¿Cuáles son los ayuntamientos más transparentes de Huelva?: este es el ranking provincial

H. Corpa

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09/10/2025
Actualizado a las 10:56h.

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Un reciente y exhaustivo análisis de la plataforma colaborativa Dyntra sobre la transparencia de las administraciones públicas sitúa a uno de los ayuntamientos de Huelva, el de Aljaraque, no solo como el más cumplidor de la provincia, sino como un referente a nivel nacional. Sin embargo, hablamos de una 'rara avis' onubense, pues esta noticia sobresaliente contrasta con la realidad general de la provincia: la mayoría de los grandes consistorios suspenden en su obligación de ofrecer a los ciudadanos una ventana clara a su gestión. El informe dibuja un panorama de luces y sombras en el que la opacidad sigue siendo el patrón dominante.

El ranking, que se centra en los municipios de más de 15.000 habitantes, coloca al Ayuntamiento de Aljaraque en una posición de liderazgo absoluto con un cumplimiento del 95,68% de los indicadores evaluados. Esta puntuación lo eleva al primer puesto del ranking andaluz y a una de las primeras posiciones de toda España. A una considerable distancia se encuentra el Ayuntamiento de Huelva, que ocupa la segunda posición provincial y la novena a nivel andaluz, con un 72,22% de cumplimiento. A partir de aquí, el panorama es desolador: ningún otro ayuntamiento onubense de los evaluados logra el aprobado.

Tras estos dos únicos ejemplos positivos, la lista continúa con Lepe, que se queda en un 41,36%. Le siguen Gibraleón (33,95%) y Punta Umbría (31,48%). En la mitad inferior de la tabla se encuentran Valverde del Camino (30,25%) y Almonte (29,63%). La situación empeora en la recta final del ranking, con Cartaya (25,93%) y Moguer, que junto a Bollullos Par del Condado, se quedan en un 25,31%. Las últimas posiciones son para Isla Cristina (24,07%) y, cerrando la lista, Ayamonte, con apenas un 19,14% de los deberes hechos en materia de transparencia.

Es crucial entender qué se está midiendo y quién entra en el análisis. La evaluación de Dyntra se basa en 162 indicadores que escrutan desde la información sobre los cargos públicos y sus sueldos hasta los detalles de los presupuestos, pasando por la publicación de contratos, los planes de urbanismo o la existencia de canales de participación ciudadana y datos abiertos. Este método permite obtener una radiografía completa de la salud democrática de una institución. La decisión de acotar el estudio a poblaciones de más de 15.000 habitantes deja fuera a importantes municipios onubenses como pueden ser Palos de la Frontera, La Palma o Bollullos Par del Condado, cuya situación en este ámbito no queda reflejada en la comparativa provincial.

Hay que puntualizar que cumplir con estas obligaciones no es una opción; la Ley 19/2013 de Transparencia ordena a todas las administraciones a publicar esta información. Los rankings, por tanto, no hacen más que auditar el grado de obediencia a dicha ley.

Al poner los datos en contexto, la raquíticas cifras de los municipios onubenses se diluyen si miramos al conjunto de Andalucía, donde la media de cumplimiento de los ayuntamientos se sitúa en un preocupante 37,92%, un porcentaje que la mayoría de los consistorios onubenses ni siquiera alcanza. Y es que el hecho de que solo dos de los doce municipios más grandes de Huelva superen el 50% de cumplimiento pone sobre la mesa que no estamos ante un problema puntual de mala gestión en una administración concreta.

La comparación a nivel nacional agudiza aún más esta percepción. Mientras que ayuntamientos como los de Madrid, Las Rozas o Fuengirola se mueven en porcentajes superiores al 90%, la media española apenas supera el 40%. Aljaraque es, por tanto, una brillante excepción en un escenario general caracterizado por la mediocridad en el cumplimiento de estas obligaciones.

Los datos demuestran, por otra parte, que la opacidad no es una fatalidad, sino una decisión política. Las herramientas y los marcos legales existen. Lo que diferencia a los ayuntamientos cumplidores de los que no lo son es la voluntad de aplicarlos y el compromiso real con la rendición de cuentas. Un portal de transparencia no debe ser un simple trámite burocrático, sino una plataforma accesible y comprensible que permita a cualquier vecino fiscalizar la acción de gobierno. Este tipo de análisis, por tanto, no es tanto un concurso de popularidad como una herramienta fundamental para el control ciudadano. Muestra hasta qué punto los responsables públicos están comprometidos con su deber de informar y facilita a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a saber cómo y en qué se gasta su dinero.

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