Esteban Brito, presidente de la Audiencia Provincial de Huelva: «Aunque tenemos mala prensa, la gente todavía confía en los jueces»

Silvia Tubio

Huelva

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06/10/2025 a las 08:13h.

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Hace cinco meses que se producía el relevo en la presidencia de la Audiencia Provincial de Huelva. Esteban Brito, un magistrado de raíces utreranas (Utrera, Sevilla 1962) pero profundamente arraigado en Huelva, tomaba las riendas del principal órgano judicial de la provincia. Y lo hace en un momento complicado, no sólo por la cronificación de algunos problemas como la lentitud del sistema judicial; sino también porque es difícil encontrar otra época en la historia reciente en la que los jueces hayan sufrido el señalamiento por parte de los políticos y del propio poder ejecutivo, favoreciendo el descrédito ante la ciudadanía.

Instalado por completo en su despacho y después de haber podido radiografiar el estado de la Justicia en Huelva, Esteban Brito da su diagnóstico en su primera entrevista como presidente en Huelva24.

-Después de estos poquitos meses que lleva en el cargo, aunque muchísimos ya en Huelva. ¿Qué radiografía haría?

-En esa radiografía, alguna que otra fractura saldría. No es grave pero es necesario trabajar en ello. En Huelva Capital, la verdad es que no va demasiado mal. La primera instancia está muy cargada de procedimientos mientras que la instrucción es más ágil. En los penales, la situación es regular, pero fundamentalmente en lo que son ejecuciones. Y en lo social, como van en toda España. Han unido una crisis con otra crisis, sobre todo a partir del año 2000, y se han ido acumulando procedimientos. El contencioso va razonablemente bien. Y la Audiencia Provincial, la verdad es que funciona muy bien, tanto en civil como en penal.

-Pero va mejor penal en cuanto a tiempos de resolución, ¿no?

-Sí, los tiempos de resolución en penal son bastante más buenos. Lo que pasa es que la Audiencia ve los recursos de la primera instancia. Si la primera instancia está en unos números de 200 o 250 asuntos por encima de la carga de trabajo, la Audiencia también se resiente en lo que es el tiempo de respuesta. Pero en general, la Audiencia está funcionando muy, muy bien. Sobre todo en esta última época.

-Hablaba antes de fracturas en el sistema, ¿ cuáles son las más urgentes de intervenir?

-La más urgente siempre ha sido Ayamonte; aparte de los juzgados de lo Social. Ayamonte siempre ha sido un lugar complejo fundamentalmente porque ha habido poca permanencia de los jueces y mucha carga de trabajo. Es un lugar fronterizo y que en los últimos tiempos ha visto cómo los asuntos de narcotráfico han subido exponencialmente.

-¿Cuánto puede tardar una instrucción de media allí?

-Tardan mucho. Es que hay que tener en cuenta que esos procedimientos por narcotráfico no son de dos y tres personas investigadas. Normalmente son de catorce, quince... El día que le entran los catorce detenidos al juzgado, queda totalmente paralizado. Y lo peor es que raro es el día que no hay una operación, siempre calificada como operación contra el narcotráfico. Ahora mismo se va a crear una plaza y se va a hacer una sección exclusiva de Violencia sobre la Mujer, que va a liberar bastante. Y además, al llegar al número de siete plazas, se ha informado favorablemente por la Sala de Gobierno y también por esta Audiencia a la solicitud de los titulares que se convierta en plaza de magistrado. Eso dará más estabilidad a los titulares de las respectivas plazas, porque no es lo mismo el juez que acaba de llegar que el magistrado que está asentado tanto en la carrera como posiblemente en la plaza.

-Este pasado viernes, entraba en vigor la reforma por la cual los juzgados de Violencia Sobre la Mujer amplían sus competencias. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitaba días antes la inyección urgente de recursos y hablaba de hasta tsunami jurídico. ¿Qué le han trasladado los jueces que trabajan en esa materia?

-Mucha preocupación. Aumentan las competencias por la violencia sexual y probablemente también atenderán la violencia de menores. Si toda la violencia sexual la ven ellos, se multiplican las competencias. Además con la reforma todo es agresión sexual, mientras que antes estaba la separación del abuso y la agresión. Sí antes había tres delitos de violencia sobre la mujer y ahora incrementas a dos, pues hay preocupación. No solo ya de los jueces de violencia sino también de la propia Audiencia. La Sección Tercera es la que tiene atribuida la competencia de Violencia Sobre la Mujer.

-Y de esa posible sobrecarga, las principales afectadas van a ser las mujeres.

-Evidentemente las más afectadas van a ser las víctimas. Normalmente los procedimientos de Violencia Sobre la Mujer son rápidos en su instrucción. La gran mayoría van como diligencia urgente, salvo la cuestión civil, que eso ya es otra cosa. En cambio, un procedimiento de agresión sexual no es un procedimiento que se pueda tramitar a través de una diligencia urgente ni por ley procesal ni por propia naturaleza del procedimiento. Necesita una instrucción reposada, porque hay que valorar muchas circunstancias tanto de víctima como del agresor. No estamos ante un delito flagrante de los que cojo al individuo que está robando en la casa, lo detengo y pasado mañana ya se está celebrando su juicio.

-Se refería también como fractura importante, la situación de los juzgados de lo Social. ¿A cuántos años con antelación se está señalando, se está poniendo fecha a los juicios?

-No te puedo dar el dato exacto, pero me parece que están por 2028 como mínimo. Pero aparte de los señalamientos luego llega el momento de la ejecución. En lo civil podemos hablar que puede tardar cinco, seis o siete años. Yo era titular de un juzgado de Primera Instancia e Instrucción que separó las jurisdicciones en abril de 2001. Todavía existen procedimientos, más antiguos de 2001, de los años 90, que no se han cerrado. Asuntos, por ejemplo, de deudores con 15 o 20 procedimientos en los que no han ejecutado todos los embargos.

-Pero con para 2028, es muy complicado hacerle ver a los ciudadanos que eso es justicia.

-Es muy complicado, efectivamente, porque una justicia lenta es poco justicia. Pero creo también que tan mala es la justicia lenta como la justicia demasiado rápida. La justicia tiene que sostener su tiempo. Hay procedimientos que necesitan una instrucción larga y concienzuda y hay procedimientos que normalmente no la necesitan. Hay otros que necesitan una instrucción más lenta porque tiene mucha documentación, sobre todo los delitos económicos. Pero sí, los señalamientos en el social no es un término justo y en primera instancia también se está produciendo algo parecido por esa avalancha de procedimientos.

-En esta saturación sistémica ¿también influye un uso excesivo del sistema judicial por parte del ciudadano? ¿Se recurre en exceso a la denuncia?

-Es cierto que todo al final acaba en el juzgado. Creo que se habla mucho de mediación en este sentido. Yo no he visto las últimas encuestas hechas al respecto, pero algunas muy antiguas del Consejo General del Poder Judicial decían que los españoles confiaban más en los jueces que en los mediadores. Quizás se acude en exceso a la Justicia sobre todo por cuestiones que no tienen trascendencia o que son cuestiones que equivocadamente se derivan al juzgado. Hemos visto muchas veces determinadas denuncias con contenido político que lo que quieren es la foto y después quedan en nada.

Aunque tenemos mala prensa, la gente todavía cree o confía en los jueces salvo algunas opiniones que últimamente se están viendo por parte de los políticos. Pero vamos, eso hay que verlo en ese ámbito político. Pero, sin duda, nos perjudica.

-Antes de verano encabezó la protesta de jueces y fiscales en Huelva dentro de una acción que se llevó a cabo en todo el país en contra de la reforma para el acceso a la carrera judicial y la del estatuto del Ministerio Fiscal. Da la sensación que no se ha movido gran cosa desde entonces.

-No ha habido ningún avance en cuanto a modificaciones de los proyectos de ley planteados por el Gobierno. Creo que las manifestaciones que se realizaban en ese manifiesto y las que se proponía por la carrera judicial eran cuestiones bastante razonables y que se deben meditar por todos los implicados. Lo que pasa también es que siempre nos toca a nosotros. Nadie discute la oposición a notarías o la de la Abogacía del Estado.

-Hay otra reforma en juego, como es la del estatuto del Ministerio Fiscal. ¿Qué le parece esa vieja reclamación de que los fiscales asuman la dirección de las instrucciones?

-Si la estructura del Ministerio Fiscal es la actual, es completamente inviable.

-¿Pero dotándola llegado el caso?

-Hay también una cuestión de independencia. El Ministerio Fiscal depende del Ministerio de Justicia, lo nombra el Gobierno. Los jueces son independientes, no los nombra el Gobierno. El juez no tiene superior. Siempre se ha dicho que en el ámbito de sus competencias, la misma autoridad tiene un juez de paz que un magistrado del Tribunal Supremo. Yo no le puedo dar órdenes, como presidente de la Audiencia, a un juez de instrucción. Yo podré revocar una sentencia vía recurso, pero no le puedo dar una orden directa. A un fiscal sí le dan órdenes. Por eso, ahora mismo con esta estructura, no lo veo. Habría que fijarse en otros países, por ejemplo en Italia. El fiscal y el juez proceden de lo mismo y son igual de independientes.

-¿Es difícil defender hoy en día esa afirmación, que los jueces son independientes?

-En absoluto. Las acusaciones proceden de parte implicada.

-Parte implicada que son políticos, representantes públicos como el mismo presidente del Gobierno que ha llegado a cuestionar esa imparcialidad. ¿No es peligroso?

-Por supuesto que es muy peligroso. Nunca se ha producido algo así. Se podrá estar de acuerdo o no con una resolución judicial, para eso están los recursos. Pero ir directamente al juez y sin decirlo abiertamente, pero acusarle de prevaricador es duro. Antes había personajes que sacaban los pies del plato, pero eran eso, personajes. Ahora estamos hablando de representantes públicos, del poder ejecutivo y legislador.

-Acaba de arrancar su mandato, pero miremos al futuro. ¿Qué le gustaría dejar como objetivo cumplido?

-Intentar ser más efectivos. Por ejemplo, conseguir que Ayamonte vaya bien. Y en materia de infraestructuras, ver levantada por fin la Ciudad de la Justicia. Por lo menos ya estamos viendo los primeros pasos. Hace poco vino el consejero de Justicia. Ellos están tratando este asunto desde hace unos años, pero esto viene de mucho antes, de cuando yo era decano de los juzgados de Huelva por 2001. La delegada me contó recientemente que ya se está moviendo la tierra. Algo es algo. A mi me gustaría mucho poder ver ese proyecto cumplido, poder inaugurarlo como presidente.

-¿Lo ve factible?

-Yo creo que sí. La Consejería es muy optimista.

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