en el marco del plan doñana

Almonte alega que el reparto de fondos pactado por la mayoría de municipios hace «peligrar la biodiversidad de Doñana»

Acusa a los «municipios circundantes» de «haber agotado gran parte de los recursos naturales de Doñana» y buscar ahora «beneficiarse económicamente»

Principio de acuerdo entre la mayoría de los municipios para repartirse las ayudas del plan Doñana

Las ayudas del plan Doñana enfrentan a los municipios: desacuerdo en los criterios para acceder a las mismas

Vista del Parque Nacional de Doñana ayuntamiento de almonte
María Carmona

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El Ayuntamiento de Almonte sigue con su particular guerra a los municipios del área de influencia de Doñana que han alcanzado un principio de acuerdo para repartirse las ayudas que, por valor de 70 millones de euros, el Ministerio para la Transición Ecológica destinará a los ayuntamientos de manera directa en el marco del plan Doñana.

Tras informar este periódico que las tensiones generadas entre los distintos municipios a cuenta de la negociación se habían ido calmando y que la mayoría de ellos -el pasado viernes, nueve de los 14 totales- había alcanzado un principio de acuerdo, el Ayuntamiento de Almonte se mantiene en contra del mismo y este lunes ha acusado públicamente al resto de municipios de tratar de aprovecharse de Doñana.

«Resulta particularmente preocupante que los municipios circundantes, tras haber agotado gran parte de los recursos naturales de Doñana, busquen ahora beneficiarse económicamente como si hubieran sido contribuyentes significativos a la biodiversidad del Parque Nacional», ha señalado el consistorio en un comunicado en el que afirma que el acuerdo pactado pone en peligro esta biodiversidad.

Una biodiversidad que depende y a la que se contribuye desde todos los ámbitos y sectores pero que no es competencia de los gobiernos locales, sino del autonómico, aunque el consistorio almonteño ve peligrar por lo que, insiste, sería un «reparto desigual y potencialmente perjudicial» para los intereses del Parque Nacional.

«Alguien que venga a ver Doñana, a sentir la verdadera experiencia de contemplar su diversidad, no podrá hacerlo si visita Palos, Moguer o Bollullos. La autenticidad de contemplarla se consigue en territorios como Almonte, que alberga más del 50% de este enclave excepcional en su territorio. Esa es la cuestión de esta ayuda», señala en el comunicado remitido a los medios de comunicación.

Así, según el Ayuntamiento de Almonte, «consultas realizadas a la administración europea revelan que un reparto de fondos destinados a generar biodiversidad debe basarse en criterios territoriales, espacio natural y porcentaje sobre la población», considerando que «cualquier desviación de estos principios se percibe como maniobras políticas e intereses particulares, contraviniendo las directrices europeas en la materia».

Por su parte, el Marco de actuaciones del Ministerio de Transición Ecológica para el desarrollo del área de influencia de Doñana -el plan Doñana- determina que estas ayudas de 70 millones de euros para los ayuntamientos de la zona deben destinarse a desarrollar proyectos de infraestructuras ambientales y renaturalización, mejora de infraestructuras viarias, movilidad sostenible, o diversificación económica ligada a la transición ecológica, instando a que sean los propios ayuntamientos los que se pongan de acuerdo en el modo de repartir los fondos.

El consistorio almonteño mantiene en cualquier caso su oposición al principio de acuerdo pactado por la mayoría de municipios, tachándolo de injusto y «claramente desproporcionado», ya que «mientras que un habitante de Lucena o Bonares podría recibir más de 2.500 euros, un residente de Almonte, por ejemplo, se vería limitado a no más de 300 euros».

Tras unos primeros encuentros en los que las posiciones de los distintos municipios que conforman el área de influencia de Doñana se mantuvieron muy enfrentadas, la mayoría de ellos alcanzó la semana pasada un principio de acuerdo.

En el mismo se aboga porque el reparto de los fondos se haga partiendo de una cantidad mínima fija para cada municipio -se establecen tres millones de euros- y que el resto se reparta en base a diferentes criterios como número de habitantes, tasa de paro, tejido industrial existente en el municipio, superficie agrícola, territorio en el parque nacional, o pertenencia al espacio natural, entre otros.

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