Colectivos sociales acuden a los asentamientos a explicar a los inmigrantes los trámites para empadronarse

Esta acción convocada por Alianza por la Solidaridad, Asociación Multicultural de Mazagón, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y Jornaleras de Huelva en Lucha pretende restablecer el derecho al empadronamiento negado sistemáticamente por las corporaciones locales de las zonas freseras. 

Estas acciones enmarcadas en la campaña 'Vecina, vivas donde vivas', de Alianza por la Solidaridad, vienen precedidas de un trabajo por parte de esta organización, iniciado en 2020, que incluye una investigación sobre los empadronamientos en los asentamientos de chabolas, la formación de mujeres migrantes a través de talleres de información y un documental que trata la misma temática. Y todo ello con el objeto de dar a conocer entre la población migrante, altamente vulnerable, los derechos que les asisten. Esta campaña se esta llevando a cabo tanto en Almería como en Huelva donde las personas migrantes y en concreto las mujeres se enfrentan a muchas dificultades para acceder al empadronamiento, ya que los Ayuntamientos, aseguran estos colectivos, les niegan el ejercicio de este derecho.

En mayo del año pasado, señalan, seis personas migrantes presentaron sus solicitudes de empadronamientos en el Ayuntamiento de Lucena del Puerto. Un mes después cinco personas presentaron su solicitud en la Mancomunidad de Mazagón (Moguer). Hasta la fecha, el Ayuntamiento de Lucena del Puerto ha contestado con un escrito donde afirman 'que esas personas no están inscritas en el censo de la localidad'. En cuanto a Moguer, de las cinco solicitudes, solo una ha sido aprobada, por lo que la Asociación Multicultural de Mazagón presentó, hace unos días, una demanda en el Juzgado contra el consistorio por tres casos resueltos de forma negativa. 

Para que estos trabajadores pudieran presentar su solicitud con registro de entrada, diversas organizaciones de la sociedad civil les acompañaron a la puerta de los consistorios y, así, asegurar un registro que los ayuntamientos niegan de forma sistemática. Todo este tipo de acciones están respaldadas por Asnuci, Asociación de Malienses de Mazagón, Ecologistas en Acción, Hermandad de Acción Católica Obrera (HOAC), La Carpa, La Mar de Onuba, Mujeres 24 Horas, Secretariado de Migraciones y Sindicato Unitario. 

En el capítulo 3 artículo 3.3 de la actualización del 30 de enero de 2015 del Real Decreto 1690/1986 se establece que “en el Padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino del municipio y de la misma manera que la inscripción padronal es completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda, lo es también de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio. En consecuencia, las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas etc.) e incluso ausencia total de techo pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón”.

Por tanto, y como marca la ley, el empadronamiento es un derecho y un deber de todos los ciudadanos que viven en los municipios del estado español, sean o no de nacionalidad española. El empadronamiento ofrece, por una parte, el acceso a servicios básicos como educación y sanidad y, por otra parte representa el primer documento que necesitan las personas migrantes para conseguir el certificado de arraigo y el permiso de trabajo y residencia. La negativa de los ayuntamientos, incluso a recoger la solicitud lleva a las personas migrantes a caer en manos de las mafias para empadronarse en domicilios ficticios pagando por ello una cantidad que oscila entre los 300 y 1.500 euros según cuentan las trabajadoras migrantes. 

Hasta la fecha, entre los municipios de Moguer, Lucena del Puerto y Palos de la Frontera, donde malviven cientos de personas migrantes en chabolas, solo hay dos personas empadronadas en sus infraviviendas con la ayuda de las asociaciones, aseguran estos colectivos, que consideran que la violación de este derecho es una clara discriminación y un ejercicio de violencia y racismo institucional por parte de las administraciones locales que lo practican.