ESTÁN EN LA MISMA SITUACIÓN IRREGULAR
Adelante pide que se extienda la medida de regular la situación de sanitarios extranjeros a los temporeros
19.20 h. La parlamentaria de Adelante Andalucía por Huelva, María Gracia González, ha reclamado este miércoles que el Gobierno extienda la medida anunciada por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para regular la situación de población migrante del ámbito sanitario ante la necesidad de profesionales debido a la crisis sanitaria del covid-19 a las personas que trabajan en el campo.
Se encuentran en la misma situación irregular, sobre todo en la provincia onubense, donde hay una importante presencia de migrantes en diversos asentamientos de municipios agrícolas.
Se encuentran en la misma situación irregular, sobre todo en la provincia onubense, donde hay una importante presencia de migrantes en diversos asentamientos de municipios agrícolas. Así, según ha informado la formación en una nota de prensa, González ha tildado de acertada la decisión del Gobierno de conceder permisos de trabajo a migrantes en situación irregular con formación sanitaria, para trabajar como médicos, enfermeros, enfermeras y, en general, en este sector. Para ello, Escrivá ha manifestado en rueda de prensa que se han agilizado todos los procedimientos y estamos concediendo permisos de trabajo de una forma express debido a la necesidad de profesionales de este sector ante la crisis del coronavirus. De la misma manera, González ha insistido en que hay poner en marcha un plan, con carácter urgente, para la regularización de los trabajadores del campo que permita la contratación de estas personas y que puedan ocupar los miles de alojamientos vacíos que hay en los campos. La medida cobra más importancia, si cabe, ante una crisis sanitaria como la que vivimos, donde no están garantizadas unas condiciones higiénico sanitarias básicas para afrontar esta pandemia en los asentamientos chabolistas, donde viven miles de jornaleros. Además, en los asentamientos onubenses (49 repartidos entre Lepe, Moguer, Lucena y Palos) no hay ningún tipo de red de saneamientos ni de recogida de basuras, como ha proseguido. La representante andaluza ha subrayado que se puede hacer lo mismo con los trabajadores del campo en idéntica situación, y que en provincias de Andalucía como Huelva y Almería se dedican a levantar este sector, que es básico para la sociedad y la ciudadanía. En concreto, en Huelva la exportación en este ámbito en 2018 generó 920 millones de euros. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dictado una serie de medidas preventivas para evitar el contagio del virus, que no están garantizadas en estos asentamientos chabolistas, al carecer de cualquier tipo de suministro de agua, sea estable u ocasional. Así, González ha denunciado que las personas que habitan estos asentamientos, en algunas ocasiones, tienen que desplazarse a varios kilómetros para poder acceder al agua y así cubrir sus necesidades básicas. Con la regularización, estos trabajadores tendrían un contrato de trabajo que les permitiría acceder a una vivienda digna, con todo lo que ello supone. Suspendida la contratación en origen de temporeras marroquíesEl Ministerio de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones ha suspendido todos los procedimientos relativos a la contratación en origen de trabajadores procedentes de Marruecos para la campaña agrícola de temporada onubense con motivo del estado de alarma decretado por la crisis del coronavirus. La suspensión se produce como consecuencia de esta situación excepcional, tal y como afirma la Secretaría de Estado de Migraciones. Para 2020, el Ministerio autorizó la contratación de un total de 20.195 trabajadores en origen, teniendo en cuenta que en términos de demanda la campaña agrícola de temporada en Huelva es la más importante. En este sentido, la Secretaría de Estado ha informado de que, a pesar de que se han concedido más de 17.000 autorizaciones de residencia y trabajo, 11.865 trabajadoras marroquíes no podrán desplazarse de Marruecos a Huelva para la actual campaña de fresa y frutos rojos. En cualquier caso, este órgano ha asegurado que está facilitando que la ausencia de estas trabajadoras pueda ser suplida, parcialmente, con la prórroga de los contratos de aquellas que ya están en la provincia (6.660) de manera coordinada con empresarios, trabajadores y agentes sociales. Dicha medida es particularmente positiva, puesto que el trabajo incluye alojamiento, y las mujeres marroquíes a quienes expiren los actuales contratos no pueden regresar a Marruecos, han subrayado desde la Secretaría de Estado. Migraciones sostiene que una vez llegue a su fin la situación ligada al estado de alarma vigente, y siempre y cuando se produzca el levantamiento de las restricciones en las fronteras exteriores, la Secretaría de Estado podrá emitir nuevas instrucciones con el fin de adaptar los procedimientos