CSI-F exige la paralización de la Ley de tasas y propone abrir un periodo de negociación

El sector de la Administración de Justicia sigue en pie deguerra. Según ha denunciado CSI-F, “las reformas que se están adoptando, lejosde beneficiar a los ciudadanos, van a colapsar aún más los juzgados y crearádesigualdades sociales”. La central sindical ha explicado que a partir de ahora“se va a tener que pagar a unos funcionarios-empresarios como los registradoreso notarios por acreditar el estado civil o casarse y los actos de lanzamientode las viviendas o de embargo de sus bienes los van a realizar losrepresentantes de sus acreedores”. Por ello -augura la organización- si losdesahucios son un problema social a día de hoy, con la privatización de losactos de ejecución que ha propuesto la Administración la situación va a ser“dramática”.

En este sentido, CSI-F manifiesta que “es lamentable cómocon la excusa de la crisis se pretende privatizar por partes el sector deJusticia cuando el principal responsable de sus carencias es el propioMinisterio”. Por si esto no revistiera suficiente gravedad, lamenta el sindicato,“todas la medidas que afectan a los ciudadanos y a los funcionarios se estánadoptando por Decreto Ley o acudiendo al trámite de urgencia eliminando todaposibilidad de negociación”. Por ello, el sindicato exige que se paralice laaplicación de la Ley de tasas y que se abra un periodo de reflexión paramodificarla.

 Condiciones laborales

Por otra parte, el debate sobre las condiciones laborales delos empleados públicos de la Administración de Justicia sigue encallado. CSI-Fcree que “con el pretexto de reducir el déficit público se están vulnerandoderechos fundamentales como la negociación colectiva”, y se están imponiendocambios en las condiciones laborales de los funcionarios “poniéndolosdirectamente en la diana como si esos derechos laborales fueran la causa de losproblemas sociales y económicos actuales”.

 Así las cosas, CSI-Fasegura que hay “demasiada prepotencia e imposición con un preocupantealejamiento de los políticos de la realidad social que vivimos despreciando lasopiniones de los profesionales de la Justicia”. El sindicato seguirá con lacampaña de recogida de firmas en defensa de un servicio público de Justicia decalidad y adelanta que en enero se plantearán nuevas movilizaciones.