El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha asegurado que «cumple con la supervisión y seguimiento» de las obras de clausura de los apilamientos de fosfoyesos de Huelva. Así ha respondido a una pregunta de Sumar en el Congreso de los Diputados, en la que la formación se interesaba por si se estaba llevando a cabo la asistencia técnica para el plan de Fertiberia y si el Gobierno había tenido acceso al dictamen del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
El Ministerio ha explicado que tramitó un encargo con la empresa pública Emgrisa para «la supervisión y seguimiento» de las obras en los apilamientos de fosfoyesos «ubicados en las proximidades de la ciudad de Huelva», un contrato que está vigente hasta diciembre de 2027 y que podría renovarse. Sobre el informe de Toxicología, el Gobierno ha precisado que se enmarca en un incidente de ejecución de sentencia planteado por la Fiscalía y que la Audiencia Nacional lo ha trasladado a las partes para que presenten alegaciones. En este sentido, ha confirmado que el Estado, como parte, ya «ha formulado las observaciones correspondientes». Finalmente, ha recordado que, según la Constitución y el Estatuto de Andalucía, corresponde a la Junta la protección de la salud pública «incluyendo la salud laboral, la sanidad animal con efecto sobre la salud humana, la sanidad alimentaria, la sanidad ambiental y la vigilancia epidemiológica».
Dictamen «contundente»
En su pregunta parlamentaria, Sumar ha reconstruido la cronología de los hechos, recordando que en enero el Gobierno ya informó de que tenía en marcha una asistencia técnica para supervisar las obras. Sin embargo, la formación subraya que en julio se conoció un dictamen «contundente» del Instituto Nacional de Toxicología sobre el plan de Fertiberia. Según Sumar, este informe concluye que el proyecto «no contempla una verdadera descontaminación de la zona, ni garantiza la eliminación de los efectos adversos sobre especies, aguas, suelos o atmósfera«. La formación añade que, según el dictamen, el plan tampoco permite la recuperación de los valores naturales en un espacio con figuras de protección como las Marismas del Odiel, el Estuario del Tinto o las Marismas del río Tinto.
Sumar insiste en que el informe detalla «graves riesgos medioambientales y para la salud pública« y apunta a la contaminación de aguas superficiales y subterráneas que afectan al río Tinto, el Estero del Rincón y el Estero de Mendaña. La formación también destaca que, según el texto, las filtraciones han degradado suelos y marismas, con efectos negativos »en la vegetación y fauna del entorno«, y que se han alterado hábitats protegidos como las ZEC Marismas y Riberas del Tinto y Marismas del Odiel.
En cuanto a la salud humana, Sumar advierte de que, si bien el análisis de riesgo para contaminantes como el arsénico, los fluoruros y los fosfatos se considera «no significativo», se admite una «alta incertidumbre» y la falta de un estudio epidemiológico actualizado. Por todo ello, la formación concluye que el proyecto es un mero «tapado de las balsas» que «no garantiza que se detengan las filtraciones ni se elimine el riesgo ambiental».
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