Dos alcaldes de Punta Umbría, ante el juez por hacer presuntamente la vista gorda con las irregularidades de los chiringuitos

Mario Asensio Figueras

Huelva

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08/10/2025 a las 07:17h.

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La exalcaldesa de Punta Umbría Aurora Águedo, y el alcalde actual, José Carlos Hernández Cansino, declaran este miércoles ante el juez por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada en el caso del Chiringuito Diego Canaleta. Este negocio funcionó sin licencia municipal durante años, en los que ha acumulado decenas de denuncias de los vecinos desde 2019 por exceso de ruido. Desde el Ayuntamiento no se actuó de acuerdo a la ley, según se indica en el auto judicial. El pasado mes de julio se clausuró el establecimiento cautelarmente por contaminación acústica por parte del Ayuntamiento de Punta Umbría, ya con la investigación judicial en marcha.

Tanto Águedo como Hernández Cansino comparecen este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, cuyo titular es el juez Javier Pérez. La exalcaldesa está citada a las 10.00 horas y el actual regidor a las 12.00 horas.

A ambos se les imputa un presunto delito de prevaricación omisiva del artículo 404 del Código Penal. Este castiga a una autoridad o funcionario público por dictar una resolución arbitraria en un asunto administrativo, a sabiendas de que es injusta. El delito requiere una acción dolosa, es decir, la intención de dictar una resolución injusta sabiendo que lo es, y conlleva una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público.

Aurora Águedo firmó una providencia apoyándose en un informe jurídico realizado por los propios servicios municipales que avalarían mantener el negocio en pie a pesar de su situación irregular. Al respecto el juez señaló que «este antecedente es ya una expresión de la inaceptable e inexplicable actuación de esa Administración local, pues la única obligación que tiene un alcalde con la legalidad es cumplirla; y cuando de manera expresa se indica que se quiere conciliar el interés general y público con la legalidad, se evidencia un proceder maniqueo que tiende a obviar la legalidad en aras de un supuesto interés general y público según la caprichosa interpretación de quien dicta la resolución».

Indica también que los alcaldes «han dictado diversas resoluciones que de manera grosera, evidente y clara obvian la legalidad vigente en aras de un supuesto interés general y público que ellos se reservan la potestad exclusiva de apreciar».

Expone igualmente el juez que la Alcaldía de Punta Umbría han hecho «caso omiso a los informes técnicos que no interesan y han acogido un informe jurídico que se fundamenta, sin embargo, en valoraciones puramente extrajurídicas para permitir que se perpetúe la actividad prohibida pese a la constancia de su carácter molesto e insalubre para los vecinos y nocivo para el medio ambiente».

En el auto se afirma que el chiringuito de Punta Umbría clausurado «carece de concesión para el uso del dominio público marítimo terrestre, y de licencia de apertura, hecho que consta fehacientemente a todas las autoridades locales de Punta Umbría que han intervenido: Policía, Ayuntamiento, Alcaldes» y que, sin embargo, «han venido a permitir durante años que se desarrolle una actividad prohibida, molesta e insalubre en terreno de público, causando ruidos y molestias que perjudican lógicamente a vecinos que, viviendo al lado de ese negocio ilegal, ven perturbado su derecho al descanso ante una pasividad de la Administración local que sólo puede calificarse de grosera».

Ninguno de los comparecientes ha querido hacer declaraciones públicas para explicar su postura. A la hora de declarar ante el juez la estrategia de Aurora Águedo podría escudarse en informes municipales. Además, como han recordado desde el PSOE, señalaría que Hernández Cansino ya votó en su día en contra de una regularización.

La vía de Hernández Cansino previsiblemente insistiría en decir que no era conocedor de la situación y que en cuanto lo supo actuó para ejecutar la clausura del establecimiento y que ha adoptado medidas con el resto de chiringuitos, a los que ha abierto expedientes.

Sin embargo, hay un gran hermetismo con respecto a las medidas sancionadoras que se hayan adoptado o no al respecto. La realidad es que mientras el chiringuito Casa Diego cerró en julio, el resto de locales han salvado el verano con normalidad.

El PSOE indicó este martes que el actual alcalde, Hernández Cansino, «elude su responsabilidad y alega desconocimiento sobre los problemas de licencia de actividad que afectan a los chiringuitos» y que aducirá que «que no fue informado por los técnicos municipales hasta la notificación del auto judicial al principio del verano».

Al respecto Jesús Ferrera, secretario del PSOE de Punta Umbría, resaltó que «falta a la verdad y sabe que lo está haciendo, es plenamente consciente de ello«, porque «ha sido conocedor de la situación desde el principio» y que «empujado por su miedo, se escuda en los técnicos municipales y en la anterior alcaldesa para justificar su falta de respuesta» y además, deja «abandonados» a los chiringuitos.

Desde el partido que gobierna el municipio, Unidos por Punta Umbría (UPU), señalan que el socialista Jesús Ferrera está fijando una posición que perjudica a la exalcaldesa de su partido, Aurora Águedo, porque «pone el foco sobre comportamientos que precisamente son los que investiga la justicia con tal de arremeter contra nuestro alcalde». Consideran que no es una torpeza o un error, sino una «venganza» por vetarle de las listas de las últimas elecciones municipales. Por tanto, indican que la estrategia perjudica también a concejales de gobiernos socialistas entre 2015 y 2023, que «sin dudaconocieron irregularidades en los chiringuitos e incluso informes técnicos que les pedían actuar y no lo hicieron».

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