Almonte aprueba la concesión de la zona azul de Matalascañas a la empresa Dornier por 30 años
El equipo de gobierno almonteño aprueba su proyecto estrella con 11 votos a favor y 10 en contra en el pleno municipal tras ser paralizado en varias ocasiones
El alcalde defiende que se soluciona «un gran problema de regulación de tráfico y seguridad» aprovechando «un recurso del que nadie se acordó»
La oposición coincide en señalar que con esta medida se hipoteca el futuro de los almonteños a cambio de un canon de 2,1 millones de euros
El pleno de Almonte vuelve a votar la zona azul de Matalascañas y los propietarios avisan: «La vamos a denunciar»
Nuevo revés a la zona azul de Matalascañas: la concesión vuelve a paralizarse
Almonte sigue adelante con la zona azul de Matalascañas: los empadronados en el núcleo costero no tendrán que pagar
El pleno municipal de Almonte ha aprobado la concesión por 30 años de la zona azul de Matalascañas a la empresa Dornier, que abonará por adelantado un canon de 2,1 millones al Ayuntamiento. La votación celebrada este jueves se ha saldado con 11 votos a favor, correspondientes a los integrantes del equipo de gobierno de Ilusiona, y 10 en contra, de la oposición (PSOE, Mesa de Convergencia, Vox y concejales no adscritos). La medida, ha salido adelante pese a las críticas de estos ediles, así como de ciudadanos y colectivos como la Plataforma de Propietarios de Matalascañas, que coinciden en que supone «hipotecar el futuro» y en señalar que es ilegal el procedimiento, que previamente ha recibido varios reveses.
El alcalde de Almonte, Francisco Bella, en su intervención final, defendió el «éxito» de esta gestión, que va a suponer un ingreso en las arcas municipales de 2,1 millones de euros que se invertirán en Matalascañas y otros seis millones para el asfaltado de la urbanización, que asumirá la empresa, así como toda la señalización nueva para este servicio.
«Un hito histórico»
«Es un hito histórico disponer de seis millones para asfaltar toda Matalascañas», subrayó Bella, que también ha dado esta categoría a contratos anteriores bajo su gestión como el mantenimiento de las calles del Rocío.
Bella indicó que el pliego se modificó y el tribunal contractual ha señalado que «tiene toda la legalidad y razón de ser del mundo». Aseguró que va a suponer «tener una playa totalmente ordenada».
Además mostró su orgullo por ser un contrato «singular», que exige a la empresa una inversión inicial, modelo por el que se han interesado otros ayuntamientos, comentó. Se mostró “Eepecialmente orgulloso de este contrato. Hemos sido pioneros en la Península Ibérica”, afirmó.
Resaltó que Almonte hasta ahora no ha recibido “ni un sólo céntimo” a cambio de compartir el patrimonio de Matalascañas con todos los que la visitan. Detalló que en Almonte hay censados 15.000 vehículos, en Matalascañas casi 2.000 y 1.200 en El Rocío y que en verano transitan por el núcleo costero 40.00 vehículos que “contribuyen cero”. Por tanto ve justo que con “una pequeña tarifa de aparcamiento” aporten a la soluciones a los problemas de los almonteños.
Calificó de «discurso victimista» a quienes critican que se pague por aparcar porque «la gente de Almonte lo tiene gratis» e instó a quienes tienen su vehículo censado en otro lugar a hacerlo en la localidad.
Bella subrayó que la zona azul acaba con «un gran problema de regulación de trafico y seguridad con una gran solución», que reconoció que «ha costado trabajo» sacar adelante, tras varias modificaciones y recursos.
«Las concesiones de Ayuntamientos es hoy una forma muy asumida por parte de todos. No tiene sentido que sea por un periodo de tiempo pequeño porque las empreas tienen que ir a lo seguro y tener un limite de tiempo razonable para aprovechar ese retorno y generar los beneficios», explicó el alcalde almonteño que recalcó que «las ventajas con indudables» y que «vamos a aprogechar un recurso del que nadie se acordó y es fundamentalmente para los vecinos de Almonte».
Por último, indicó que la ordenanza al respecto de este nuevo servicio ha sido modificada y adaptada y se llevará al próximo pleno, tras esta aprobación.
Procedimiento de adjudicación
Antonia Pérez, primera teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, detalló en el pleno cómo ha sido el proceso de adjudicación definitivo del contrato de regulación de la zona ORA de aparcamiento de Matalascañas. Detalló que todo el expediente se ha tramitado de “forma legal” y que en la primera fase de la mesa de contratación se recibieron las ofertas y se abrieron los sobres y que el pasado 23 de julio se conocieron los pliegos y se determinó que la oferta elegida es la de la empresa Dornier SA, la única que se presentó.
La edil explicó que se valoraron “los criterios objetivos y de juicio de valor”. Con un informe técnico se otorgó 40 puntos a la empresa ofertante, que recibió otros 40 por el precio, un canon de 70.000 euros anuales, y otros 20 por adelantar el total de ese canon por 30 años, 2,1 millones de euros. Con estos 100 puntos se propone a la empresa para la licitación, tras el informe jurídico de la secretaria y de intervención.
Perez resaltó que se adjudica el servicio a esta empresa por contar con “la oferta mas ventajosa en su conjunto y de acuerdo con las condiciones establecidas y prescripciones técnicas”. La duración del contrato es de 30 años sin posibilidad de prórroga y que comenzará el servicio a partir del 15 de mayo, estando operativo cada año hasta el 15 de septiembre, con un horario de 9.00 a 22.00 horas en tres zonas diferentes. La adjudicación se tiene que publicar en el diario oficial de la Unión Europea (DOUE) y en el perfil del contratante.
La empresa tiene “la obligación de establecer medios materiales y humanos para poder realizar el servicio” y contratará a 20 personas y afrontará la señalización del dispositivo informático.
Una hipoteca para el futuro de Almonte
Los diferentes grupos de la oposición han coincidido en señalar que la aprobación de la concesión de la zona azul a la empresa Dornier por 30 años supone hipotecar el futuro de Almonte y condicionar a los gestores municipales que ocupen cargos de responsabilidad municipal próximamente.
Los cuatro concejales no adscritos del Consistorio, que constituyen actualmente el grupo mayoritario de la oposición, pusieron el acento en la ausencia de una ordenanza previa que regule el servicio y sus tarifas, "requisito esencial para poder exigir el pago a los usuarios", contraponiendo este requisito, anunciado en la convocatoria del pleno, a la idea del ayuntamieto de llevar esta ordenanza a un pleno posterior a esta aprobación.
Desde este grupo sostienen que la aprobación del contrato "carece de base legal", pues las tarifas de la ORA tienen la consideración de prestaciones patrimoniales públicas no tributarias (PPNT) y solo pueden implantarse mediante una ordenanza aprobada por el Pleno. También recuerdan que este procedimieto arrastra "un largo historial de incidencias", "reiterados tropiezos", así como "irregularidades, improvisación y falta de garantías jurídicas”.
Miguel Ángel Jiménez, portavoz de los concejales no adscritos, “para adjudicar un contrato como este es imprescindible contar con una ordenanza previa que actúe como título habilitante. Esa ordenanza debe fijar con claridad las tarifas, las posibles bonificaciones, el ámbito de aplicación y el régimen sancionador. Sin ella no existe base legal para cobrar a los usuarios. Pretender aprobar la ordenanza después de la adjudicación no subsana el vicio, porque el contrato ya habría nacido sin la cobertura normativa necesaria”.
Jiménez añadió que “Matalascañas será el único núcleo costero de España que tenga todas sus calles convertidas en zona azul, un hecho desproporcionado e inaudito que da la medida del desatino con el que se está gestionando este proyecto”. También criticó la duración de la concesión. “Se trata de una decisión que compromete el futuro de Matalascañas a largo plazo, privando a vecinos y visitantes de cualquier alternativa distinta al pago por estacionar en todas las calles del núcleo”.
“El Gobierno se asegura ahora una entrada extraordinaria de dinero a costa de dejar atadas las manos de las próximas corporaciones y de los vecinos, que durante tres décadas soportarán las consecuencias de esta operación financiera”, advirtió, al tiempo que recordó que la medida cuenta con un nulo apoyo social. "Ningún colectivo vecinal, social o empresarial ha respaldado la implantación de la zona azul", insisten.