iniciados en relación a la campaña de contratación en origen a las nuevas necesidades. En rueda de prensa, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, preguntado sobre la situación de la contratación en origen, ha dicho que se está trabajando con las empresas para resolver la situación que se ha producido ante la crisis del covid-19. Viviendas en 3DDe otro lado, la Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha propuesto la construcción de viviendas con impresoras 3D para los inmigrantes que viven en los asentamientos como medida para frenar el contagio del coronavirus ya que considera que las recomendaciones del Ministerio de Sanidad no tienen en cuenta la realidad de los asentamientos chabolistas en la provincia. Por esto, piden que se tomen medidas sanitarias, sociales y económicas de carácter urgente para estas personas en estos momentos de tanta necesidad, por lo que ha propuesto esta opción habitacional como se hace en otras emergencias sociales, de manera económica y rápida y como medida innovadora que se adapte rápidamente a la urgencia que vivimos, según han indicado en una nota de prensa. Desde Apdha Huelva, han subrayado que estas personas necesitan casas en la que refugiarse de la pandemia, o incluso sanarse si se contagian, los empresarios, mano de obra que por el estado de alarma y de confinamiento no pueden recibir ni de otros países ni de otras localidades y los ayuntamientos, necesitan solucionar la situación de infravivienda en sus municipios, para poder seguir las recomendaciones de Sanidad, puesto que de lo contrario se dificulta el control de la epidemia entre sus habitantes. La asociación ha criticado la casi nula intervención protectora realizada en ellos tras los primeros días de confinamiento, por lo que atendiendo a las propias personas afectadas y a diferentes colectivos implicados, consideran que se hace necesaria una resolución gubernamental que, de una vez, solucione favorablemente su situación dotándoles de permisos de trabajo sean temporales o por campaña, que permita regularizar su estado para poder ser contratados y reubicados en las viviendas que las fincas agrícolas poseen. En este sentido, indican que es inconcebible que haya gente en chabolas teniendo viviendas vacías, en medio de esta emergencia mundial de pandemia y argumentan que es necesario, también, agilizar el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria y terminar así con la detestable situación que el relator de la ONU denunció hace unas semanas, indicando que los asentamientos eran peor que un campo de refugiados. Además, han reseñado que no pueden escapar a los controles y vigilancia laboral, social y sanitaria, las condiciones especiales de protección que deben cumplirse en los campos de trabajo para evitar la propagación del coronavirus. Desde la Apdha han pedido a las instituciones mayores recursos e intervenciones en las personas y colectivos que más lo necesitan, así como una implicación total de los Servicios Sociales que palien las carencias en las que muchas personas están obligadas a vivir, y que en esta situación de alarma se ven aún más precarizadas, por no poder conseguir su sustento diario ante la falta de ahorros y otros apoyos que las sostengan.
De la misma manera, González ha insistido en que hay poner en marcha un plan, con carácter urgente, para la regularización de los trabajadores del campo que permita la contratación de estas personas y que puedan ocupar los miles de alojamientos vacíos que hay en los campos.
La medida cobra más importancia, si cabe, ante una crisis sanitaria como la que vivimos, donde no están garantizadas unas condiciones higiénico sanitarias básicas para afrontar esta pandemia en los asentamientos chabolistas, donde viven miles de jornaleros.
Además, en los asentamientos onubenses (49 repartidos entre Lepe, Moguer, Lucena y Palos) no hay ningún tipo de red de saneamientos ni de recogida de basuras, como ha proseguido.
La representante andaluza ha subrayado que se puede hacer lo mismo con los trabajadores del campo en idéntica situación, y que en provincias de Andalucía como Huelva y Almería se dedican a levantar este sector, que es básico para la sociedad y la ciudadanía. En concreto, en Huelva la exportación en este ámbito en 2018 generó 920 millones de euros.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dictado una serie de medidas preventivas para evitar el contagio del virus, que no están garantizadas en estos asentamientos chabolistas, al carecer de cualquier tipo de suministro de agua, sea estable u ocasional. Así, González ha denunciado que las personas que habitan estos asentamientos, en algunas ocasiones, tienen que desplazarse a varios kilómetros para poder acceder al agua y así cubrir sus necesidades básicas. Con la regularización, estos trabajadores tendrían un contrato de trabajo que les permitiría acceder a una vivienda digna, con todo lo que ello supone.
