La Junta trabaja en un plan de acción para mejorar la calidad del aire en el polo industrial de Huelva
La consejera Catalina García afirma que «confiamos en que puedan estar aprobados antes de que finalice el año»
Pone en valor la futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía como herramienta clave para la sostenibilidad y el desarrollo económico de la provincia
Industria anuncia en Huelva un paquete de 250 millones de euros para mejorar la competitividad de las pymes
La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha anunciado este lunes durante la celebración del Foro Dialogando, que su departamento ha dado luz verde a la tramitación de tres planes de acción a corto plazo, entre ellos uno específicamente dirigido a la zona industrial de Huelva.
Durante su intervención, Catalina García ha explicado que la Consejería está trabajando actualmente en once planes de mejora de la calidad del aire, elaborados para dar respuesta a situaciones de superación o riesgo de superación de los valores límite establecidos por la normativa europea y nacional, y de los objetivos de la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, en donde se establecen objetivos intermedios que se aproximan a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Todos estos planes se encuentran ya con informe ambiental estratégico emitido y han sido trasladados a la Consejería de Salud y Consumo, que está evaluando su impacto en la salud. «Confiamos en que puedan estar aprobados antes de que finalice el año», ha afirmado.
En el caso concreto de Huelva, ha recordado que en febrero de 2024 se acordó la formulación del Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la zona industrial, con especial refuerzo en la vigilancia de las emisiones de partículas y ozono. Coordinado entre ocho municipios, este plan incluye estudios detallados sobre las fuentes de contaminación y la implantación de medidas correctoras.
La consejera ha puesto de relieve que estos planes estructurales, con vocación de permanencia, se complementan ahora con otros de naturaleza más inmediata, diseñados para actuar ante episodios puntuales de alta contaminación. Se trata de planes de acción a corto plazo que activan medidas temporales con el objetivo de reducir el riesgo o la duración de situaciones en las que los niveles de contaminación se acercan o superan los umbrales de alerta. Según ha indicado, estos tres nuevos planes ya se encuentran en tramitación tras la firma de los acuerdos de inicio a principios de junio.
Uno de ellos afectará a la zona industrial de la Bahía de Algeciras y se aplicará a los municipios de Algeciras, La Línea de la Concepción, Los Barrios y San Roque. Otro cubrirá la aglomeración de Granada y su entorno, con aplicación en las localidades de Granada y Armilla. Y el tercero se centrará en la zona industrial de Huelva, abarcando los términos municipales de Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Punta Umbría y San Juan del Puerto. «Con esta nueva planificación reforzamos nuestra capacidad de respuesta ante episodios de contaminación atmosférica en zonas sensibles, como el polo químico de Huelva, donde la acción rápida es fundamental para la protección de la salud», ha remarcado.
Estrategia Andaluza de Calidad del Aire
Catalina García ha hecho hincapié en que todas estas actuaciones se enmarcan en la Estrategia Andaluza de Calidad del Aire, aprobada en 2020, que persigue una mejora progresiva y sostenida de la calidad del aire en toda la comunidad, no solo en aquellas zonas con superaciones, sino también en las que se aproximan a los umbrales legales o recomendados. «Estamos trabajando con rigor técnico, con una red de 94 estaciones de medición fija, estaciones móviles, captadores difusivos y una estructura de vigilancia permanente que garantiza la fiabilidad de los datos las 24 horas del día», ha señalado.
Sobre ello, ha señalado que 16 de estas estaciones de medición se encuentran en la provincia de Huelva, capaces de medir múltiples contaminantes, incluidas las partículas ultrafinas, y que realizan un control permanente de las emisiones industriales. Así, ha añadido además que este esfuerzo se complementa con la aprobación reciente de nuevas normativas sobre contaminación acústica y lumínica, que permiten una intervención más precisa sobre focos emisores en entornos urbanos.
Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía
La consejera ha aprovechado también su participación en el Foro para poner en valor la futura Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), cuyo anteproyecto está en tramitación y que, según ha recordado, será aprobado a lo largo de esta legislatura. «Es una norma necesaria para modernizar nuestra gestión ambiental y adaptarla a los desafíos del presente y del futuro. Con ella queremos construir una Administración más ágil, eficaz y con mayor seguridad jurídica», ha indicado.
Entre los beneficios concretos de esta ley, ha citado la reducción de plazos en las autorizaciones ambientales, la creación de una Estrategia Marco de Medio Ambiente que coordine todas las políticas sectoriales, y la incorporación de herramientas para garantizar una participación ciudadana más efectiva en los procesos de evaluación ambiental. También ha destacado que la LEGAM contempla incentivos económicos para fomentar la economía circular, la valorización de residuos y el uso de nuevas tecnologías, como el hidrógeno verde, que tendrán un impacto directo en sectores estratégicos para Huelva como el petroquímico, el minero o el agrícola.
«La LEGAM, además de simplificar procedimientos, abre la puerta a un nuevo modelo productivo basado en la sostenibilidad, la innovación y la colaboración público-privada», ha sostenido Catalina García. En este sentido, ha apuntado que la norma permitirá a las centrales hortofrutícolas, por ejemplo, gestionar sus actividades a través de declaraciones responsables, reduciendo así los tiempos y costes administrativos sin perder garantías ambientales. «Estamos impulsando un cambio profundo que sitúa a Andalucía a la vanguardia en regulación ambiental», ha afirmado.
Además, ha puesto de relieve que el procedimiento simplificado para modificar autorizaciones facilita la implantación de parques de energías renovables y proyectos de economía azul. «Queremos que esta tierra lidere la transición energética con seguridad jurídica, agilidad y participación», ha dicho. Igualmente, ha señalado que la norma avanza en fiscalidad verde, medidas de control para actividades contaminantes y en un nuevo régimen sancionador que contempla alternativas reparadoras como la prestación ambiental sustitutoria.
En cuanto al impacto de esta normativa en Huelva, ha afirmado que la LEGAM supone una oportunidad para reforzar el papel de la provincia como polo de innovación y desarrollo tecnológico vinculado a la sostenibilidad. «Favorece la creación de clústeres especializados, promueve la inversión tecnológica y genera empleo cualificado en sectores como las energías limpias, la agroindustria o la economía azul», ha sostenido. Al respecto, ha recalcado además que el texto normativo está siendo desarrollado en diálogo permanente con los agentes sociales y económicos, a través del grupo de trabajo constituido en el marco del Pacto de Diálogo Social y Económico por el Impulso de Andalucía.
Al hilo de esto último, la consejera ha hecho un llamamiento a la colaboración institucional y social para alcanzar los objetivos marcados en esta hoja de ruta hacia una Andalucía más limpia, saludable y comprometida con el futuro. «La sostenibilidad no es una obligación legal o un principio ambiental: es una oportunidad para generar empleo, mejorar la salud pública y construir un modelo de desarrollo con más calidad de vida para todos», ha remarcado.
En el acto, también han estado presentes el viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Sergio Arjona; la secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático, María López Sanchís; la directora general de Sostenibilidad Ambiental y Economía Circular, Carmen Jiménez; el director general de Espacios Naturales Protegidos, José Enrique Borrallo; así como los delegados territoriales de Huelva, Cádiz y Sevilla, Pedro Yórkez, Óscar Curtido e Inmaculada Gallardo, además de representantes de empresas, asociaciones, colegios profesionales, universidad y sindicatos.
