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La Fiscalía pide la pena máxima por homicidio imprudente para el responsable del accidente que mató a la hija de José Antonio Cabrera
El escrito de acusación del Ministerio Público subraya la «absoluta dejadez y extrema despreocupación» del acusado en la custodia de los animales que se cruzaron en la carretera
José Antonio Cabrera, dolido con el causante de la muerte de su hija: «Se permitió echar un Rocío y una verbena de las cruces de Bonares como si nada»
Poco a poco el camino emprendido por José Antonio Cabrera, ese padre onubense que perdió a su hija en un accidente de tráfico en abril del año pasado, va cumpliendo etapas que le acercan más a su deseo de que se haga Justicia. La Fiscalía ha comunicado su escrito de acusación en el que pide cuatro años de cárcel por homicidio imprudente y un delito de lesiones en concurso medial para Cipriano D. J., conocido como 'el Cipri'. Esta persona era el responsable de la custodia de los mulos que se cruzaron en la carretera cuando circulaba por ella la víctima junto a su madre en un vehículo que acabó chocando contra las bestias.
La fiscal que firma el escrito solicita la pena máxima que recoge el Código Penal para el homicidio por imprudencia grave. Es la misma que se ha pedido en otros asuntos para conductores que causaron la muerte a otras personas por conducir cometiendo graves infracciones como hacerlo con exceso de velocidad o tras haber consumido alcohol o drogas. Aquí la diferencia es que el acusado no estaba ni cerca del escenario del siniestro, pero «su conducta gravemente negligente» -como detalla la Fiscalía- en cuanto a la vigilancia de los animales que eran de su propiedad, ha sido determinante para que a efectos legales sea considerado para la representante del Ministerio Público como un conductor kamikaze.
Huelva24 ha tenido acceso al escrito registrado a finales de agosto en el tribunal de instancia nº 2 de Moguer. En él, la fiscal insiste en varias ocasiones «en la absoluta dejadez y extrema despreocupación» que Cipriano D. J. mantuvo durante años en la custodia de unos animales que estaban en una finca colindante a la carretera A-484, dentro del término municipal de Bonares, donde se había dispuesto un cercado «que carecía de las mínimas exigencias de seguridad» para evitar que las bestias se lo saltaran e invadieran la carretera como así ocurrió el 17 de abril de 2024 con fatal resultado.
Cuando la Guardia Civil llamó al acusado tras producirse el accidente, éste, que se encontraba en la Feria de Abril de Sevilla, se desentendió del asunto y le colgó a los agentes el teléfono. Lo dejó apagado durante 48 horas
Para la representante del Ministerio Público, lo ocurrido aquel día no se puede tildar de algo accidental porque el acusado llegó a acumular hasta 16 infracciones o incidencias entre 2009 y junio de 2024 por episodios protagonizados por animales sueltos. El último de ellos, que haya quedado registrado, ocurrió semanas después del accidente mortal que acabó con la vida de Fuensanta Clara, que tenía 25 años. Todos esos incidentes son enumerados por la fiscal en su escrito. «El acusado, a pesar de tener conocimiento de todas las incidencias, no realizó con anterioridad al 17 de abril de 2024, ninguna actuación por modificar su conducta gravemente negligente en relación a las obligaciones inherentes de guarda, cuidado y custodia de sus animales equinos«.
La víctima no tuvo ninguna oportunidad de esquivar el accidente y salvar su vida. Como detalla el escrito, la joven se encontró de frente a las mulas cuando circulaba correctamente por la carretera e impactó contra ellas «de forma sorpresiva, sin que pudiera haberlo previsto o evitado«. Tras el brutal impacto, el coche salió despedido y chocó contra la barrera de seguridad (quitamiedos) del carril izquierdo.
El escrito al que ha tenido acceso este periódico revela cómo el 17 de abril, el acusado se encontraba en la Feria de Abril de Sevilla. La Guardia Civil, tras identificar los animales a través del chip, llamó por teléfono a Cipriano D. J., quien se desentendió del asunto, a pesar de la gravedad de los hechos. Tras negar que los mulos fueran de su propiedad, le colgó el teléfono a los funcionarios policiales y apagó el móvil durante 48 horas.
Además de la pena de cárcel, el Ministerio Público reclama una indemnización superior a los 200.000 euros, que es la suma resultante de las cantidades que le reconoce a cada progenitor de la víctima y a su hermano. Se da la circunstancia que el acusado tiene antecedentes penales no computables a efectos de reincidencia. En 2019 fue condenado por un delito de maltrato animal a cinco meses de cárcel, cuya ejecución fue suspendida.
