'derecho universal'
UGT denuncia que la exclusión de los inmigrantes irregulares de la Salud Pública 'es un riesgo social' para Huelva
13.49 h. El secretario general de UGT Huelva, Jorge Puente, ha denunciado que el nuevo Decreto Ley aprobado por el Gobierno donde se excluyen a los extranjeros en situación irregular de la sanidad pública 'es un atentado contra la constitución y contra el Estado de Derecho', cuya situación se agravará en Huelva por ser una de las principales provincias con mayor acogida de inmigrantes donde la mayoría de ellos trabajan en el sector agrícola.
Así lo ha denunciado el secretario general de UGT Huelva Jorge Puente, que advierte de la inconstitucionalidad de la norma que afectará al derecho a la protección de la salud de todos los onubenses y a la salud pública del conjunto de la población. En este sentido Puente advierte que la nueva norma populista, xenófoba, demagoga e injusta traerá consecuencias graves para la provincia y, con ello, un gran riesgo social. La negación a reconocerles este derecho traerá un mayor colapso de las urgencias y un abandono de la atención dedicada a enfermedades de importancia, teniendo en cuenta que existe un gran número de inmigrantes en situación irregular que malviven en asentamientos chavolistas. Puente recuerda que la atención sanitaria no se financia a cargo de la Seguridad Social, sino de los presupuestos Generales del Estado a través de los impuestos. En este sentido, asegura que el derecho a la Salud Pública garantiza la dignidad humana de todas las personas y que es un derecho universal que no permite discriminación donde todos los Estados deben respetarlo, protegerlo, garantizarlo y promoverlo.Si una persona extranjera en situación irregular cae gravemente enferma, el Estado está obligado a velar por su salud porque depende de su jurisdicción, y no podrá expulsarlo a un Estado donde no le presten la oportuna atención médico sanitaria porque sería un trato inhumano y prohibido por la Convención Europea de los Derechos Humanos y un atentado contra el derecho a la vida. El líder sindical ha criticado el catálogo que está elaborando el Gobierno de España en el que se establece el precio que hay que pagar según la prueba sanitaria que el enfermo o enferma se realice porque, según él, únicamente las personas con recursos podrá hacer frente a los gastos. Por lo tanto, habrá una sanidad clasista, donde la gente con recursos podrá disfrutar de una sanidad de elite y la gente más humilde únicamente contará con una sanidad benéfica.
