La comunidad educativa reclama políticas claras y un plan de centros

La comunidad educativa considera necesario que la administración autonómica ponga encima de la mesa políticas claras y definidas sobre los centros específicos de educación especial en Andalucía para garantizar su mantenimiento con unos estándares mínimos de calidad y un plan de ordenación de los mismos.Esta es una de las conclusiones de las jornadas sobre estos centros específicos de Educación Especial que ha organizado el Defensor del Menor en Huelva, en las que se ha partido de la base de que la integración e inclusión del alumnado con discapacidad en los centros ordinarios es una proclama contenida en las leyes educativas y toda la comunidad educativa debe trabajar en este sentido.En Andalucía existen 59 centros específicos de Educación especial que escolariza a una población aproximada de 3.500 alumnos, la mayoría afectados por plurideficiencias o discapacidad intelectual moderada y grave.La comunidad educativa denuncia la ausencia de una normativa concreta de aplicación a estos colegios que contemple sus necesidades y particularidades, obstaculizando el desarrollo de su actividad al tener que adaptarse forzosamente a unas normas que difícilmente encajan con su realidad.Por ello, entienden que es inaplazable que con la mayor brevedad, y fruto del consenso y el diálogo de todos los integrantes de la comunidad educativa, se elabore un Plan de ordenación de los centros específicos de educación especial andaluces.Un plan que debe insistir en la actualización de la red de centros; elaboración de una normativa específica sobre infraestructuras o normas de funcionamiento y organización; nuevas ratios acorde con el nuevo perfil del alumnado; o la implantación generalizada de las Tecnologías de la información y la comunicación en todos los centros con independencia de su titularidad.Consecuencia de la puesta en práctica de este Plan será la revisión de las partidas presupuestarias de los conciertos educativos para su adaptación a las medidas que se adopten.También reclaman que la administración educativa lidere el establecimiento de medidas de coordinación con otras administraciones, especialmente, la sanitaria y social que sienten unas bases sólidas con la que afrontar de la búsqueda de soluciones eficaces que beneficien al alumnado, siempre contando con el apoyo y colaboración de las familias.Asimismo esta actividad debe ir dirigida a potenciar los procesos de escolarización combinada, dictando unas directrices sobre las competencias y obligaciones de los centros (ordinarios y específicos).