Abogados, jueces y fiscales rechazan las reformas del Gobierno y 'claman por una Justicia de calidad'

El objetivo de esta concentración, que se ha repetido en las ocho provincias andaluzas, era para mostrar el desacuerdo con las reformas iniciadas por el Gobierno en materia judicial y para defender una Justicia de calidad, una aspiración que, en opinión de este colectivo, se ve limitada por los proyectos legales emprendidos por el Ministerio de Justicia.

Desde el Colegio de Abogados se reitera el rechazo a la Ley publicada por el Gobierno de la nación, injustificada e injustificable, como lo demuestra los esfuerzos que deben realizar desde el Ministerio con tal fin.

Para el Colegio de Abogados, señalar que mediante las tasas se logrará reducir la litigiosidad y así suprimir el atasco judicial es del todo gratuito. Supone hacer recaer toda la responsabilidad de la situación de la justicia en el ciudadano, olvidando la falta de interés mostrado en solucionar dicho problema, que se manifiesta en el abandono y lamentable situación en que se encuentran las sedes de muchos juzgados, la ausencia absoluta demedios personales y materiales y la ausencia de voluntad en afrontar las reformas e inversiones necesarias.

En Huelva, al igual que en el resto de Andalucía, se ha procedido a la lectura de un manifiesto que, a nivel nacional, han suscrito la Unión Progresista de Fiscales, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia, el Foro Judicial Independiente y la Asociación de Fiscales.

Este manifiesto resume en diez puntos las reivindicaciones de jueces y fiscales. En concreto, los firmantes de dicho documento exigen la retirada inmediata del proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al entender que perjudica la calidad de la Justicia, así como el mantenimiento de las actuales estructura, competencias y autonomía presupuestaria del Consejo del Poder Judicial (CGPJ).

Además, piden un aumento del número de jueces y fiscales hasta alcanzar los parámetros de la media europea, una Justicia impartida exclusivamente por jueces y fiscales profesionales, la determinación definitiva de la carga de trabajo por el CGPJ y la Fiscalía General del Estado, y una eficacia y optimización de recursos.

Junto a todo ello, claman por la adopción de medidas para paliar el abandono y la lamentable situación en que se encuentran los juzgados y las fiscalías, la regulación de un Estatuto Judicial y Fiscal acorde con la especialidad de la función que desempeñan los jueces como poder del Estado y los fiscales, y unas tasas judiciales moderadas.

La Justicia no puede ser vista como un problema, concluyen los firmantes del manifiesto, que, por ello, abogan por una Justicia ágil, centrada en las personas, la tutela judicial efectiva de los derechos de los ciudadanos, favorecedora de la seguridad jurídica y la reactivación económica.