Los empresarios salen en defensa del sector de los chiringuitos, salpicado por el escándalo de Punta Umbría
La FOE asegura que son «esenciales para la economía» aunque al mismo tiempo exigen «sin ambages» que se cumpla la legalidad vigente
El juez que ha provocado el cierre del chiringuito Casa Diego Canaleta de Punta Umbría: «Durante años se ha permitido una actividad prohibida, molesta e insalubre»
La Justicia ha posado su foco en la situación administrativa de los chiringuitos de Punta Umbría y más concretamente en el conocido Casa Diego Canaleta, que recibía recientemente un solete de la Guía Repsol por la calidad de su cocina. A pesar de esa fama y reconocimiento, fue clausurado la semana pasada y un juez de Huelva ha puesto de manifiesto hace sólo un mes que ese establecimiento lleva años operando sin licencia municipal y ha citado como investigados al alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, y a su antecesora en el cargo, Aurora Águedo, por posible delito de prevaricación. Un proceso judicial que se inició a raíz de las denuncias de los vecinos de la Canaleta, que llevan años quejándose de los ruidos.
Este escándalo, que ya ha saltado a los medios, ha provocado una primera reacción de defensa sobre el sector de los chiringuitos por parte de la Federación Onubense de Empresarios (FOE) . «Es imprescindible alzar la voz» para evitar que un problema puntual arrastre injustamente la imagen de toda una actividad que es esencial para la economía y el desarrollo turístico de la provincia», señalan en un comunicado remitido a los medios.
Así señalan que estos establecimientos de playa son «mucho más que negocios de hostelería» ya que «forman parte de la identidad de la costa onubense, generan empleo de manera directa e indirecta, dinamizan el turismo, sostienen el comercio local y contribuyen a la cohesión social de los municipios». Asimismo, apunta que son, «en su inmensa mayoría, pequeñas empresas y negocios familiares que con su esfuerzo diario ofrecen calidad y hospitalidad, con una experiencia lúdica y gastronómica que convierte a Huelva en destino de referencia».
Si bien, la FOE exige «sin ambages» la «necesidad de respetar la legalidad y que se garantice que la actividad debe ajustarse a la normativa vigente», aunque «no estigmatizar de forma indiscriminada a un colectivo de empresarios que ha demostrado sobradamente su compromiso con el desarrollo sostenible, el empleo y la buena convivencia».
Problema no puntual
En el auto judicial que acuerda la imputación de los dos alcaldes y del dueño de Casa Diego se detalla que existe un informe del arquitecto municipal de Punta Umbría que advierte que la mayoría de los chiringuitos de la localidad se encuentran en situación irregular. Es decir, que no es un problema exclusivo del chiringuito que acaban de clausurar. Y es que el problema más frecuente de estos establecimientos es que se ubican en suelo no autorizado y que por tanto hace imposible que se les otorgue una licencia municipal.
La FOE subraya que lleva «muchos años tratando de concienciar a las administraciones correspondientes en esta materia, de la mano de los propios empresarios afectados, con el fin de lograr un escenario legal que ordene la actual situación».
