Ex mineros de Riotinto piden al Defensor del Pueblo que interceda ante los embargos que les reclama la Junta

Concepción Pablos, una de las afectadas, ha asegurado que uno de ellos ha recibido una carta de embargo de 75.000 euros, tras reclamarle 62.000 euros, más intereses de 12.500 euros, con fecha de pago del 5 de junio porque dicen que no tenemos derecho a cobrar el expediente de regulación de empleo (ERE) porque somos pensionistas, con una incapacidad del 55 por ciento, y no prejubilados.En este sentido, ha manifestado que este lunes por la noche agentes de la Policía Local de Sevilla los invitaron a desalojar la sede de UGT y ante la negativa a marcharse, decidieron quedarse a dormir en la calle en sacos de dormir y ha sido una noche muy dura porque somos mayores de 60 años.A su vez, han preparado una documentación para entregarla este miércoles en la Consejería de Empleo en Sevilla con el fin de paralizar este embargo, ya que aunque por el momento le ha llegado la carta de embargo a uno de ellos, temen que les llegue en breve a los demás.Concepción Pablos ha manifestado que se han encerrado en la sede de UGT al ser este sindicato el tomador del seguro que en 2005 firmó la Junta de Andalucía con Vitalicio -hoy Generali Seguros- para el pago de este ERE y ha insistido en que ellos firmaron la póliza de pensionistas y no de prejubilados.En este sentido, ha explicado que cuatro de los 26 prejubilados no cobran las ayudas complementarias a su pensión que se firmaron en el convenio en 2005 y que suponen el 45 por ciento de sus ingresos, desde hace catorce meses y otros llevan ocho meses sin recibir este dinero, afirmando además que a estos cuatro ahora se les reclama la devolución de todas las cantidades cobradas a cuenta del ERE desde 2005.La Consejería de Empleo dice que no tenemos derecho a cobrar el ERE porque somos pensionistas y no prejubilados, a lo que ha añadido que no entiende el por qué, ya que ellos no son intrusos como otros, que han cobrado y no han trabajado en su vida en la mina.Las ayudas que han dejado de cobrar durante estos meses oscilan entre 300 y 600 euros. Cabe recordar que por estos motivos, un grupo de 17 personas, pensionados desde el cierre de la mina por problemas de salud, se concentraron en el mes de marzo ante la sede de UGT en Huelva y en la puerta de los juzgados en Sevilla con la intención de que el sindicato diera la cara tras no cobrar desde hace ocho meses, no obstante, en estos momentos están pendientes de la negociación y podrían cobrar próximamente.