La Audiencia Provincial de Huelva ha acogido este miércoles la declaración del alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, por la investigación abierta sobre las irregularidades en los chiringuitos en la localidad.
Hernández Cansino, que acudía al juzgado nº 4 a declarar ante el juez en calidad de investigado, ha rechazado hacer declaraciones a los medios que aguardaban a las puertas del Palacio de Justicia, del que ha salido alrededor de las 12.30 de la mañana. Y es que pese a que en un inicio estaba citado a las doce de la mañana, el primer edil puntaumbrieño ha adelantado su declaración -que ha contado con la presencia del fiscal- tras saberse que la ex alcaldesa socialista, Aurora Águedo, finalmente no comparecería hoy.
Según han informado los abogados, Águedo ha solicitado un aplazamiento por enfermedad, con lo que su declaración se ha pospuesto.
Defensa de su actuación
Pese a su rechazo a hacer declaraciones y exponer la defensa que ha esgrimido durante su comparecencia, Hernández Cansino ya había dejado entrever que sus argumentos se basarían en el supuesto desconocimiento de la situación irregular del establecimiento cerrado por orden judicial este verano, el chiringuito Casa Diego, cuya clausura ha motivado la investigación de otras muchas situaciones irregulares entre los chiringuitos del municipio costero.
Mientras que la propiedad del chiringuito, denunciado por los vecinos de la zona tras "años de una actividad prohibida, molesta e insalubre» -según señaló el propio juez instructor en su auto- declaró este martes, en la jornada de este miércoles estaban llamados a hacerlo los dos regidores bajo cuyo mandato se ha venido desarrollando esta actividad, sin que ninguno le pusiese coto.
Así, Casa Diego era clausurado este verano por orden judicial y otros muchos establecimientos de la localidad modificaban sus usos y programaciones tras anunciarse inspecciones masivas para comprobar la existencia -o no- de licencias vigentes para según qué tipo de actividades.
Tanto Águedo como Hernández Cansino están siendo investigados por haber «permitido durante años que se desarrolle una actividad prohibida, molesta e insalubre en terreno de dominio público, causando ruidos y molestias que perjudican lógicamente a vecinos que, viviendo al lado de ese negocio ilegal, ven perturbado su derecho al descanso". Una situación que los técnicos municipales sí habían constado, emitiendo al respecto informes que, sin embargo, no fueron tenidos en cuenta por ninguno de los dos regidores para aplicar medidas correctoras.
Por ello, ambos se enfrentan a una acusación por prevaricación administrativa continuada, ya que desde el ayuntamiento no se habría actuado presuntamente conforme a la ley.
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