Radiografía de la ocupación en Huelva: así eligen viviendas en la provincia
La ocupación ilegal sigue un patrón estudiado: explotar la lentitud del sistema judicial. Los 'okupas' conocen qué juzgados están colapsados y eligen sus objetivos en consecuencia, convirtiendo la ineficacia administrativa en su mayor ventaja
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«Los 'okupas' no son tontos, conocen la legislación mejor que nosotros». La afirmación, contundente, es de Iván Moralva, experto en seguridad privada y criminología, además de director de una empresa especializada en desocupaciones que lleva años operando en la provincia de Huelva. Su experiencia le ha permitido descifrar el modus operandi detrás de un fenómeno que, aunque menos visible que en otras provincias, sigue una lógica calculada: buscar las «zonas cero» de la Justicia, aquellos partidos judiciales saturados donde un proceso de desahucio puede eternizarse, garantizando la impunidad del infractor.
Los 'okupas' y, especialmente, los inquilinos morosos 'profesionales', conocen al dedillo la geografía judicial de la provincia y explotan sus puntos débiles, convirtiendo la saturación de los juzgados en su principal aliado para alargar su estancia ilegal. Así lo detalla Moralva, responsable de la empresa Blackwater Soluciones y Servicios, fundada en 2021 –un año después de crear Gestión Acción Prevención S.L.–, cuya experiencia en el sector de la desocupación le ha permitido trazar un mapa preciso de cómo y dónde actúa este fenómeno en el territorio onubense.
El factor determinante, según explica a huelva24, es la jurisdicción a la que pertenece cada municipio. «Los juzgados que peor van en Huelva son La Palma del Condado, Moguer y Ayamonte». Y la razón es estructural: estos partidos judiciales disponen de una única sala para gestionar tanto asuntos penales como civiles. Dado que la usurpación de una segunda vivienda se dirime por la vía civil, estos casos quedan relegados frente a la prioridad de las causas penales, lo que provoca demoras de años en los procedimientos de desahucio. Los 'okupas' son plenamente conscientes de esta realidad. »No son tontos y si un juzgado va mal, ahí es donde va a incidir la ocupación«, sentencia Moralva.
Esta pauta se observa claramente en la costa. Por ejemplo, la zona de El Portil, perteneciente a Punta Umbría, depende de los juzgados de Huelva capital, que funcionan «relativamente bien». Sin embargo, el mapa cambia drásticamente a sólo unos metros. Desde Nuevo Portil, en el término de Cartaya, hasta la frontera con Portugal, la competencia recae en los juzgados de Ayamonte, uno de los más saturados. Esto incluye núcleos turísticos de gran importancia como Lepe, Islantilla o Isla Canela, que se convierten en objetivos atractivos para la ocupación precisamente por la lentitud judicial que ampara a los infractores.
Allanamiento y usurpación
Respecto a las cifras oficiales, el experto se muestra escéptico. Los datos del Ministerio del Interior que registraron 152 casos de ocupación en la provincia de Huelva durante 2024 no reflejan, a su juicio, la complejidad del problema. Moralva argumenta que estas estadísticas a menudo mezclan conceptos legalmente distintos: el allanamiento de morada (entrada en primera vivienda, un delito penal de resolución rápida), la usurpación de la propiedad (la ocupación real de una segunda residencia, de trámite civil y lento) y el inquilino moroso (quien entra con contrato pero deja de pagar). «El gobierno a lo mejor ni siquiera quiere dar datos reales», sugiere, apuntando que una cifra precisa requeriría que cada caso fuese dictaminado por un juez, algo que no siempre ocurre. Añade además una particularidad de Huelva: la vinculación con las campañas agrícolas. En ocasiones, trabajadores del campo acaban en viviendas alquiladas 'en negro', y los propietarios denuncian erróneamente una ocupación cuando en realidad se trata de un fraude en el arrendamiento.
La experiencia de su empresa incluye casos de todo tipo, incluso en la capital. Moralva relata una intervención en el barrio de El Torrejón para desalojar a una banda de delincuentes que había ocupado una casa. La clave fue la vigilancia: tras un tiroteo en la zona, los miembros de la banda abandonaron temporalmente la vivienda. «Nos dimos cuenta de que habían salido y llegamos, tomamos la vivienda. Era una ocupación y, por tanto, una reocupación no es un delito», explica, siempre con la autorización y la documentación del propietario en mano, un requisito que considera indispensable para actuar.
En los últimos años han proliferado este tipo de ofertas y, con una simple búsqueda en Google, es posible localizar una decena larga de negocios o empresas que anuncian sus servicios para operar en Huelva
El sector de la desocupación es un mundo complejo y en plena expansión. En los últimos años han proliferado este tipo de ofertas y, con una simple búsqueda en Google, es posible localizar una decena larga de negocios o empresas que anuncian sus servicios para operar en Huelva, incluso comprometiéndose de forma irresponsable a solucionar el problema en 24 o 48 horas. En este mercado, por tanto, conviven empresas que operan bajo el amparo de la ley y grupos que rozan o traspasan la ilegalidad. Moralva subraya que su método de actuación, respaldado por un equipo de abogados, se basa en la negociación, la persuasión y la psicología, proponiendo incluso soluciones habitacionales para los ocupantes. Advierte, sin embargo, de la existencia de «asustaviejas», grupos que emplean la coacción y las amenazas, una práctica que no solo es un delito, sino que supone un enorme riesgo legal para el propio cliente que los contrata, quien podría acabar respondiendo penalmente.
El perfil de quien acude a estas empresas es variado. Hay particulares desesperados porque un inquilino no les paga el alquiler de su segunda vivienda, pero también existe un negocio subterráneo de especuladores. Este entramado comienza cuando los bancos, que no pueden vender directamente inmuebles ocupados, los ceden a fondos de inversión. Estos fondos, a menudo con sedes en paraísos fiscales, venden la propiedad a particulares –muchas veces pagando con dinero negro– que la adquieren a un precio muy inferior a su valor de mercado, asumiendo la responsabilidad de desalojar a los ocupantes para luego reformar la casa y venderla obteniendo un gran beneficio.
La legislación, lejos de agilizar los procesos, a veces los complica. Moralva critica duramente la ley que entró en vigor el 1 de abril, que obliga a un acto de conciliación previo a la denuncia. En la práctica, asegura, esto se ha convertido en una herramienta para que los 'okupas' exijan dinero a los propietarios para marcharse. «Si no se ponen de acuerdo, al cabo de seis meses se puede interponer la denuncia, y ahora llega a trámite entre tres y seis meses más». El proceso, a la postre, puede alargarse años.
Este cúmulo de factores –la lentitud judicial, la complejidad legal, el trato con «gente de baja catadura moral» y las propuestas de clientes para usar métodos ilegales– provocan un profundo desgaste. «Estoy ya muy cansado, quema mucho el trabajo», confiesa Moralva. Por ello, su empresa está abandonando progresivamente la desocupación para reorientar su actividad hacia las reformas y la venta de inmuebles, una salida que surge del propio problema. «Una persona a la que le han ocupado la vivienda ya no tiene un recuerdo agradable de esa casa y suelen terminar vendiéndola», concluye. Es el último eslabón de una cadena de problemas que empieza con una puerta forzada y termina con un sistema que, a menudo, protege más al infractor que a la víctima.
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