CARTA AL DIRECTOR

Entidades urbanísticas de conservación, entidades de privatización de servicios municipales

Casi nadie sabe qué son las entidades urbanísticas de conservación (EUC). Se trata de un tipo de entidad urbanística colaboradora, sujeto al derecho público, con personalidad jurídica propia, dependiente de los ayuntamientos y de adscripción obligatoria para todos los propietarios de la urbanización. Las EUC se rigen por Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), el Reglamento de Gestión Urbanística y por sus propios estatutos.

Entidades urbanísticas de conservación, entidades de privatización de servicios municipales

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Los asociados de las EUC están obligados a sufragar económicamente espacios, servicios e infraestructuras públicas adyacentes. Son completamente diferentes a las comunidades de propietarios, cuya función es costear los elementos privados (no públicos) de uso común.

El sentido de estas grandes desconocidas es ahorrar costes a la administración local mediante la transferencia de sus competencias urbanísticas y de infraestructuras al colectivo de propietarios de urbanizaciones alejadas de los cascos urbanos. Una vez cerrado el acuerdo entre promotoras y ayuntamientos, todo propietario se verá obligado al pago de cuotas para la conservación del dominio público, además del preceptivo cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el ayuntamiento. El agravio comparativo explica que las EUC sean fuente habitual de conflicto social y jurídico, que se amplifica a medida que las urbanizaciones crecen y se transforman en grandes núcleos o se funden con el casco urbano de referencia.

El caso de la Entidad de Conservación de Nuevo Portil (ECNP) constituye el arquetipo de esta situación. Fue creada a mediados de la década de los años 90 del siglo pasado, cuando Nuevo Portil era una pequeña urbanización de veraneantes, promovida por Lagunas del Portil SA. Junto al complejo residencial de menos de 500 vecinos se instalaron dos hoteles y un campo de golf. El Ayuntamiento de Cartaya justificó su condición de complejo residencial turístico de alto coste alejado del núcleo urbano para crear la ECNP y transferirle costosas competencias municipales. Según el propio Ayuntamiento, la ECNP tiene como fines “financiar, mantener y conservar las obras, servicios e infraestructuras de la zona (…)”, así como la “contratación de los servicios de vigilancia privada y jardinería”.

Un conocido representante público, en un alarde populista, llegó a declarar que “los cartayeros no pagarían los jardines de los ricos que veraneaban en Nuevo Portil”.

Aún siendo condescendientes, Nuevo Portil no es hoy una pequeña urbanización cerrada de veraneantes, sino que constituye uno de los tres núcleos poblacionales de Cartaya, con casi 1.200 habitantes (INE, 2014) y características similares al resto de la población del municipio. Parece razonable, por tanto, proceder a su disolución inmediata y a la recepción del núcleo por parte del Ayuntamiento, en las mismas condiciones que el resto del municipio.

¿Qué es lo que impide a los propietarios disolver la ECNP?

La mayoría cualificada exigida en los estatutos para que la asamblea general proponga al Ayuntamiento la disolución de la ECNP es del “80% de las participaciones”. Los hoteles y el campo de golf suman un porcentaje importante de estas participaciones. Según el colectivo, el 90% de las cuotas de los casi 1.800 propietarios adscritos a la ECNP se destina a la jardinería y seguridad privada de la promotora, hoteles y campo de golf (Andalucía Información, 17/08/15). Con la oposición de los principales beneficiarios resulta casi imposible para los vecinos disolver la entidad. Podrían cambiarse los estatutos, pero también se requiere una mayoría cualificada del 80%.

De forma paralela a la satisfacción de los inversores, los vecinos han reivindicado la mejora de la seguridad, servicios, equipamientos e infraestructuras municipales en el resto del núcleo. La deuda de vecinos insumisos ha crecido alcanzando los casi 200.000 euros, de forma paralela a la eclosión de iniciativas para disolver la ECNP, como la de la Asociación Anti-Entidad, que la semana pasada exigió su disolución y la mejora de los servicios públicos en Nuevo Portil. El conflicto ha crecido de forma paralela a la expansión y transformación esta zona y, hoy, ya resulta insostenible.

La creación de entidades de conservación como la de Nuevo Portil es una fórmula especulativa a futuro utilizada por inversores y Ayuntamiento para maximizar sus beneficios con cargo a la ciudadanía de una zona del municipio. Resulta irónico que, partiendo de principios neoliberales, imposten el procedimiento anarquista de autogestión de las comunidades pequeñas con fines lucrativos. Como cinturón defensivo contra la subversión, la receta se completa con un lenguaje críptico, comúnmente abigarrado de términos con connotaciones positivas, El mejor ejemplo es la propia denominación jurídica: Entidad Urbanística de Conservación. Según la RAE, conservar es “mantener algo (…), cuidar de su permanencia, mantener vivo y sin daño (…), o cuidar la práctica de costumbres, virtudes y cosas semejantes”. ¿Quién se opondría a una entidad creada con estos fines? A estas alturas, el uso de eufemismos cargados de connotaciones positivas resulta tan perverso como trasnochado. Tal es el caso de expresiones como “reformas estructurales” o “plan de ajuste” (recortes en servicios públicos), “rescate” (préstamo usurero), “expediente de regulación de empleo” (despido masivo), “moderación salarial” (recorte salarial) o “ingeniería fiscal” (sofisticada estrategia de fraude tributario). Estos circunloquios constituyen la necesaria piel almibarada con que el poder establecido embute a su envenenada legislación para hacerla más atractiva a una ciudadanía infantilizada.

Imponer a una fracción de la ciudadanía el deber de asumir competencias municipales sin más contraprestación que un ilusorio mayor grado de autonomía no está fundamentado ni racional, ni ética ni jurídicamente. Tan urgente resulta la disolución de entidades de conservación como la de Nuevo Portil como la revisión del marco normativo de estos entes privatizadores que casi nadie conoce.

Concejal de IU en el Ayuntamiento de Cartaya (Huelva)

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