Los propietarios de Matalascañas dan los primeros pasos para independizarse de Almonte

Quieren solicitar que el núcleo turístico sea una ELA

Van a volver a denunciar ante los tribunales «por diferentes vías» la concesión de la zona azul

Los propietarios de Matalascañas tras la implantación de la zona azul: «Nos está enfrentando con los almonteños»

Almonte aprueba la concesión de la zona azul de Matalascañas a la empresa Dornier por 30 años

Varios vehículos aparcados el pasado verano en Matalascañas h24
R. U.

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El pleno municipal de Almonte aprobó el pasado día 18 de septiembre la concesión por 30 años de la zona azul de Matalascañasa la empresa Dornier, que abonará por adelantado un canon de 2,1 millones al Ayuntamiento. La medida del Equipo de Gobierno de Ilusiona salió adelante pese a las críticas de la oposición (PSOE, Mesa de Convergencia, Vox y concejales no adscritos) y de los ciudadanos y colectivos, así como de la Asociación de Propietarios de Matalascañas.

El alcalde de Almonte, Francisco Bella, defendió el «éxito» de esta gestión y recalcó que va a suponer un ingreso en las arcas municipales de 2,1 millones de euros que se invertirán en Matalascañas y otros seis millones para el asfaltado de la urbanización, que asumirá la empresa, así como toda la señalización nueva para este servicio.

Este viernes ha llegado la respuesta, mediante un comunicado oficial, de la Asociación de Propietarios de Matalascañas. Han vuelto a denunciar la concesión de la zona azul, que creen que presenta "muchas irregularidades", y asegura que confían en volver a tumbar dicha decisión, como ya han logrado en anteriores ocasiones. Desde este colectivo insisten en que rechazan «de forma unánime» la aprobación en el pleno del Ayuntamiento de Almonte de la concesión del servicio de zona azul a la empresa Dornier. «Se trata de una decisión tomada sin aprobar primero la ordenanza municipal, lo que vulnera el procedimiento legal y carece de justificación técnica y social», apuntan.

Señalan que el pleno de Almonte aprobó la concesión sólo con los votos de Ilusiona y el rechazo de toda la oposición, «a pesar de no existir competencia ni beneficio real para propietarios, residentes (empadronados o no)», lo que consideran que «supone una discriminación, como refleja el artículo 14 de la Constitución Española».

Amenazas verbales a un concejal

Desde la Asociación de Propietarios de Matalascañas también inciden en que el concejal no adscrito Miguel Ángel Jiménez García denunció públicamente haber recibido amenazas verbales minutos antes de la sesión por parte de un empresario local adjudicatario, del tipo «vamos a llevarnos bien» y «sé dónde vives». «Solicitó protección al presidente de la corporación y enmarcó el episodio como el intento de coacción para frenar su labor de fiscalización», indican en el comunicado oficial.

La Asociación de Propietarios indica también que están estudiando la forma de que Matalascañas sea una ELA (Entidad Autónoma Local). «Según el Sr. alcalde, creemos que estará encantado de desprenderse de Matalascañas. Sabemos que así nos ayudará por el perjuicio y las deudas que le ocasionamos los propietarios al pueblo de Almonte, que es lo que él defiende: sus votos», señalan.

Un "desprecio"

También aseguran al respecto que van «a intentar a hacer un estudio riguroso, mediante nuestros asesores jurídicos, y cuando esté el informe completo, actuaremos. Esperemos que tengamos el apoyo del Equipo de Gobierno para quitarle de encima la gran deuda de los que dañamos las arcas de Almonte».

Y como han hecho ya con éxito en anteriores ocasiones en los últimos años, desde la Asociación de Propietarios aseguran que van a denunciar ante los tribunales la concesión de la zona azul en toda Matalascañas por diferentes vías. «No vamos a permitir que el Sr. Bella desprecie día sí y día no a todos los agentes sociales. Vamos a intentar que no envíe a la cárcel durante 30 años a los propietarios y sus hijos. No a la zona azul íntegra en Matalascañas. No queremos que las calles de Matalascañas no sean de todos los que viviremos allí los próximos 30 años. ¿Quién será el dueño de las calles? ¿Quién dirige esto?», concluyen.

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