El Consejo de Participación de Doñana respalda revisar el proyecto de gas autorizado por el Gobierno de Zapatero
El presidente de este órgano, sin embargo, ha recordado que la competencia de revisar la declaración ambiental es del Ministerio para la Transición Ecológica, ya que el consejo «no tiene capacidad ejecutiva»
Su posición contrasta con la del Gobierno central, que a través de la ministra Sara Aagesen ha defendido que está obligado legalmente a autorizar la solicitud al tratarse de una «instalación preexistente» con licencia desde 2010
El Gobierno andaluz exigirá hoy reevaluar los riesgos del proyecto gasístico de Doñana
El presidente del Consejo de Participación del Entorno Natural de Doñana, Enrique Mateos, ha confirmado este viernes que el órgano colegiado ha recibido una solicitud formal de organizaciones no gubernamentales y universidades para que el pleno se pronuncie sobre el proyecto 'Sondeo Marismas-3NE' de Trinity Energy Storage. Esta petición se produjo tras el anuncio de información pública del nuevo sondeo que sustituiría al pozo Marismas-3, inoperativo desde abril de 2019.
Mateos ha explicado que durante la exposición de este punto del orden del día, dos expertos de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva han participado en el debate para aportar conocimiento técnico sobre «geomorfología y ecosistemas que están cerca de la zona de actuación». El presidente ha expresado su esperanza de que estas contribuciones académicas «nutran el debate y que podamos hacer una información que sirva para que este proyecto se ejecute bajo un contexto de máxima cautela y precaución para lo que es la conservación del espacio».
Esta intervención universitaria tiene especial importancia en el contexto de las críticas de los ecologistas, que han denunciado que la documentación técnica de 2010 está completamente obsoleta tras 15 años de avances en metodología de evaluación y conocimiento científico. Las organizaciones ambientales, agrupadas en la plataforma Salvemos Doñana, han alertado sobre múltiples riesgos, incluyendo la posibilidad de terremotos inducidos y la contaminación del acuífero que atraviesa la masa de agua de La Rocina.
Sin capacidad ejecutiva
El presidente del Consejo ha aclarado las competencias del órgano ante las preguntas de los periodistas, asegurando que la decisión de revisar la Declaración ambiental corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica. «El Consejo, como órgano colegiado, solo realiza propuestas, ya que no tiene capacidad ejecutiva«, ha precisado Mateos, aunque ha destacado que una de las principales características de la entidad es »la diversidad de sus miembros« y que »las ideas que surgen son muy valiosas«.
En este sentido, el presidente ha manifestado que «estaría bien que lo que se determinara en el Pleno, se implementara», en referencia a las propuestas que puedan surgir del debate, lo cual es especialmente relevante tras el cambio de criterio de la Junta de Andalucía, que ha pedido revisar la autorización concedida en 2010 y actualizar el análisis de riesgos y posibles afecciones al espacio natural y aguas subterráneas.
Mateos, en cualquier caso, ha mantenido una posición institucional respecto a la propuesta de la Junta de revisar la declaración ambiental, indicando que «como miembro, es su punto de vista», pero ha recordado que «hay más instituciones representadas y hasta que no se pronuncien todas las partes, no se va a llegar a una idea de consenso». El Consejo cuenta con representación de diferentes administraciones, organizaciones científicas y sociales, lo que refleja la complejidad del debate sobre un proyecto que lleva más de 12 años operando sin el acta definitiva de puesta en servicio.
El presidente ha defendido el principio de cautela en materia ambiental, argumentando que «en temas ambientales, a mí me parece siempre muy bien hacer revisiones». Mateos ha concluido que no considera que la recomendación de revisar el proyecto «se salga del paradigma de lo que se puede pedir hoy en día en gestión pública», enmarcándola dentro de las buenas prácticas que exigen «que un proyecto se someta a exposición pública». Esta posición contrasta con la del Gobierno central, que a través de la ministra Sara Aagesen ha defendido que está obligado legalmente a autorizar la solicitud al tratarse de una «instalación preexistente» con licencia vigente desde 2010.
La resolución del Consejo de Participación, aunque no vinculante para el Ministerio, tendrá un peso simbólico considerable en un momento políticamente sensible, especialmente cuando el almacén ha generado un perjuicio económico estimado en 37,8 millones de euros por la inactividad del pozo Marismas-3.