La suspensión se produce como consecuencia de esta situación excepcional, tal y como afirma la Secretaría de Estado de Migraciones. Para 2020, el Ministerio autorizó la contratación de un total de 20.195 trabajadores en origen, teniendo en cuenta que en términos de demanda la campaña agrícola de temporada en Huelva es la más importante.
En este sentido, la Secretaría de Estado ha informado de que, a pesar de que se han concedido más de 17.000 autorizaciones de residencia y trabajo, 11.865 trabajadoras marroquíes no podrán desplazarse de Marruecos a Huelva para la actual campaña de fresa y frutos rojos.
En cualquier caso, este órgano ha asegurado que está facilitando que la ausencia de estas trabajadoras pueda ser suplida, parcialmente, con la prórroga de los contratos de aquellas que ya están en la provincia (6.660) de manera coordinada con empresarios, trabajadores y agentes sociales.
Dicha medida es particularmente positiva, puesto que el trabajo incluye alojamiento, y las mujeres marroquíes a quienes expiren los actuales contratos no pueden regresar a Marruecos, han subrayado desde la Secretaría de Estado.
Migraciones sostiene que una vez llegue a su fin la situación ligada al estado de alarma vigente, y siempre y cuando se produzca el levantamiento de las restricciones en las fronteras exteriores, la Secretaría de Estado podrá emitir nuevas instrucciones con el fin de adaptar los procedimientos iniciados en relación a la campaña de contratación en origen a las nuevas necesidades.
En rueda de prensa, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, preguntado sobre la situación de la contratación en origen, ha dicho que se está trabajando con las empresas para resolver la situación que se ha producido ante la crisis del covid-19.
Viviendas en 3DDe otro lado, la Delegación de Huelva de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha propuesto la construcción de viviendas con impresoras 3D para los inmigrantes que viven en los asentamientos como medida para frenar el contagio del coronavirus ya que considera que las recomendaciones del Ministerio de Sanidad no tienen en cuenta la realidad de los asentamientos chabolistas en la provincia.
Por esto, piden que se tomen medidas sanitarias, sociales y económicas de carácter urgente para estas personas en estos momentos de tanta necesidad, por lo que ha propuesto esta opción habitacional como se hace en otras emergencias sociales, de manera económica y rápida y como medida innovadora que se adapte rápidamente a la urgencia que vivimos, según han indicado en una nota de prensa.
Desde Apdha Huelva, han subrayado que estas personas necesitan casas en la que refugiarse de la pandemia, o incluso sanarse si se contagian, los empresarios, mano de obra que por el estado de alarma y de confinamiento no pueden recibir ni de otros países ni de otras localidades y los ayuntamientos, necesitan solucionar la situación de infravivienda en sus municipios, para poder seguir las recomendaciones de Sanidad, puesto que de lo contrario se dificulta el control de la epidemia entre sus habitantes.
La asociación ha criticado la casi nula intervención protectora realizada en ellos tras los primeros días de confinamiento, por lo que atendiendo a las propias personas afectadas y a diferentes colectivos implicados, consideran que se hace necesaria una resolución gubernamental que, de una vez, solucione favorablemente su situación dotándoles de permisos de trabajo sean temporales o por campaña, que permita regularizar su estado para poder ser contratados y reubicados en las viviendas que las fincas agrícolas poseen.
En este sentido, indican que es inconcebible que haya gente en chabolas teniendo viviendas vacías, en medio de esta emergencia mundial de pandemia y argumentan que es necesario, también, agilizar el empadronamiento y el acceso a la tarjeta sanitaria y terminar así con la detestable situación que el relator de la ONU denunció hace unas semanas, indicando que los asentamientos eran peor que un campo de refugiados.
Además, han reseñado que no pueden escapar a los controles y vigilancia laboral, social y sanitaria, las condiciones especiales de protección que deben cumplirse en los campos de trabajo para evitar la propagación del coronavirus.
Desde la Apdha han pedido a las instituciones mayores recursos e intervenciones en las personas y colectivos que más lo necesitan, así como una implicación total de los Servicios Sociales que palien las carencias en las que muchas personas están obligadas a vivir, y que en esta situación de alarma se ven aún más precarizadas, por no poder conseguir su sustento diario ante la falta de ahorros y otros apoyos que las sostengan.
