La Consejería de Justicia quiere amortizar 218 plazas de funcionarios, con despidos de casi todos los refuerzos actuales

La medida constituye nuevo giro de tuerca a los continuos recortes de servicios públicos esenciales que, tanto desde el Gobierno central del PP como ahora por el socialista regional andaluz, se están llevando a cabo en los últimos años en toda las administraciones, pero de forma alarmante y grave en la Justicia.

Parece ser que no basta con obstaculizar el derecho constitucional de todos los españoles de acceso a la Justicia (actual Ley de Tasas y futura reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que supondrá la desaparición de los partidos judiciales y Juzgados de Paz) o de privatizar servicios esenciales como el Registro Civil, algo con lo que insiste el ministro Galardón para que deje de ser público y gratuito para pasar a ser privado y de pago.

Algo más hay que hacer para reducir gasto sin ponderar el daño que causa a la sociedad y, es por lo que el consejero De Llera pretende ahora reducir el número de funcionarios judiciales andaluces contribuyendo así al detrimento de una administración ya de por si infradotada y con la peor valoración de eficacia de todas las que existen. Sin embargo no existe el más mínimo reparo en celebrar trasnochados eventos como el del 25 aniversario del TSJA, aunque no sirva para nada y sólo conlleve decenas de miles de euros de nuestros impuestos  en escoltas, coches oficiales, dietas, ágapes de marisco o vino.

Y si todo este despropósito no basta, la Consejería decide iniciar este proceso de desaparición de puestos de trabajo en pleno plazo de petición de traslado de los funcionarios de Justicia (y para mayor daño en los dos últimos días…), despreciando no sólo lo legalidad del proceso, sino a los propios trabajadores y a sus condiciones profesionales, personales y familiares.

Por todo ello, el sindicato STAJ denuncia ante los medios de comunicación lo que supone nuevo recorte del ejecutivo andaluz,  el empeoramiento de la prestación del servicio de la justicia andaluza, la destrucción de empleo y el daño gratuito a las condiciones de trabajo de un colectivo ya vapuleado por cuarto año consecutivo de recortes salariales y de derechos de un gobierno regional que dice “ser” y “defender” a la clase trabajadora… Las urnas de las próximas generales y autonómicas “contestarán” a estos politicos y gobernantes… falta poco.

Nicolás J. Núñez Muro

Coordinador andaluz del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia