CONFIDENCIAL
El runrún: ¿Cruzada contra Palos desde la Generalitat?
Hace pocos días se ha formado el nuevo gobierno de Cataluña, que lidera ERC y que tendrá como presidente a Pere Aragonés. En su nómina de consellers hay alguien que ha saltado rápidamente a la palestra todo lo que ha dicho a lo largo de su trayectoria. Tanto es así que le califican de ‘hispanóbofo’.
Un fiscal cum laude. A Pablo Mora Díez, uno de los fiscales que integran la plantilla del Ministerio Público en Huelva, se le conoció hace unos años por su rigor y conocimiento en el manejo y exposición de pruebas en uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, el del doble crimen de Almonte. Dada su trayectoria en numerosos casos, no es casualidad que haya querido especializarse precisamente en las pruebas de ADN. Hemos conocido que esta semana ha defendido su tesis en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva bajo un enfoque tan especializado como difícil (ya desde el mismo planteamiento e incluso con solo echar un vistazo al título) para los ajenos en la materia e incluso para los conocedores del Derecho: ‘Cuestiones procesales y sustantivas relativas a las pruebas de ADN en el proceso penal español. Análisis del artículo 129 bis del Código Penal’. Ahí queda. Bueno, pues lo esperado de Mora Díaz, un sobresaliente Cum laude por su tesis, que ha desarrollado de la mano del decano de la Facultad de Derecho en Huelva y catedrático de Derecho Penal, Juan Carlos Ferré Olivé. Ya son dos los doctores en la Fiscalía de Huelva. Felicitaciones a Mora y a todo el departamento.
Correos no se calla. Pocas cosas hay más gratificantes para un periódico que comprobar que las cartas que nos confiáis para expresar una queja o compartir una opinión con el resto de lectores, llega de una forma u otra a los aludidos, que a su vez piden intervenir para discrepar sobre lo publicado. Eso es precisamente lo que ha ocurrido tras dar voz a un miembro de la Asociación ‘Los pies en la tierra’ en su carta titulada ‘¡No te vengas al campo! De los servicios públicos en la Sierra de Aracena’. En ella, el firmante, Dani López García, repasaba el que a su juicio es el desmantelamiento de lo público en la comarca serrana y entre otros aspectos se centraba en el deterioro del servicio postal. Concretamente lo hacía en este fragmento:
“(...) Hablo también de los muchos pueblos que no cuentan con cartero para el reparto de la correspondencia; no digamos de oficina postal. Correos, el operador designado por ley para la prestación del Servicio Público Universal (SPU) en España, lleva desde hace unos años en un proceso de liberalización. Esto significa la eliminación progresiva de su plantilla de personal funcionario (aún en torno al 30% de la misma), el cierre de oficinas y la supresión de los servicios menos rentables (llámese reparto postal en zonas y municipios con pocos habitantes). Esta limpieza de todo lo que no sea económicamente rentable tiene la mirada puesta en la privatización del negocio postal, cosa que ya han intentado en varias ocasiones. Ahora lo que renta es la paquetería, y ahí se están centrando los recursos, con el tótem de Amazon mirándolo todo desde arriba. Y cuando exclusivamente de dividendos se trate, obviamente las cosas no irán a mejor en cuanto a servicios públicos, y no digamos respecto a condiciones laborales (...)”.
“En relación con la carta titulada ‘¡No te vengas al campo! De los servicios públicos en la Sierra de Aracena’, (...) y para la correcta información de sus lectores, Correos desea puntualizar lo siguiente:
El servicio de Correos está presente en toda la Sierra de Aracena, donde, además del servicio de reparto en cada localidad, cuenta con 4 oficinas técnicas (en Santa Olalla de Cala, Aracena, Cortegana y Aroche) y 13 oficinas auxiliares rurales con atención al público (en Higuera de la Sierra, Cala, Arroyomolinos de León, Zufre, Fuenteheridos, Alájar, Galaroza, El Repilado, Jabugo, Encinasola, Almonaster la Real, Cumbres Mayores y Rosal de la Frontera). Igualmente, en el resto de pequeñas localidades que no disponen de oficina siempre hay un repartidor de Correos que también ofrece el servicio de Atención al Paso para admitir envíos de correspondencia y paquetería de los ciudadanos.
Correos es una empresa 100% pública, propiedad del Estado a través de su pertenencia a SEPI. Y lo seguirá siendo: no existe ningún plan de privatización de la Compañía.
Correos es el operador designado por el Estado para prestar el Servicio Postal Universal a todos los ciudadanos, en cualquier punto del territorio y garantiza su prestación en las mismas condiciones de equidad, accesibilidad, asequibilidad y no discriminación que establece la Ley 43/2010 del Servicio Postal Universal, de los Derechos de los Usuarios y del Mercado Postal (art. 1,2, art. 2 y art. 22.1).
Correos considera la mejora de la atención y la oferta de más productos y servicios en el ámbito rural uno de sus compromisos más importantes con la sociedad y con su entorno. Por ello, está desarrollando varios proyectos para acercar y ofrecer más servicios públicos a todos los ciudadanos, estén donde estén, para ayudar a salvar la brecha existente entre las zonas rurales y las urbanas.
No es, desde luego, nuestra función erigirnos en jueces sobre un tema en el que ambas partes tendrán su cuota de razón. De hecho, seguramente se podrían matizar algunas de las afirmaciones que aquí se vierten de uno u otro lado. Al final, es el usuario del servicio postal el que tiene la última palabra acerca de este asunto. Y no hablamos de un hecho incontrovertbile como es el que Correos dejara de pertenecer a la administración pública en 2001 para convertirse en sociedad anónima, sino de cómo se ha gestionado y ha afectado ese proceso a lo que realmente importa: el servicio que se le presta al ciudadano.
