Ambos clubes deportivos son los primeros de España en contar con este reconocimiento y protección por parte de la administración andaluza.
Gracias a esta declaración como BIC, el Ayuntamiento de Huelva pudo justificar la expropiación de las acciones del Recreativo a la empresa Gildoy España, que tenía sumido al club en una situación de inanición, con impagos a trabajadores y futbolistas y deudas con acreedores, Hacienda y Seguridad Social. El consistorio onubense ya es el dueño del club, pero aún no ha tomado el control efectivo de la entidad, para lo que necesita que se forme un nuevo consejo de administración.
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