Reactivada la campaña pro Museo Arqueológico en el Banco de España a solo unos meses de la licitación
El panorama se complica para los defensores del Museo Arqueológico, que ven cómo el proyecto autonómico avanza «a velocidad de crucero» hacia su materialización tras la aprobación del proyecto básico el pasado enero
El Museo Arqueológico podría ser finalmente el de la Alameda Sundheim
Un Museo Arqueológico para Huelva 'a la altura de su historia'

La Asociación Amigos del Museo Onubense (AMO) ha reactivado este martes su campaña de recogida de firmas para exigir que el edificio del antiguo Banco de España de Huelva sea destinado a Museo Arqueológico en lugar del Museo de Bellas Artes previsto por la Junta de Andalucía. Esta nueva movilización se produce cuando el proyecto autonómico está a punto de materializarse, tras la aprobación el pasado 17 de enero del proyecto básico por la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Huelva.
La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ya confirmó que las obras se licitarán a finales de 2025, después de que el informe favorable de la Comisión de Patrimonio permita la solicitud de la licencia de obras y la finalización de la redacción del proyecto de ejecución. El proyecto contempla la rehabilitación del edificio para albergar los fondos de Bellas Artes del Museo de Huelva, mientras que la sede actual de la Alameda Sundheim quedará destinada exclusivamente a las colecciones arqueológicas.
La inversión prevista asciende a 11 millones de euros, que se financiarán en el marco Feder 21-27. El proyecto incluye la integración de los restos arqueológicos hallados en el subsuelo, concretamente muros de almacenes portuarios de época tartésica, que serán los primeros restos de este periodo expuestos en la ciudad.

El conflicto tiene su origen en la Declaración Institucional aprobada por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento de Huelva el 27 de abril de 2016, que respaldaba el uso del edificio como Museo Arqueológico. Esta iniciativa surgió a propuesta de la AMO, que había recabado 6.000 firmas ciudadanas para el proyecto.
En marzo de 2018, la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, presentó un proyecto para convertir el edificio en Museo Arqueológico con una inversión de 6,9 millones de euros. Sin embargo, tras el cambio de gobierno autonómico en 2019, el Partido Popular modificó el destino del inmueble y en diciembre de 2021, la consejera Patricia del Pozo confirmó que el edificio albergaría el Museo de Bellas Artes.
Los escenarios
El panorama para la AMO, con respecto a sus objetivos, se presenta a día de hoy bastante sombrío. El mantenimiento de la decisión autonómica es el escenario más probable, dado el avance técnico y administrativo del proyecto hacia la licitación. La consejera Del Pozo fue contundente incluso al afirmar que el proyecto «ya va a velocidad de crucero«, lo que representa el principal obstáculo para cualquier posibilidad de marcha atrás.

Conscientes de ello, la AMO no se ha limitado a reivindicar el cambio de destino del edificio, sino que ha planteado alternativas concretas ante las justificaciones técnicas de la Junta. Según denunció la propia asociación, en una reunión mantenida en Huelva, los técnicos de la Consejería indicaron que «el edificio no podía albergar el Museo arqueológico por resultar pequeño». Ante esta justificación, la AMO planteó directamente la posibilidad de ampliar el museo a edificios colindantes o al propio patio del Banco de España. La Junta, sin embargo, adujo problemas económicos y de retraso del proyecto para desechar esta posibilidad. La asociación, ante estos argumentos, recordó que «en las últimas décadas se han producido importantes inversiones en museos arqueológicos de Andalucía» citando ejemplos como Jaén con 127 millones de euros, Sevilla con más de 26 millones en remodelación y Málaga con más de 40 millones, asegurando que las soluciones técnicas y económicas son viables cuando existe voluntad política.
La reversión completa de la decisión, evidentemente, sería la hipótesis menos probable, y requeriría una presión política y social que en la actualidad no existe; o bien un cambio de gobierno autonómico, una posibilidad hoy por hoy bastante remota a tenor de las encuestas. En cualquier caso, los precedentes de anulación de proyectos autonómicos por presión ciudadana son escasos y suelen estar vinculados a irregularidades graves en los procedimientos administrativos.