CSI-F congrega a un centenar de funcionarios contra la rebaremación del concurso de traslados

En este sentido, CSI-F se ha concentrado (de forma simultánea con el resto de provincias andaluzas) durante más de media hora en la sede provincial de la Delegación de Hacienda y Administración Pública. Bajo el lema “No a la rebaremación. Resolución del concurso ya”, el sindicato ha protestado por el cambio anunciado por la Junta en la evaluación de la antigüedad como mérito en el concurso de traslados en curso.Esta decisión, que según CSI-F es una “cortina de humo” para desviar la atención de la reordenación del sector público andaluz, perjudica nuevamente al  funcionariado ya que supondría la inclusión en la baremación de los servicios prestados en la Junta sin ser personal funcionario, lo que dejaría a este colectivo “aún más denostado”En esta misma línea, durante la concentración se leyó un manifiesto en el que se lamentó la actitud de Junta que “vuelve a intentar manipular la Administración agrediendo nuevamente a los empleados públicos”. El Presidente del Sector de Administración General de la Junta de Andalucía de CSI-F en Huelva, Antonio Tur, ha puntualizado que la rebaremación afecta a unos 1.500 empleados públicos de la provincia onubense, pero los más perjudicados son los cientos de trabajadores de Huelva que actualmente están destinados en otras provincias andaluzas esperando la resolución del concurso de traslados. Estos empleados, mileuristas, gastan la mayor parte de su salario en el pago del alquiler de un piso y en los desplazamientos que tienen que realizar. De la misma forma, y contra de lo que la propia Junta defiende, esta situación perjudica la conciliación de la vida laboral y familiar. Finalmente, CSI-F ha anunciado que el sindicato “tomará  las medidas legales oportunas para defender los derechos y los intereses de estos empleados públicos” y ha exigido la inmediata resolución del actual concurso de traslados conforme a las bases aprobadas en el mes de marzo, sin rechazar incluso la petición de responsabilidades penales si se sigue adelante con “esta nueva tropelía de la Administración con los empleados públicos”.