sociedad, subrayando que «muchas veces los ciudadanos consultan primero en internet o incluso en la inteligencia artificial antes de acudir a un profesional, y eso suele agravar el problema». Por eso, ha explicado, esta oficina servirá para que «el ciudadano entre en contacto directo con un abogado y reciba la información y orientación adecuadas».

El decano ha precisado que durante las próximas semanas se trabajará en la organización administrativa del servicio, que comenzará a funcionar plenamente a principios de año. Mediante este servicio, «el ciudadano afectado va a entrar en contacto directo con un abogado. Puede que haya un servicio administrativo previo para filtrar llamadas, ordenar y seleccionar, pero la atención final al ciudadano, la información y la orientación, la recibirá de un abogado en ejercicio«.

«Nadie o prácticamente nadie consulta a un abogado para firmar un contrato de arrendamiento y, claro, luego pasa lo que pasa cuando los arrendatarios te salen rana, así que, por nuestra parte, encantados de la firma de este convenio», ha insistido, señalando que los problemas de okupación, en sus diferentes variantes, suponen «una parte importante de la litigiosidad actual», tanto en la vía civil como penal. «No solo hablamos del ocupa que entra por la fuerza, sino también del inquilino que deja de pagar pero no abandona el inmueble», ha explicado.

Así, con esta iniciativa, el Ayuntamiento y el Colegio de Abogados buscan ofrecer una respuesta cercana y eficaz a «un problema que preocupa a muchos vecinos», ha señalado la alcaldesa, que ha agradecido también su implicación al grupo municipal de Vox, que incluyó la creación de esta oficina en su acuerdo de investidura.

De hecho, su portavoz en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font, ha estado presente este jueves en la firma del acuerdo, asegurando que el grupo se mantendrá vigilante sobre el funcionamiento de esta oficina,y que reclamará que se aumente el presupuesto destinado la misma, que ahora mismo está fijado en 12.000 euros anuales.

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