cuenca minera
La Junta autoriza prorrogar ocho años más la actividad de la mina de Riotinto
Las 15 millones de toneladas anuales de mineral que se procesarán serán esenciales para el proceso de descarbonización
Como novedad, la gestión de los estériles prevé la reutilización de estos residuos en la propia corta minera
La Consejería de Industria, Energía y Minas, a través de la Dirección General de Minas, ha aprobado la actualización del proyecto de explotación vigente de la Mina de Riotinto y su plan de restauración, que supone extender la vida de la explotación ocho años más, hasta 2031, un nuevo diseño para la gestión de los estériles de mina que prevé su reutilización en la corta minera, así como el recrecimiento del depósito de estériles de proceso.
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, ha realizado este anuncio tras la visita a las instalaciones de Atalaya Mining, en la que ha estado acompañado por el director general de Minas, Jesús Portillo; la delegada territorial de la Consejería en Huelva, Lucía Núñez; y el CEO de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira.
El consejero ha destacado que la autorización de la actualización de este proyecto minero supone «garantizar y prolongar en el tiempo la vida de una explotación que da empleo a 1.100 personas y que ha supuesto una inversión acumulada desde el inicio de su actividad superior a los 400 millones de euros». Además, va a permitir
Este proyecto supone garantizar y prolongar la vida de una explotación que da empleo a 1.100 personas y que ha supuesto una inversión superior a los 400 millones de euros
el tratamiento de 15 millones de toneladas de mineral al año que serán «esenciales para asegurar el suministro de materias necesarias para la descarbonización de la economía y el proceso de transición energética hacia nuevas tecnologías más limpias», ha señalado. Durante la tramitación del expediente «se ha procurado maximizar las garantías de seguridad operacional y ambiental como principio irrenunciable».
Por delante de la ley
Así, y yendo más allá de los requisitos legalmente establecidos, según explica un comunicado del Gobierno andaluz, la Secretaría General de Industria y Minas ha contado con organismos científico-técnicos de referencia como el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) o la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid al objeto de valorar con el máximo rigor el proyecto. En este sentido, las recomendaciones realizadas por dichos organismos han sido incorporadas en el condicionado de la resolución de autorización.
La Junta de Andalucía, en coherencia con este planteamiento, ha prestado especial atención a la garantía de la seguridad operacional de las instalaciones de residuos de tratamiento y, así, ha desplegado una serie de medidas adicionales que van más allá de las rigurosas prescripciones impuestas por la legislación reguladora en la materia. En concreto, el Consejo de Gobierno en su reunión del pasado día 4 de julio aprobó el Decreto 167/2023, por el que se crea y establece la regulación de la Comisión de Expertos para el seguimiento de la seguridad de las instalaciones de residuos de grandes proyectos mineros en Andalucía.
