Qué pasó con la Casa Duclós de Huelva: crónica de un derribo anunciado

Casi cinco años más tarde y tras la celebración de dos juicios, la situación poco ha avanzado. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que en mayo de 2022 condenó a la expropietaria a 14 meses de cárcel y una indemnización de 422.609,07 euros al Ayuntamiento de Huelva -418.648,47 euros correspondían al valor de reposición del inmueble y 3.960,60 a los gastos derivados de la retirada de escombros-, fue apelada por parte de la familia.

El texto recogía que la expropietaria había actuado con una conducta dolosa y siendo conocedora de que el inmueble ya no era de su propiedad. Por tanto, se le condenaba como autora de un delito de daños en bien de dominio público o comunal, aunque se le concedía el beneficio de la suspensión de la pena de prisión con la condición de no delinquir durante dos años y de poner a responsabilidad civil al perjudicado.

La interminable historia de la Casa Duclós se remonta a 2004, cuando el Ayuntamiento inició la expropiación forzosa de la misma, tras la que la propietaria inició una serie de pleitos, siendo en 2005 firmada por ambas partes un acta de desalojo en la que se comprometía a abandonar el inmueble en los próximos dos años. Sin embargo, en 2016 la propietaria aún no se había marchado, por lo que el Ayuntamiento pidió una autorización de entrada judicial y en 2017 la ocupante firmó un compromiso de desalojo voluntario.

La sorpresa llegó cuando, dos meses después de esta última firma, la propietaria entregó al Consistorio las llaves de un inmueble que ya había sido derribado. La demolición tuvo lugar justo dos días antes de la fecha prevista para la entrega, cuando la propietaria contactó con una empresa para la demolición en la creencia de que la vivienda carecía ya de valor e interés para el Ayuntamiento de Huelva.

Previamente, la expropiación se había fijado en un justiprecio de 207.147 euros por la vivienda y 400.571 euros por la parcela en su totalidad, además de otros conceptos por premio de afección y construcciones auxiliares. No obstante, la acusada no había firmado el acta y en 2005 el Consistorio había realizado un pago de 702.461 euros, correspondiendo 132.059 euros al justiprecio de la vivienda, que a partir de ese momento se incluyó en el Registro de la Propiedad.

Fue aquí cuando se iniciaron los trámites para intentar el desalojo de la propietaria, hasta que esta lo firmara voluntariamente en 2017. Sin embargo, tras la demolición, en la celebración del primer juicio, esta alegó que el Ayuntamiento no le había pagado la cantidad acordada al completo y, de hecho, el fallo la absolvió al considerar que el Consistorio no había llegado a abonar la cuantía. Fue entonces cuando la institución recurrió la primera sentencia y se decretó la repetición del juicio a principios de 2022. En esta segunda ocasión, la magistrada aseguró que la señora Duclós era perfectamente conocedora de que el inmueble era del Ayuntamiento”, por lo que finalmente fue condenada por los daños causados al bien de dominio público. 

Tras el segundo juicio, la Plataforma Parque Moret ha pedido que parte de la dotación con la que en principio se tiene que indemnizar al Ayuntamiento sea destinada a la redacción del proyecto del Centro de Interpretación Arqueológica que inicialmente iba en la Casa Duclós. Desde la entidad reivindicaban una mayor atención al pulmón verde de la ciudad en el que se hallaba el inmueble, concretamente al solar en el que se encontraba el emblemático edificio, que permanecía lleno de restos y escombros. Una zona señalada de alta densidad arqueológica cuyo futuro aún está por determinar.