El dinero de las sanciones por los vertidos en Doñana habría financiado tres depuradoras
La situación de Matalascañas contrasta con la de otros municipios españoles donde la presión europea ha acelerado la ejecución de estas infraestructuras
El doble castigo a Matalascañas: siete años de sanciones europeas y un paseo marítimo que se desmorona
El caso de la depuradora de Matalascañas es el ejemplo perfecto de cómo la inacción y la falta de inversión pública pueden acabar saliendo mucho más caras que abordar el problema desde el principio. España ha pagado ya más de 74 millones de euros en sanciones impuestas por la Unión Europea debido a los vertidos de aguas residuales en el entorno de Doñana, una cifra que triplica el coste estimado de la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas, presupuestada en torno a los 27-29 millones de euros.
La cronología de este sinsentido arranca hace más de una década, cuando la Comisión Europea comenzó a advertir a las autoridades españolas sobre el incumplimiento de la normativa comunitaria en materia de depuración de aguas residuales. El núcleo turístico de Matalascañas, situado junto al Parque Nacional de Doñana, ha sido uno de los principales focos de atención por el impacto directo de sus vertidos en uno de los ecosistemas más valiosos de Europa.
En 2018, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España a pagar una multa de 12 millones de euros por el incumplimiento de la directiva de aguas residuales, además de una sanción semestral que, en el caso de Matalascañas, ha seguido sumando millones a la factura pública por cada semestre de retraso en la puesta en marcha de la nueva depuradora. El Ministerio para la Transición Ecológica es la administración responsable de la ejecución de la EDAR de Matalascañas, al tratarse de una actuación declarada de interés general del Estado. La empresa pública Tragsa será la encargada de ejecutar las obras, en colaboración con el Ayuntamiento de Almonte y la Junta de Andalucía, aunque la responsabilidad última y el pago de las multas recaen sobre el Gobierno central.
El proyecto ha sufrido continuos retrasos, principalmente por la exigencia de una evaluación de impacto ambiental ordinaria, dada la sensibilidad del entorno de Doñana. Esta tramitación ha ido aplazando la licitación y el inicio de las obras, que ahora no se prevé que concluyan antes de 2028. Mientras tanto, el dinero público sigue destinándose a pagar sanciones en lugar de invertir en una infraestructura esencial para la protección ambiental y el desarrollo turístico de la zona.
La paradoja es que, con el dinero ya desembolsado en multas, España podría haber construido no una, sino tres depuradoras como la de Matalascañas, evitando el daño ambiental y el despilfarro de recursos públicos. La falta de previsión y la lentitud administrativa han convertido un problema técnico en un agujero económico para las arcas del Estado y de reputación para las administraciones implicadas.
Huelva, la peor parada
La comparación con otros casos similares en España evidencia el desfase del caso onubense. En Barbate (Cádiz), la nueva depuradora y el sistema de saneamiento asociado están en obras desde principios de 2024, con una inversión de 35 millones de euros. Aunque la aparición de restos arqueológicos ha provocado una paralización temporal, la previsión es que la EDAR esté operativa en 2026, lo que permitirá reducir drásticamente las sanciones europeas que venía soportando el municipio. La actuación en Barbate incluye la renovación de colectores, estaciones de bombeo y la demolición de la antigua depuradora, con el objetivo de cumplir de forma estable la normativa europea y evitar nuevos expedientes sancionadores.
En el Valle de Güímar (Tenerife), la nueva depuradora entró en funcionamiento en abril de 2025, tras años de espera y con una inversión de 14,5 millones de euros. Aunque aún no opera al 100%, ya trata el 80% de las aguas residuales de la comarca y se espera que alcance su plena capacidad en breve, lo que ha supuesto un avance significativo en la protección ambiental y la reducción de vertidos al mar. El Cabildo de Tenerife ha destinado más de 40 millones de euros a la mejora integral del sistema de saneamiento, incluyendo redes de colectores y estaciones de bombeo, con el objetivo de alcanzar el vertido cero en la comarca. La colaboración entre administraciones y la inversión sostenida han sido claves para desbloquear una situación que, durante años, generó preocupación social y ambiental.
Estos ejemplos muestran que, cuando existe voluntad política y coordinación entre administraciones, es posible acelerar la ejecución de infraestructuras críticas y responder a las exigencias de la Unión Europea. En Barbate y Güímar, al contrario que en Huelva, la presión de las sanciones ha servido de acicate para priorizar las inversiones y reducir el impacto ambiental.
Además, la situación de Matalascañas resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta la relevancia internacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera. La falta de depuración adecuada en un enclave de este valor ha sido objeto de críticas tanto de organismos europeos como de colectivos ecologistas, que insisten en la urgencia de poner fin a los vertidos y restaurar la calidad ambiental del entorno. Mientras tanto, España sigue figurando entre los países de la UE con más infracciones ambientales activas, muchas de ellas relacionadas con la gestión deficiente de las aguas residuales urbanas.
El caso onubense, en este sentido, es paradigmático, pues la tramitación ambiental y los retrasos administrativos han prolongado tanto el daño ambiental como el coste económico y de reputación para el Estado, convirtiendo a Doñana en el mejor ejemplo de cómo no gestionar un espacio natural, al menos en todo lo relacionado con su recurso más preciado: el agua.
