Los guardeses de la casa hermandad del Rocío de Madrid denuncian haber trabajado 15 años sin contrato
Huelva24 se puso en contacto con la hermandad para recabar su versión. Tras varios días de espera, el hermano mayor declinó responder a las preguntas de este medio y remitió un comunicado
Los antiguos guardeses de la casa de la Hermandad del Rocío de Madrid, situada en la aldea de El Rocío, han presentado una querella penal contra la corporación y varios miembros de su junta de gobierno al considerar que fueron víctimas de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. La denuncia, registrada ante los juzgados de Instrucción, sostiene que Ion y Elena Musa habrían trabajado durante más de 15 años encargándose del mantenimiento, la limpieza y la atención de los hermanos y los usuarios de las instalaciones sin contrato laboral y sin haber sido dados de alta en la Seguridad Social.
El matrimonio, padres de dos hijos, asegura que comenzó a trabajar en la casa en febrero de 2008. Según se recoge en la querella, se les asignó una «infravivienda de 27 metros cuadrados» dentro de las instalaciones y un sueldo conjunto de 500 euros mensuales, sin cotización, vacaciones ni descanso establecido. «Hemos estado a disposición 24 horas al día, siete días a la semana», explica Ion en conversación con Huelva24. «Pero aguantábamos porque teníamos niños pequeños y no teníamos dónde ir. Lo que no nos esperábamos era que acabase así».
Ambos sostienen que su labor incluía «limpiar, recibir a quienes hacían uso de la casa, gestionar llaves, arreglar desperfectos y preparar el edificio cada año», con ocupaciones que iban mucho más allá de los días de romería. Así, la casa hermandad «se alquila y esta muy poco tiempo vacía a lo largo del año, lo que da mucho trabajo». Trabajo que «siempre hemos asumido nosotros», asegura en declaraciones a este periódico. Así, señalan que su relación con la hermandad era continua y conocida por las diferentes juntas directivas que se han ido sucediendo a lo largo de estos últimos años.
Despido y orden de desalojo
En junio de 2023, Ion fue despedido. Según relata, el motivo que se le comunicó fue que «no podía seguir porque se me había dado de baja de la hermandad, cuando yo nunca fui hermano, porque soy ortodoxo, y para formar parte de las hermandades tienes que ser católico». Su esposa fue despedida diez meses después, en enero de 2024. En la carta de despido se le instaba también a abandonar la vivienda, lo que la querella interpreta como reconocimiento implícito de la relación laboral, aunque en la notificación de la filial se habla de «actividades de colaboración y mantenimiento» y de «un arrendamiento en precario del que era beneficiario».
Sin embargo, la familia sigue residiendo actualmente en la casa hermandad. «Yo, en estas condiciones, no tengo dónde marcharme. Si me dan la indemnización por despido que me corresponde, tal vez podría buscar un alquiler. Pero así, sin recursos y con nuestra edad y salud, no nos vamos a ir», sostiene Ion.
La vía judicial ya estaba iniciada en lo Social desde hace dos años, pero el juicio previsto para julio fue suspendido, fijándose nueva fecha para abril de 2026. Ante la demora, los denunciantes decidieron acudir a la jurisdicción penal. «Hemos decidido ir ya por lo penal para que se reconozca todo el trabajo que hemos dedicado a esta casa hermandad», asegura Ion.
La querella, a la que ha tenido acceso este periódico, se dirige contra la hermandad como persona jurídica y contra 15 miembros de su junta de gobierno durante el periodo 2008-2024.
La versión de la hermandad
Por su parte, Huelva24 ha contactado con la Hermandad del Rocío de Madrid para tratar de obtener su versión de los hechos y, tras varios días de espera, la filial se ha limitado a remitir un comunicado oficial en el que manifiesta su «respeto y confianza en la labor de la Administración de Justicia» y asegura que «por respeto al procedimiento judicial y a las partes implicadas, no se realizarán declaraciones públicas hasta que exista resolución firme», solicitando «prudencia a fin de preservar el correcto desarrollo del proceso«.
La familia, mientras tanto, rechaza abandonar la casa hermandad de la aldea almonteña, a la espera de una resolución que, según los plazos previstos, podría tardar aún meses. Pero «hasta que no se nos reconozcan nuestros derechos, no nos vamos a ir».
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