Colectivos sociales arremeten contra la alcaldesa de Palos tras el incendio en el asentamiento: «No quiere saber nada del asunto»
«El Ayuntamiento tiene un gran superávit pero no ha sido capaz en 25 años de dar una solución habitacional para estos trabajadores», dice Pepa Suárez de la Asociación Multicultural de Mazagón
Vuelve a arder el asentamiento del polígono San Jorge de Palos, con medio centenar de chabolas calcinadas
Así ha quedado el asentamiento chabolista de Palos tras el nuevo incendio
Un nuevo incendio ha sembrado esta madrugada de miedo, pánico y caos el asentamiento de infraviviendas ubicado en el polígono San Jorge de Palos de la Frontera. Las llamas han afectado a entre 50 y 60 chabolas y afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales más allá de alguna crisis de ansiedad, según confirman fuentes del centro coordinador de emergencias 112.
Hace apenas dos semanas ya hubo allí mismo otro fuego de gravedad que calcinó 70 chabolas, lo que propició también una vez más una situación de incertidumbre y preocupación en una zona en la que malviven muchos inmigrantes. Dicha situación provoca que las asociaciones que ayudan y defienden a este colectivo hayan alzado nuevamente la voz para protestar ante las autoridades competentes que, a su juicio, serían las que deberían evitar que ocurriesen estos siniestros si proporcionasen medios de vida más dignos
Pepa Suárez, de la Asociación Multicultural de Mazagón, señalaba a Huelva24 que se había quedado «impresionada con la noticia. Me parece una irresponsabilidad total de las autoridades, sobre todo por parte del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, que tiene un gran superávit en sus cuentas y que no ha sido capaz en 25 años de dar una solución habitacional para estos trabajadores y trabajadoras del pueblo«.
Considera que el trato que reciben los inmigrantes en esta zona de la provincia de Huelva es degradante e infrahumano: «Estas personas dejan mucho dinero en Palos porque cotizan y pagan a la Seguridad Social. Tienen sus derechos y sin embargo no están recibiendo un trato humanitario justo ni merecido. Nos parece de un racismo institucional impropio de un país democrático«.
Además, Pepa Suárez mostraba su enfado e indignación con la máxima autoridad del municipio onubense. «Nuestra asociación le pidió una reunión hace un mes a la alcaldesa de Palos, Milagros Romero, y ni siquiera se ha dignado en contestarnos. No quiere saber nada del asunto. Y repito que estas personas no sólo aportan a la economía del pueblo con su trabajo sino que también comen en el pueblo, van a los supermercados o tienen sus cuentas bancarias allí«, recalcaba.
Y concluía haciendo una nueva llamada de urgencia a las autoridades señalando que «nosotros no tenemos capacidad para ayudar pero sí que podemos llevarles ropa o comida para aliviarles un poco el dolor que están sufriendo cuando pasan desgracias como las de esta madrugada. Tratamos de alzar la voz para que las autoridades se preocupen por estas personas mucho más de lo que lo hacen. Ni siquiera las ONGs de más entidad, como Cruz Roja o Cáritas pueden hacer demasiado por ellas, sino que las que tienen que responder y ayudarles con medios son las autoridades«.
16 incendios en lo que va de año
Por su parte, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha lamentado que «hace menos de un mes sufrimos otro incendio en la misma zona, donde se vieron afectadas unas 70 chabolas, y en lo que va de año hemos contabilizado alrededor de 16 incendios en los asentamientos de Moguer, Lepe, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera».
La dirigente sindical añadía que «esta situación debería avergonzarnos como sociedad, porque no tenemos que mirar a otros países para ver cómo se vulneran sistemáticamente los derechos humanos: está ocurriendo aquí, en nuestra tierra». Perea recordaba que las personas que viven en estos asentamientos carecen de acceso a agua potable y electricidad, y sobreviven bajo plásticos que en invierno se destruyen por los temporales y en verano alcanzan temperaturas de más de 50 grados.
CCOO Huelva también ha exigido a los ayuntamientos de municipios como Lucena del Puerto o Palos de la Frontera que cumplan con su obligación legal de empadronar a las personas que residen en los asentamientos, ya que este trámite es esencial para su acceso a derechos básicos y a la regularización administrativa.
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